Un día yo llegué a mi área de trabajo y mi jefe inmediato me comentó que tenía que buscar a 10 personas de nuestro departamento para ir a hacer una votación en Quintana Roo. Nos ofrecieron hotel, comida y un pago de tres mil pesos. No sabía que cometía un delito…”
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Este es uno de los testimonios de las personas implicadas en la operación de turismo electoral por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2013 para el estado de Quintana Roo.
Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar al PRI con 323 mil 700 pesos por el delito de turismo electoral: mover a ciudadanos a otro lugar para votar con credenciales duplicadas.
Además, multó a los principales operadores, Juana Margarita y Miguel Arcángel con 3 mil 238 y 32 mil pesos, respectivamente. A otros 467 ciudadanos que formaron parte de esta operación los amonestarán públicamente.
Es la primera ocasión en la que el INE sanciona a un partido político por el delito de turismo electoral. Sin embargo, la sentencia se da casi cinco años después de los hechos.
Durante ese año, en 2013, se llevaron a cabo elecciones en Quintana Roo. Empleados del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán y personas humildes fueron trasladados en camión a Playa del Carmen, Quintana Roo, donde les proporcionaron credenciales de elector con residencia en ese distrito, con el fin de que emitieran su voto a favor del PRI.
Les ofrecieron transporte, hospedaje, alimentación y 3 mil pesos. Así lo documentaron distintos medios de comunicación, entre ellos Televisa.
Se jugaba en ese proceso electoral la renovación de las alcaldías en diez municipios, y los resultados fueron contundentes: todos los ganó el PRI.
En siete municipios ganó el candidato del tricolor y en los otros tres eran los abanderados de la coalición PRI, PVEM y PANAL.
Allá (en Quintana Roo) nos juntamos con tres camiones más y nos llevaron a un lugar, a un salón de fiestas y nos daban la documentación ellos mismos. Lo que a mí me sorprendió fue que hasta mi misma acta de nacimiento ellos ya la tenían y en las mesas estaban unos señores del IFE con sus playeras y estaban repartiendo, llenando datos, llenando el papeleo y nos decían: quédense todos acá y poco a poco los vamos a trasladar al IFE; y entonces nos llevaban de a 15”, continuó en su relato el testimonio recabado por Televisa.
Después de que un activista social documentara con fotografías la operación, tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron la denuncia ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Además de empleados del ayuntamiento de Valladolid, municipio que era gobernado por el PRI, se involucró en el turismo electoral a personas de escasos recursos, como el caso de una mujer de nombre María que padecía de parálisis facial y sólo tenía estudios de primaria. Sólo le ofrecieron mil pesos.
El medio de comunicación Noticaribe también documentó la operación.
Publicó una decena de fotografías donde se pueden ver los camiones de supuestos turistas y a empleados del ayuntamiento de Valladolid, en Yucatán.
“Los operadores locales son: Narces Fernando Mendoza Ambriz, síndico de Valladolid; Francisco Torres Rivas, diputado local del PRI; Leandro Espinosa Romero, representante del PRI ante el IFE, y Mauro Rodrigo Valencia Arana, colaborador del gobernador Rolando Zapata Bello, quien opera en Cancún”, declaro en junio del 2013 a Noticaribe el senador panista por Yucatán, Daniel Ávila Ruiz.
En entrevista con diversos medios de comunicación, el alcalde de Valladolid, Roger David Alcocer afirmó que no se pagó a yucatecos para que votaran en Quintana Roo, e instó a las autoridades a investigar.