Toluca.- En su primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 50 millones 330 mil 600 de pesos a través del programa de asistencia social Prospera.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Dejaron de reportar 7 dependencias 3 mil 82 mdp a la Federación
La revisión comprendió la verificación de los recursos del Prospera Programa de Inclusión Social, en componente Salud aportados por la Federación durante 2017 al Estado de México por 389 millones 460 mil 400 pesos. La muestra examinada fue de 238 millones 985 mil 900 pesos, monto que representó el 61.4% de los recursos transferidos.
El órgano de fiscalización desglosa que se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 46 millones 744 mil 152 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, “por no presentar evidencia de la distribución, actas de entrega recepción y resguardo de los centros de atención a las familias PROSPERA de los bienes relacionados con los contratos de adquisiciones número C-REPSSEIR-RE-007-17,C-REPSSE-008-17 y C-REPSSE-010-17 para verificar que fueron destinados a los fines específicos del programa” refiere el documento.
Además, al Gobierno del Estado de México se le solicitó aclarar y proporcionar la documentación adicional que justifique y compruebe la aplicación de 29 millones 042 mil 112 pesos, por concepto de Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado, correspondientes al programa Prospera, los cuales debió haber comprobado el pasado mes de abril.
De esa cifra, 19 millones 603 mil 525 pesos corresponden a los recursos ministrados y 9 millones 438 mil 586 pesos a los rendimientos financieros.
El Gobierno del Estado de México tenía que demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos en los objetivos del programa a más tardar el 30 de abril de 2018, fecha límite para ejercer los recursos o, en caso contrario, realizar el reintegro más los rendimientos generados a la Tesorería de la Federación.
Es así, que la ASF determinó que en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, y generó un probable a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50 millones 330 mil 600 de pesos, el cual representa el 21.1% de la muestra auditada.
Asimismo, registró incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad federativa no acreditó haber informado el tercero y cuarto trimestres del reporte Avance Financiero, ni ningún trimestre del reporte Gestión de Proyectos.
El gobierno del estado de México tampoco presentó evidencia de haber publicado en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de estos dos reportes, lo cual limitó al gobierno estatal conocer sus debilidades y áreas de mejora.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
JAMP