Este jueves la Cámara de Diputados prevé abordar el tema de la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por cualquier entidad pública y privada, cuyo trabajo prácticamente ha quedado en el limbo, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) desestima las denuncias penales, las tiene "en integración", lo que significa que las investigaciones están abiertas, pero no han sido consignadas ante un juez; o las mantiene en reserva, es decir, las mandó al archivo en espera de nuevos elementos.
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A pesar de haber revelado casos sobre desvíos de recursos en dependencias gubernamentales, estados, municipios, universidades y fideicomisos, que derivaron en denuncias penales ante la PGR, el Ministerio Público Federal ha desestimado los esfuerzos del órgano auditor, dejando el 99.4% de los asuntos en la impunidad.
De acuerdo con informes del órgano auditor, consultados por La Silla Rota, desde su creación en 1999 a febrero de este año, la ASF presentó 918 denuncias ante la Procuraduría General de la República por diversas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. De ellas, 873 se presentaron al 30 de noviembre de 2017, y sólo seis terminaron en sentencia.
Del total de denuncias acumuladas en la PGR, el 95.6% (878) se presentó del 2010 a la fecha, durante la administración del auditor Juan Manuel Portal, quien concluyó su encargo a finales del año pasado.
PGR no ejerció acción penal
A lo largo de 18 años, la PGR dejó sin ejercicio de la acción penal 56 denuncias presentadas formalmente por el órgano auditor, lo que significa que consideró que no había elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de los indiciados.
En su mayoría, las denuncias fueron en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con 16 quejas acumuladas.
En segundo lugar, se enlista el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en donde las auditorías de la ASF resultaron en la presentación de cinco denuncias.
También se enlistan irregularidades detectadas en gobiernos estatales. Tal es el caso de Chihuahua, cuyo gobierno, encabezado por César Duarte Jáquez, fue denunciado dos veces por la ASF en septiembre de 2015. Además, se incluye en este apartado denuncias contra los gobiernos de Guanajuato, Baja California Sur, Zacatecas y Jalisco, que se formalizaron entre 2014 y 2015.
Otras quejas fueron congeladas
De acuerdo con los informes de la ASF, que ha dado seguimiento a sus denuncias, 629 se encuentran “en integración”, lo que significa que se abrieron carpetas de investigación que no están cerradas pero que tampoco han sido consignadas.
Adicionalmente, se tiene 147 en categoría de “reserva”. Es decir, se enviaron al archivo para esperar nuevos elementos que permitan continuar con el trámite correspondiente.
Otras 31 averiguaciones también están pendientes, aunque en otra categoría pues aunque el Ministerio Público de la Federación intentó consignarlas los jueces, no han dictado sentencia por considerar que deben ser revisadas o complementadas.
Las seis sentencias dictadas
De las casi mil quejas presentadas formalmente por el órgano auditor, el poder judicial sólo ha dictado sentencia en seis de los casos.
Aunque el informe consultado por La Silla Rota no da cuenta sobre el detalle de las resoluciones ni contiene información sobre los imputados, sí da a conocer las dependencias involucradas.
Tres de las sentencias fueron en contra de ex funcionarios de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, denunciados por la ASF dos veces en 2011 y una en 2013, último año de su existencia con ese nombre, por irregularidades en las Cuentas Púbicas de 2009, 2010 y 2011.
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