Xalapa, Ver.- Arturo Bermúdez Zurita, el segundo hombre con más poder en el sexenio duartista, se ha convertido en la principal fuente de información de la Fiscalía General del Estado, para fundamentar los casos de corrupción y desaparición forzada que tiene en el penal de Pacho Viejo a por lo menos a cinco exfuncioanrios, 40 expolicías y altos mandos de la FGE, entre ellos el extitular Luis Ángel Bravo Contreras. A Javier Duarte también se le abrió una nueva investigación.
En el último año, Bermúdez ha sido el testigo recurrente de la administración estatal, y a cambio, ha pactado la entrega de bienes muebles -que presuntamente compró con recursos públicos- que estaban a su nombre o a nombre de familiares cercanos, tal es el caso de su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández.
Y aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró el pasado 3 de mayo que no hay un pacto de impunidad, reconoció la posibilidad de suspender alguna investigación en su contra. A los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que motivaron su detención se le agregó el de desaparición forzada.
"No hay convenio de impunidad, hay procedimientos que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en caso de que se repare el daño o en el caso de que se determine devolver el bien, se pudiera suspender alguna carpeta de investigación”, afirmó en conferencia de prensa.
Desde 2016, previo a su toma de protesta, el entonces gobernador electo denunció la existencia de empresas fantasma ligadas al funcionario público, que cobraban facturas millonarias a Sefiplan, a pesar de no brindar ningún servicio público.
Cuando la campaña contra el funcionario estatal se replicó en todos los medios de comunicación y todas las voces exigían su renuncia, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, salió a su defensa y aseguró que el encargado de la seguridad en la entidad no dejaría el cargo.
“Si se va Bermúdez me voy con él”, dijo entonces el exgobernador al que más tarde, Bermúdez delató detallando propiedades en favor de la familia del exmandatario, así como reuniones con su círculo de cómplices y las indicaciones a empleados estatales para desviar recursos públicos en favor de empresas fantasma y particulares.
Descubren las casas de Bermúdez en Texas
En agosto del 2016, una investigación periodística de Aristegui Noticias, puso en evidencia que Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, y su esposa eran propietarios de cinco residencias en el complejo The Woodlands, en el estado de Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares.
Las propiedades comenzaron a ser adquiridas entre agosto de 2012, un año después de que Bermúdez Zurita fue nombrado jefe policiaco.
Un día después del escándalo a nivel nacional el funcionario público presentó la renuncia al cargo, a solo tres meses de concluir el periodo de Javier Duarte, a quien más tarde delató al afirmar que estaba enterado de las desapariciones forzadas que se ejecutaron en su sexenio, a través del grupo de fuerza especial, que era comandado por el propio Bermúdez Zurita.
Las otras propiedades que se conocieron tras proceso por desaparición forzada, inicia la entrega de bienes
A inicios del mes de junio, el funcionario entregó el rancho La Cartuja. En marzo de este año Yunes Linares confirmó la ubicación del predio localizado en el municipio de Naolinco -a 30 kilómetros de Xalapa- donde fueron resguardados animales exóticos, vehículos, contenedores con marihuana y tres armas cuyos calibres son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El 1 de junio, el gobernador anunció la recuperación de un terreno en Xalapa, en la zona comercial de Las Araucarias, con superficie de 477 metros, adquirido en septiembre del año 2011, con un valor superior a los 4 millones de pesos.
También se dio la donación de un inmueble de la Torre Alfa, en favor del Gobierno del Estado, ubicado en la avenida Valentín Gómez Farías, esquina Virgilio Uribe, a unos cuantos pasos del bulevar Manuel Ávila Camacho, con un valor superior a los 18 millones de pesos. Ambos predios, se presume, fueron entregados por el exfuncionario estatal.
A raíz de las declaraciones de Arturo Bermúdez a la Fiscalía, al menos 40 personas, entre ellos jefes policiacos y los elementos del grupo los Fieles, fueron vinculados a proceso y están recluidos en el penal de Pacho Viejo, el último en ingresar al penal fue el exfiscal Luis Ángel Bravo.
Yunes asegura que las casas en The Woodlands eran de Duarte
El pasado 22 de junio, Yunes Linares viajó a los Estados Unidos junto con el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, para presumir la recuperación de una casa que, según dijo, era propiedad de Javier Duarte de Ochoa. Anunció que la vivienda sería puesta a la venta y que el dinero recuperado se ejercería en obras de salud.
“Muy probablemente lo que obtengamos de aquí lo destinemos a terminar el hospital de Nautla, el hospital de Perote, o a construir una clínica en la zona más popular de la ciudad de Veracruz”, ofreció en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Sin embargo, una investigación de Imagen Noticias, publicada este viernes 22 de junio, evidenció que la propiedad no es del Gobierno de Veracruz, pues aún está en litigio y está a nombre de Sofía Mendoza, esposa de Arturo Bermúdez, que desde hace un año cuatro meses permanece en el penal de Pacho Viejo.
Colectivos exigen datos para dar con sus desaparecidos
Desde que se reveló la forma en como operaban funcionarios públicos, responsables de la desaparición forzada de decenas de jóvenes, mujeres y hombres, los Colectivos de Búsqueda del estado denunciaron que desde hace un año no se realizan diligencias para dar con el paradero de sus hijos.
La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Anais Palacios, consideró que la Fiscalía General del Estado se ha concentrado en descubrir la red criminal, y ha descuidado las investigaciones para dar con el paradero de quienes se reportan como no localizados.
A la fecha existe resentimiento y rechazo a la falta de justicia por la desaparición forzada y cometida por particulares, y persiste la exigencia dirigida la Fiscalía para que haya justicia.
“Pero lo que más preocupa es que aun con tantos mandos de la policía (en la cárcel), no se ha aportado información (…) ellos se identifican como los ejecutores de las desapariciones o quienes los ordenaron, y más allá de que las familias pidan cadena perpetua, lo que se requiere es saber cuál fue la suerte y el destino de los desaparecidos”.
Los jueces y la Fiscalía tienen algunas herramientas para negociar con quienes aportan información, pero lo que más importa, es dar con el paradero de las personas no localizadas, ya sea con vida o en el estado en el que se encuentren.
La activista consideró que la Fiscalía ha seleccionado los casos que le implican un golpe mediático, cuando lo relevante sería dar prioridad a la investigación y localización de los más de tres mil jóvenes, hombres y mujeres reportados como no localizados.
“Apuestan por cacarear el huevo, pero queremos -los que estamos de este lado- que se traduzca con la localización, (…) queremos justicia”, exigió.
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