Las cárceles en México se han vuelto un infierno para lo reclusos, donde la violación a los derechos humanos está lente, en lugar de ser un centro de readaptación social que ofrece una segunda oportunidad a los criminales.
Así lo muestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dicho informe abarca los penales estatales, federales, municipales y militares, hace un diagnóstico sobre la integridad personal del interno, la estancia digna del mismo, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social y la atención a requerimientos específicos.
Sin embargo, la mayoría de los penales visitados por la CNDH tienen un diagnóstico reprobado.
En los Centros de Readaptación Social (Cereso), los cuales se refiere a los de ámbito estatal, sólo en dos entidades su evaluación fue buena, en el resto fue deficiente o mala.
Guanajuato y Querétaro fueron las entidades mejor evaluadas con calificación de 8.19 y 8.13 respectivamente.
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En contraste, las peores calificadas fueron las de Sinaloa, con 5.64; Tabasco, con 5.59; Zacatecas, con 5.52, Baja California Sur, con 5.09; Quintana Roo, con 5.03; Nuevo León, con 5.02; Hidalgo, con 4.80; Tamaulipas, con 4.71; Guerrero, con 4.22; y Nayarit, con 4.15.
El resto de las entidades tiene un promedio que oscila entre el 7.9 y 6.0 de calificación, según la CNDH.
De los 274 Ceresos que hay en país, la CNDH visitó 131, es decir el 47.81%, donde había recluidos 161 mil 855 personas, lo que corresponde al 84.75% del total de la población recluida en centros estatales.
Más de la mitad de las cárceles sufren de autogobierno, uno de cada tres tiene sobre población, casi la mitad vive en hacinamiento y en la mitad hay reos con privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas.
Sin mencionar que cinco de cada diez prisiones hay deficiencias en salud, ya sea por material medicinal o personal médico.
Además de reportar carencias en la elaboración, calidad y distribución de alimentos, estos no contemplan las dietas especiales para los enfermos que así lo requieren.
Sobre los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), la situación mejora pero no del todo.
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La CNDH fue a los 20 penales federales que hay en el país otorgándole buena calificación sólo a tres cárceles: “Aserradero”, “Bugambilas" y “Morelos” pertenecientes a las Islas Marías, con 8.66, 8.47 y 8.41 respectivamente.
El resto de los penales federales tiene una calificación que oscila entre el 7.9 y el 6.0.
De acuerdo con la CNDH, en 16 de las 20 cárceles hay insuficiencia de personal, particularmente de salud dejado así desprotegidos a los presos en este rubro.
Asimismo, en 14 cárceles hay carencia de actividades laborales y de capacitación, mientras que en seis no hay trabajos educativos, estos rubros esenciales para la reinserción social de los reos.
En 11 Ceferesos se observaron deficiencias en la atención a personas adultas mayores.
A diferencia de los penales estatales, en los federales el autogobierno es prácticamente nulo.
Las cárceles municipales fueron las que peor calificación recibieron, ninguna “aprobó”, pues recibió calificaciones menores de seis.
La CNDH visitó 44 de las 84 cárceles municipales, donde hay recluidos 2 mil 529 internos, es decir el 75.08% del total de los presos en cárceles locales.
Estas 44 cárceles corresponden a siete estados, todos reprobados: Quintana Roo con 5.58, Puebla, con 5.51, Nuevo León con 4.24, Chiapas con 3.89, Jalisco con 3.54, Hidalgo con 2.90 y Nayarit con 2.61.
Las principales deficiencias de las cárceles municipales son la falta de agua y alimentos, servicios de higiene, así como de salud.
También carecen de actividades laborales y de capacitación para el trabajo en los internos, así como la prácticamente nula aplicación de programas para la prevención de adicciones e invidentes violentos.
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Sólo tres cárceles militares fueron inspeccionadas por la CNDH, ubicadas en la Ciudad de México, Sinaloa y Jalisco, todas con calificación superior al ocho.
La principal problemática de los penales militares es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Mantienen condiciones adecuadas para su funcionamiento, no tienen sobre población, registran buenas condiciones de higiene, así como programas para la prevención y atención de incidentes violentos, la adecuada alimentación y servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad.
