Los desafíos y costos que conllevaría la migración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a Aguascalientes, como lo analiza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, podrían encontrar un referente en el proceso que hace 26 años se dio con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este fin de semana, luego de que así lo adelantó el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco, López Obrador confirmó que se analiza trasladar el Conacyt a la citada entidad y ya no a Baja California Sur como originalmente se había considerado.
Es precisamente en Aguascalientes donde se tiene la experiencia del primer traslado de un ente público, cuando en 1992 se determinó mudar al INEGI en un proceso que se calcula habría costado 2 mil millones de pesos, además de un periodo de cuatro años para concretarlo.
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Pero ¿Cómo fue el esquema de transición? LA SILLA ROTA te presenta todos los detalles:
Planeación. Estudios sociales y de impacto financiero
Como consecuencia del sismo de 1985 y de las afectaciones a las instalaciones de las oficinas centrales de INEGI, se tomó la decisión de reubicarlas a la ciudad de Aguascalientes, con la intención de que éste fuera un cambio permanente.
Los criterios para esta elección incorporaron las necesidades de la institución, así como indicadores económicos y sociodemográficos, a partir de los cuales se determinó que esta ciudad era la opción más adecuada.
Asimismo, al proceso de mudanza antecedió un análisis sobre las implicaciones financieras que tendría este proceso (gasto corriente e inversión), las cuales incluían apoyar la infraestructura urbana local, construcción de vivienda, apoyo para traslado y arrendamiento de inmuebles.
Consulta a trabajadores
Para la implementación de este cambio, se llevó a cabo una encuesta entre los trabajadores para conocer su disponibilidad para cambiar de residencia, así como para obtener información sobre la composición de sus hogares.
Se realizaron distintas acciones de planeación para la ejecución de esta decisión, incluyendo la firma del convenio entre el gobierno del estado, el gobierno federal e INEGI, en donde se establecían los compromisos que cada parte asumiría para llevar a cabo esta reubicación.
Coordinación y comunicación institucional
Este proceso requirió de coordinación intergubernamental e interinstitucional. Implicó desde la conformación de unidades enfocadas en la ejecución del proceso hasta la caracterización de los hogares de los trabajadores a quienes se quería reubicar.
Se mantuvo comunicación constante con representantes sindicales. Y se tomaron medidas como el establecimiento de mecanismos de negociación y de atención de demandas; caracterización de la población trabajadora y sus familias; y garantía de respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Programa de vivienda
Se ejecutó un plan de construcción de 2 mil viviendas en fraccionamientos asignados por el gobierno estatal.
Se determinaron como fuentes de financiamiento: Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y banca de primer nivel.
Respeto a los derechos laborales
Otro aspecto se relacionó con la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Se valoró la pertinencia, y el costo, que tendrían los casos de aquellos trabajadores que no deseaban reubicarse.
Se concedieron liquidaciones extraordinarias a quienes rechazaron trasladarse. Hubo empleados que optaron por ser liquidados con un bono extra dependiendo de su antigüedad, además de cinco meses de salario extraordinario.
JGM