La planeación es un elemento que, por soberbia, no se le da a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Allí estaba el candidato ganador y luego presidente electo tomando decisiones como si ya gobernara. Pero de planear, nada; a pesar de los 12 años que pasó en campaña para la presidencia de la República.
Nada de analizar el alcance de los ingresos proyectados, ni del Presupuesto de Egresos de la Federación, que la Cámara de Diputados —de mayoría morenista— aprobó para el ejercicio fiscal 2019, por lo que debería contener parámetros claros de la ejecución del gasto en el primer año de la administración federal.
Se entiende que en el camino pueden surgir factores que alteren lo planeado, como es el caso de las variaciones en el precio del petróleo. Para ello la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla las llamadas “adecuaciones presupuestarias”, que son, básicamente, las ampliaciones o reducciones que pueden sufrir los dineros destinados a tal o cual dependencia o programa.
Pero estaban además los llamados «libros blancos» que contienen la narrativa histórica de lo que se hizo durante la administración saliente y, muy importante, la lista de asuntos pendientes o en trámite que deben atenderse en tiempos específicos.
En ellos se señala, por ejemplo, cómo fueron los procedimientos para la adquisición de medicamentos, cuándo debe iniciarse determinada compra y cómo calcular las cantidades. Especifican también cuál es el camino para la revisión de contenidos de los libros de texto gratuitos; cuándo y cómo deben realizarse los procesos de licitación, a efecto de respetar la ruta crítica para su edición y distribución.
También existen los Lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, publicados el 6 de diciembre de 2018, firmados por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en su carácter de secretaria de la Función Pública y que contienen pequeñas modificaciones en relación a los publicados en julio de 2017.
El artículo 17 de dichos lineamientos hace referencia a la celebración de reuniones conjuntas, entre la administración saliente y el equipo de asesores del presidente electo, para conocer la situación de las dependencias. Precisa que dichas reuniones deben ser registradas en el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas de Función Pública.
No se entiende entonces, que el presidente López Obrador utilice el argumento de la “urgencia” para validar los 51 contratos que su gobierno firmó con el Corporativo Kosmos —empresa acusada de monopolio y de entregar alimentos en descomposición—, de los cuales 75% fueron asignaciones directas, según investigación de Animal Político o que de los 30 contratos firmados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), por 811 millones de pesos, el 87 por ciento se realizaran por asignación directa.
Menos se entiende que dos empresas acusadas penalmente en 1999 por vender libros a sobreprecio, hayan sido beneficiadas con asignaciones directas por 734 millones de pesos. Ni el olvido criminal relativo a la adquisición de insecticida para prevenir el dengue.
¿Para qué sirven entonces los órganos internos de control? ¿Por qué la Secretaría de la Función Pública valida acríticamente estos procedimientos? La corrupción también es un distintivo de la nueva administración, que usa el pretexto de la “prisa” para utilizar el mecanismo de asignaciones directas, que López Obrador tanto cuestionó como candidato.