Ciudad de México (La Silla Rota).- Policías municipales del municipio de Apodaca, Nuevo León, fueron exhibidos en un video arrastrando a un joven detenido esposado a una patrulla.
El hecho ocurre mientras un grupo de mujeres, entre las que se encuentra la que videograba el abuso, piden a los uniformados que detengan la camioneta para que el detenido no caiga de la caja.
La patrulla que, según se observa en la imagen, es la 089, finalmente se detiene. En la parte trasera de la unidad hay otro detenido, que observa el reclamo de las mujeres que, airadamente, reclaman a los agentes la acción y los amenazan con denunciarlos ante el gobernador.
"Lo van a ver con el gobernador! No saben con quién se están metiendo", grita una mujer que graba a al menos dos agentes que iban a bordo de la patrulla 089.
Tras resaltar que detuvieron a los sujetos “sin asunto”, la mujer asegura que se encargará de hacer que el gobernador los corra y “refunda en la cárcel”.
La víctima de la agresión policíaca observa la acción sentado en el pavimento, entre los policías que piden a las mujeres que se tranquilicen.
El video termina cuando uno de los policías, vestido de negro, coloca las esposas en una muñeca al hombre sometido.
Caso Marco Antonio
Trascendió que el incidente de Apodaca ocurrió en el mes de diciembre pasado, en el municipio conurbado de Nuevo León, sin embargo, toma relevancia tras darse a conocer el caso de presunto abuso policíaco a Marco Antonio, un joven detenido por policías en la Ciudad de México el 23 de enero pasado, supuestamente porque alguien lo acusó de robar un celular, pero de acuerdo con el relato de su amigo, los uniformados lo golpearon en la cabeza con el casco y lo patearon una vez que lo tenían en el suelo.
Al ser ubicado el 28 de enero, Marco se veía aturdido y con un aspecto físico muy distinto al semblante que tenía antes de la detención, pero aún no se sabe qué pasó durante los días de desaparición.
Marco Antonio fue sometido a estudios para determinar el grado de afectación física que sufrió durante los cinco días en que estuvo desaparecido, pero los resultados a detalle aún no han sido entregados a los padres del joven.
De hecho abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que forma parte de la defensa de la familia, interpondrán un recurso legal para que los padres tengan acceso al expediente clínico del joven, toda vez que los médicos advierten que sólo lo entregarán a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
La investigación, sin avances
La defensa de la familia tuvo acceso al expediente de investigación que llevará Asuntos Internos de la Procuraduría capitalina. Sin embargo, hasta el momento sólo se han integrado las declaraciones de los policías que detuvieron a Marco, quienes insisten en que lo liberaron minutos después de la aprehensión.
Aún no se ha integrado información sobre las bitácoras de los policías, ni la información del GPS de la patrulla en la que llevaron al joven, ni la información de las cámaras de seguridad en la zona aledaña a la estación del Metrobús El Rosario, en Azcapotzalco, para determinar la ruta que siguió la unidad policíaca la tarde del 23 de enero.
Tampoco está la información recabada por la Fiscalía de Tlalnepantla, Estado de México, entidad donde el joven fue encontrado el pasado 28 de enero. Ni siquiera los reportes de los policías mexiquenses que supuestamente lo encontraron deambulando por Tlalnepantla el sábado 27 de enero.
Hasta el momento, sólo hay oficios en los que se hacen solicitudes de información y cuestiones administrativas, pero el ritmo de la investigación es lento.
En la investigación también deberá incluirse la declaración de Marco, pero aún se encuentra hospitalizado y no se ha determinado cuándo podría estar en condiciones de hacerlo.
La tarde de este martes, elementos de la Fiscalía de Coyoacán acudieron al hospital para hacerle una valoración médica, y presionaron a la familia para que declarara, informó la defensa.
De acuerdo con el protocolo, los médicos dan aviso a la fiscalía local cuando un menor de edad es hospitalizado y presenta golpes, por tanto, se abre una investigación de oficio. Pero el menor aún se encuentra aturdido y no podría declarar.
De acuerdo con Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), la “fragmentación” de una investigación puede entorpecer el proceso legal y terminar en “impunidad”. Lo idóneo, insisten, es que todo se concentre en Asuntos Internos de la Procuraduría, que lleva el caso actualmente.
Con información de Proceso