Este jueves, víctimas de violaciones a los derechos humanos en 2006, en el municipio de San Salvador Atenco expusieron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En La Silla Rota te explicamos qué sucedió ese 4 de mayo, quiénes son las víctimas, quiénes estuvieron involucrados y qué repercusiones traería al Estado mexicano si la CIDH se pronuncia al respecto.
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Los antecedentes de esto hechos remontan al 22 de octubre del 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto, por lo que expropiarían predios en el municipio de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán.
Esto ocasionó un descontento entre los pobladores y ejidatarios, por lo que formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quienes organizaron marchas y manifestaciones.
El presidente dio su brazo a torcer y canceló el proyecto en 2002. Sin embargo, la movilización y el movimiento continuó con más causas sociales.
Años más tarde, el 3 de mayo del 2006, elementos de la policía desalojaron a comerciantes de flores en el mercado de Texcoco, por lo que pobladores y afectados, miembros del FPDT decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería.
Ese día el conflicto subió de tono. Los pobladores utilizaron machetes para repeler a la policía y los elementos ingresaron a casas particulares para buscar a los implicados. Ahí detuvieron a decenas de personas.
En respuesta, los comerciantes y miembros del PDFT tomaron de rehenes a 5 policías estatales, cinco municipales y dos ministeriales.
Al día siguiente, alrededor de las 6:00 de la mañana del 4 de mayo, en este municipio del Estado de México (gobernado en ese entonces por Enrique Peña Nieto), inició un fuerte operativo con alrededor de mil 815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 700 de la Policía Federal Preventiva.
Los elementos de seguridad rompieron con el bloqueo carretero y desalojaron a los pobladores de San Salvador Atenco. Derivado de este operativo se detuvieron a 200 personas, entre ellos 10 menores de edad y 26 mujeres; durante el enfrentamiento murieron dos personas.
Las mujeres, fueron vejadas y abusadas sexualmente mientras eran trasladadas al penal de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez.
Tras estos hechos organizaciones civiles y activistas se pronunciaron en contra del actuar de las autoridades y el uso de la fuerza policial.
No se callaron y pidieron ayuda internacional
Por su parte, alrededor de once mujeres denunciaron los abusos sexuales, los cuales fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual afirmó que en los operativos de San Salvador Atenco hubo: detención arbitraria, trato cruel e inhumano, allanamiento de morada, retención ilegal, tortura, abusos sexuales y violación al derecho a la vida.
Ellas son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Las mujeres víctimas no se quedaron ahí. Llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió la queja en 2015 y dictó algunas recomendaciones al Estado Mexicano.
Sin embargo, la autoridad en México no acató dichas recomendaciones, por lo que el caso llegó ahora a la CIDH, donde declararon de manera oral cinco mujeres víctimas de violación en los hechos ocurridos el 4 de mayo del 2006.
Las decisiones que tome la CIDH obligan a todos los niveles de gobierno a reparar el daño de victimas que sufrieron violaciones a derechos humanos. México las tiene que acatar, ya que forma parte de los acuerdos internacionales de derechos humanos.
ams