A los estados de Chiapas y a Veracruz los separan 603 kilómetros de distancia, pero los une la pobreza de sus habitantes, al ocupar el primero y sexto lugar entre los estados con mayor marginación en el país. Además de ser, junto con Tlaxcala, las entidades con más casos de trata con fines de explotación sexual. Más allá de eso, ambos estados entregaron bienes públicos y dinero de sus ciudadanos a los equipos de fútbol de primera división mediante comodatos, donaciones y decretos que beneficiaron a que una cúpula se enriqueciera.
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Ambas entidades hicieron esas maniobras en los mismos periodos.
En 2008, cuando la Gaceta Oficial de Veracruz publicó la autorización del Congreso para otorgar 31 millones de pesos al club Tiburones Rojos, el Periódico Oficial de Chiapas, en su número 134, del 29 de diciembre, difundió el decreto mediante el cual se creó el Fideicomiso para el Impulso y Fomento al Deporte en el Estado (Fideporte), mecanismo para rescatar, con dinero público, al equipo Jaguares, que apareció en primera división en el torneo Apertura 2002, así como financiar la creación e infraestructura de las escuelas de futbol del club.
Con base en ese resolutivo, el gobierno de Chiapas, a cargo del perredista Juan Sabines, adquirió 51 por ciento de las acciones de la empresa SHOWMEX, propietaria de los felinos.
Dieciséis meses después, el 17 de abril de 2010, en el número 228 del órgano de difusión oficial, el Poder Ejecutivo informó que se había apoderado del 49 por ciento restante, en operaciones financieras que, de acuerdo con los informes de las cuentas públicas del estado, ascendieron a 187 y 50 millones de pesos; sin embargo, sólo diez días después de la última adquisición se vendió la franquicia a Grupo Salinas, propietario de Tv Azteca, y a Interticket.
El semanario Proceso detectó dos contratos diferentes por la venta del equipo, ambos con fecha del 18 de mayo de 2010, uno por 289 millones de pesos y otro por 154 millones 482 mil 567 pesos, pero no identificó en la cuenta pública 2010 que alguna de las dos cantidades estuviera entre los ingresos de Fideporte –extinto en julio de 2013 por el Congreso local–.
Los cambios de gobierno en Veracruz y Chiapas no acabaron con los apoyos para los equipos: el 3 de junio de 2015 el mandatario Manuel Velasco Coello firmó el decreto mediante el cual el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez desincorporaba de su patrimonio una fracción del predio denominado “La Esperanza y sus Anexos”, con una superficie de 124 mil 999.40 metros cuadrados, ubicado en la Colonia Infonavit Grijalva, donde se encuentran el estadio Víctor Manuel Reyna, un campo de entrenamiento, un estacionamiento, la Unidad Deportiva y el Campo de Béisbol Panchón Contreras, para enajenarlo vía donación a favor del gobierno de la entidad. El inmueble principal, por un comodato, era utilizado por el equipo.
En tanto, Javier Duarte, mediante el oficio 267 del 5 de noviembre de 2013, solicitó a la sexagésima tercera legislatura autorización para otorgar, también en comodato a favor de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, de Fidel Kuri Grajales, el estadio Luis Pirata Fuente y las instalaciones que lo integran, al igual que las del Centro de Alto Rendimiento, y el usufructo del nombre, marca comercial y logotipo de los Tiburones Rojos de Veracruz.
Duarte fue el secretario de Finanzas que no sólo autorizó otorgar apoyo económico a los escualos por 31 millones de pesos con cargo al presupuesto de egresos 2007, sino que también donó, por instrucción de Fidel Herrera, 5 millones más tanto a Rojos del Águila de Veracruz como a Petroleros de Minatitlán, 10 millones a Halcones Rojos, un millón a los Albinegros de Orizatlán y 750 mil pesos a Liga invernal, según la Gaceta Oficial.
La remodelación del estadio y los apoyos de Duarte
El 6 de abril de 2017, en el programa Raza Deportiva de ESPN Deportes, conducido por Rafael Ramos, el periodista Eduardo Solís reveló que el gobierno del estado de Chiapas gastó 35 millones de pesos en la remodelación del Estadio Víctor Manuel Reyna, en 2014.
El informador se basó en el contrato SI-OBRA-2014-265 E para trabajos en el inmueble, otorgado por Manuel Velasco.
Sin embargo, no era la primera inversión pública en el inmueble, el exgobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) reconoció que su administración destinó 50 millones de pesos a la remodelación del coloso.
Pese a la inversión pública en estas franquicias, los equipos no han logrado permanecer en la primera categoría por méritos deportivos.
El Club Deportivo Tiburones Rojos de la primera división A, ahora denominada Ascenso Mx, que el gobierno de Miguel Alemán Velasco (1998-2004) compró en 2 millones de dólares a Tv Azteca el 22 de enero de 1999 –en una operación que incluía al Veracruz Sporting Club de segunda división, cartas de jugadores, marca comercial y derechos de afiliación a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) – regresó al máximo circuito en 2002, pero perdió la categoría en abril de 2008.
El “Tiburón” que lo sustituyó fue la franquicia de Albinegros de Orizaba, que obtuvo el ascenso en el primer semestre de 2013 como Los Reboceros de la Piedad, a la cual Javier Duarte otorgó, mediante un contrato de usufructo, todos los bienes del club: nombre del equipo, marca comercial, logotipo y el estadio Luis Pirata Fuente.
Antes de ello, al Tiburón real, Duarte los subsidió en la división de ascenso con 128 millones de pesos entre 2011 y 2012.
Jaguares de Chiapas, en tanto, fue desafiliado el 8 de junio de 2017 por la Liga MX, la cual hizo efectiva una fianza de 5 millones de dólares para saldar una deuda que el club tenía con su equipo y su cuerpo técnico. Con este resolutivo, aunque los sureños habían descendido en la última jornada, no pudo jugar en el Ascenso MX.
El capital y bienes públicos para equipos de futbol fue entregado en Chiapas por los últimos dos gobernadores, mientras que en Veracruz por tres priístas: Miguel Alemán Velasco –de cuya administración dos funcionarios, además del expresidente de Tiburones Rafael Herrerías y dos personas más fueron encontrados culpables por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de un desfalco a Fideporte y sancionados con mil 372 millones de pesos, en 2006–, Fidel Herrera –quien cedió la franquicia al empresario Mohamed Morales, proveedor de su gobierno– y Javier Duarte.
En los territorios de Chiapas y Veracruz, de acuerdo con la medición 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), habitan 3.96 y 4.6 millones de pobres. En segundo estado, además, fue el octavo más violento en México en 2017, con 9.9 homicidios dolosos, 1.1 secuestros y 3.1 delitos de extorsión por cada mil habitantes, según la asociación Semáforo Delictivo, la cual se basó en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estadios, la herencia de la afición gubernamental
El Víctor Manuel Reyna de Chiapas no es el único estadio cuya remodelación se financió con dinero público. El 17 de octubre de 2014 la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla adjudicó a la empresa Acapro de Hidalgo SA de CV el contrato OP/LPN049/SI20141098, por 488 millones 427 mil 600 pesos, para remodelar y ampliar el estadio Cuauhtémoc.
Las obras incluían trabajos de concreto MR-42 en el estacionamiento, cimentación para estructura metálica de gradas, fachada con sistema ETFE, reemplazo de butacas y remodelación de sanitarios; además, el proveedor debería construir palcos y zonas comerciales en un plazo de 308 días naturales, del 21 de octubre de 2014 al 24 de agosto de 2015.
En la inspección de inversiones físicasGF-1195, parte del informe de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no había documentación justificativa de 2 millones 884 mil 414 pesos que la empresa contratada consideró en la integración de sus costos indirectos, aunque no correspondían a ninguno de los rubros solicitados en el formato número 8 de las bases de licitación.
Además, el órgano fiscalizador evidenció quela Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla no reintegró 215 millones 419 mil 300 pesos, más los intereses generados desde el 1 de enero 2015 con cargo a contingencias económicas de 2014, toda vez que al 31 de diciembre de aquel año no se erogó en su totalidad el monto asignado al proyecto, ni se devolvió a la Tesorería de la Federación el importe no ejercido al cierre del ejercicio presupuestal.
En total, en la remodelación del inmueble, el gobierno del panista Rafael Moreno Valle gastó 730 millones de pesos, que incluyó un contrato por 17 millones para que empresa Laboratorio de Ingeniería constatara que Acapro usó el material correcto.
El estadio Cuauhtémoc, inaugurado el 6 de octubre de 1968, con una capacidad inicial para 35 mil personas, con un aforo actual de 50 mil 73 espectadores, pertenece al estado de Puebla, pero fue concesionado a la sociedad Futbol Soccer, S.A. de C.V. para el uso, explotación y aprovechamiento por diez años, a partir del 14 de julio de 2010.
Los clubes ricos que sangran al erario
No sólo en las entidades con mayor rezago social los equipos de futbol profesional reciben beneficios del patrimonio público, en Nuevo León, Coahuila y Guanajuato, Rayados de Monterrey, Santos Laguna y León han sido favorecidos con exención de impuestos y contratos con administraciones municipales y estatales.
El 22 de diciembre de 2017, el municipio de Guadalupe aprobó condonar 30 millones de pesos de Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos a Rayados, que correspondía a 90 por ciento del monto que debían pagar por los dos últimos años.
Antes de ser eximido de ese pago, el 13 de diciembre de 2012 había firmado un convenio de colaboración con el municipio de Monterrey, a cargo de la panista Margarita Arellanes, para eximir del pago del impuesto de 5 por ciento sobre diversiones y espectáculos públicos al equipo regio, con relación a la venta de abonos para la entrada a los eventos deportivos, así como un subsidio de 60 por ciento en el pago del impuesto que resulte por la venta de boletos a través de sistemas electrónicos.
Por este caso, en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) emitió una Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa y pidió “en lo sucesivo”, debido a que el acuerdo vencía en octubre de 2015, evitar autorizar este tipo de exenciones en el pago de impuestos y apegarse para la determinación y cálculo del cobro a lo establecido en el artículo 31, 31 Bis y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios nuevoleonenses.
Santos Laguna, con sede en Torreón Coahuila y cuyo socio mayoritario es Alejandro Irarragorri, también obtuvo una condonación de impuestos del priista Miguel Riquelme, más 80 millones de pesos a cambio de que los partidos como local se transmitieran hasta 2017 por televisión abierta, reveló el diario Reforma en su edición del 21 de octubre de 2014.
Al igual que ellos, León obtuvo del gobierno municipal un acuerdo para no cubrir en su totalidad con sus obligaciones financieras.
Los verdiblancos, propiedad de Grupo Pachuca, firmaron el 16 de agosto de 2012 un contrato de arrendamiento con el municipio de León para utilizar el estadio Nou Camp (Querétaro y Morelia también utilizan inmuebles prestados por gobiernos).
La novena cláusula de este convenio, consultado por La Silla Rota mediante folios de respuestas a solicitudes de información, especifica que la empresa Fuerza Deportiva del Club León SA de CV, representada por Jesús Martínez Patiño, pagaría al municipio 108 mil pesos mensuales, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, por utilizar el inmueble, y que la cantidad sería actualizada de forma anual, de conformidad con la inflación arrojada por el Banco de México.
Sin embargo, el municipio comprometía, de esa cantidad, aportar mensualmente 95 mil pesos, cada mes, durante 20 torneos cortos a partir del Apertura de 2012; no obstante, el 18 de enero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió la propiedad del coloso a los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González.
Los otrora Panzas Verdes, pese a ello, tendrá nueva casa, y su construcción, entrevieron, tendrá el respaldo del erario.
“El gobernador siempre se ha preocupado por el estado y siempre ha apoyado a la Fiera. Nosotros siempre vamos a apoyar el bien del deporte. Van a tener muy buenas noticias, ya se las dará el gobernador más adelante”, dijo Martínez Patiño, en conferencia de prensa, el pasado 31 de enero, tras una reunión con Miguel Márquez, mandatario guanajuatense.
Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas de esa entidad compró un terreno ubicado en Francisco Villa, con extensión de 12.44 hectáreas, que, indicó, costó 280 millones de pesos, misma cantidad que, según el secretario de Educación Eusebio Vega, equivalió a construir 12 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, que atendían a 30 mil alumnos.
La corrupción detrás del balón, una serie de La Silla Rota, documenta cómo equipos de primera división y de la segunda categoría, denominada Ascenso Mx, obtienen dinero público para beneficio privado.Esta propuesta fue semifinalista de la convocatoria de investigación periodística de Quinto Elemento Laboratorio.