A dos meses del sismo, organizaciones sociales hacen un llamado urgente para que el gobierno de la CDMX corrija las deficiencias e irregularidades en atención a las personas afectadas en albergues, que fueron destinados para damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre.
El trabajo de documentación que realizaron las brigadas de estudiantes del proyecto Documenta desde Abajo 19S, señala que la ausencia de albergues y la falta de condiciones adecuadas pueden vulnerar no sólo el derecho social a una vivienda digna, sino también los derechos a la libertad, la seguridad personal e incluso la integridad física, además de hacer difícil que las personas afectadas puedan retomar sus actividades ordinarias, lo cual puede poner en peligro los derechos al trabajo y a la educación, entre otros.
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En las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán, los brigadistas detectaron que existen albergues oficiales que estuvieron en listas, pero nunca abrieron, o lo hicieron por escasos días o en lugares inadecuados.
Se ofrecieron como albergues, lugares que ya estaban destinados a la atención de una población específica y muchos albergues se establecieron en escuelas y otros edificios públicos, lo que provocó tensión entre las personas damnificadas y las autoridades o con las comunidades que hacen uso de esos espacios.
“En varios albergues se denunciaron maltratos o situaciones irregulares violatorias de derechos por parte de las autoridades encargadas, que incluyen: el establecimiento injustificado de horarios muy estrictos de salida y entrada que afectan las posibilidades de trabajar, y en algunos casos equivalen a condiciones de semi-reclusión”.
En un comunicado, las organizaciones sociales acusaron la ausencia de apoyo médico y psicológico adecuado y permanente; obstáculos para acceder al acopio; la prohibición de ingreso a afectados/as de otros estados; la presencia injustificada de autoridades militares y la ausencia de autoridades que verifiquen la protección de los derechos humanos.
A medida que se cierran los albergues oficiales, se abren o mantienen abiertos los campamentos y albergues creados por la sociedad civil para hacer frente a las necesidades de la población, que no tiene alternativas.
En la actualidad hay más de 50 campamentos y albergues ciudadanos, que no cuentan con apoyo Estatal y que realizan funciones que le competen a las autoridades.
También denuncian que en el caso de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México que fueron afectadas por el sismo, el gobierno de la CDMX ha incumplido los estándares internacionales que establecen que el Estado debe adoptar medidas apropiadas que permitan la rápida transición de un refugio de emergencia a un alojamiento temporal o a una vivienda permanente, sin discriminación alguna y a la mayor brevedad posible.
El cierre de albergues oficiales se ha visto acompañado de coacción, amenazas, persecución penal por falsos delitos y el traslado a lugares lejanos hacia las personas que se oponen.
Acusan que el gobierno de la CDMX no ha establecido ninguna política para frenar el alza en el precio de las rentas, ante la situación de emergencia que se presta para la especulación ni para acceder a vivienda gratuita o muy subsidiada, para garantizar el derecho a la vivienda de quienes perdieron sus casas.
ams