El gobierno federal estima que la población recluida en Centros de Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se incrementará más de 100% durante los siguientes meses, por lo que alistan medidas de seguridad para garantizar la invulnerabilidad de internos y personal administrativo que labora en las 17 prisiones que hay en el país.
Autoridades del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), reconocieron que la reforma al artículo 19 de la Constitución que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, puede incrementar la población de cerca de 18 mil reos (actual) hasta 38 mil (capacidad máxima).
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En entrevista el General Sergio Alberto Martínez Castuera, Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social, reconoció que la población aumentará una vez que entregue en vigor la reforma.
En entrevista con LA SILLA ROTA, Martínez Castuera comentó que los delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo, así como el huachicol, son los que originaran el aumento de la población penitenciara en las prisiones federales.
“Probablemente –los delitos que aumentarán la población- es el de posesión de armas de fuego y municiones de uso exclusivo de la fuerza probablemente o bien el robo de hidrocarburo. Dependido del perfil de cada uno de ellos se determinara hacia dónde podrían ser enviados. Puede ser en diferentes centros federales no específicamente en uno solo”.
PREPARAN MEDIDAS
El pasado 19 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, lo que permite ampliar los delitos que ameritan esa medida.
Hasta antes de la reforma, la Constitución sólo contemplaba la prisión oficiosa en nueve delitos: delincuencia organizada y contra la salud, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, contra la seguridad de la nación, así como contra el libre desarrollo de la personalidad.
La reforma aprobada el pasado 19 de septiembre, y que está en análisis en los congresos estatales para que se pueda emitir el decreto, amplió el catálogo de delitos.
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Ellos son robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, a transporte de carga, desaparición forzada y portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con el General Sergio Alberto Martínez Castuera, Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social, la demanda de seguridad que originará la población en los siguientes meses, obligará al Estado a contratar a mil personas para laborar como custodios en las 17 prisiones federales.
De acuerdo con las autoridades penitenciarias, el reclutamiento inició desde el pasado mes de diciembre en el estado de Durango, con la convocatoria que también incluye a médicos, abogados, así como personal administrativo.
Sergio Alberto Martínez Castuera aseguró que por el momento “no se tiene proyectado adquirir mayor equipo” por el momento para garantizar la seguridad, sin embargo reconoció que “probablemente se incremente el número de binomios caninos”.
Durante la entrevista concedida a LA SILLA ROTA, el general aseguró que la seguridad en las prisiones federales, por lo que no hay riesgos de que se pueda presentar una fuga de internos, como las registrada en el penal del Altiplano, Estado de México y Puente Grande, Jalisco
Hasta ahorita tenemos una seguridad en todos los centros federales. No vemos la forma de que alguien pueda evadirse de alguno de los centros federales. La vigilancia es muy estrecha y además se cuenta con el apoyo de las autoridades estatales y fuerzas federales. Repito, la seguridad de cada uno de los internos federales está asegurada”.
SÓLO HAY ESPACIO PARA 14 MIL 815 REOS
Los registros del OADPRS con fecha de corte del 28 de febrero de 2019 indican que se tenía el registro de 17 mil 737 internos procesados o sentenciados en alguna de las 18 presiones federales (incluido el Complejo de Islas Marías).
De acuerdo con los reportes consultados y de los cuales se tienen copia, tres prisiones estaban a punto de llegar a su máxima capacidad para albergar a prisioneros. Ellas son el CEFERESO No. 1 Altiplano; el 2 Occidente, ambos de donde se escapó Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, así como el CEFERESO 7 Nor-Noroeste.
Hasta el pasado 28 de febrero el Estado contaba con 18 prisiones federales con la capacidad de albergar a hasta 37 mil 658 reos. Sin embargo, tras el decreto que dio por concluidas las actividades en el Complejo Penitenciario de Islas Marías (capacidad de cinco mil 106 internos) el pasado 8 de marzo, la capacidad de los Ceferesos bajo a 32 mil 552.
Hasta el pasado 28 de marzo los delitos por los que estaban bajo proceso o sentenciadas las personas recluidas en cárceles federales, se concentraba en delincuencia organizada y contra la salud.
Los delitos por posesión, portación o uso de armas de fuego, cartuchos y municiones de uso exclusivo del Ejército, eran mínimos, sin embargo, con la reforma al artículo 19 las autoridades penitenciarias esperan que sea uno de los principales delitos que origen el ingreso de reos.
djh