“Le echaron agua en la cara, se desmayó, lo despertaron con alcohol y lo colocaron en forma de cristo; entre dos personas lo tomaron por los brazos y le abrieron las piernas colocándole un cable en los testículos, dándole toques eléctricos, reventándolos”.
Con esta posible tortura, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) lograron la “confesión” de una persona que se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de Pachuca (Cereso) por el delito de secuestro agravado y tentativa punible de homicidio calificado, según la recomendación R-VG-0001-18 que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), cuyo expediente incluye los resultados del Protocolo de Estambul para detectar tratos crueles y degradantes, así como certificados médicos que acreditan lesiones en los genitales, fractura en las costillas y un esquince cervical.
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Los hechos datan del 24 de abril de 2014, durante el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, actual presidente interino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, cuando el presunto culpable –de acuerdo con la relatoría que hizo al órgano autónomo– iba a bordo de su vehículo a la altura del municipio de El Arenal, y fue intervenido por dos agentes de Investigación, de quienes, dijo, desconoce su nombre y su lugar de adscripción. Ellos, afirmó, lo bajaron del vehículo, lo esposaron, lo patearon, lo subieron a una camioneta de Policía Estatal, en la que iban tres oficiales más. Entre todos, añadió, le dieron de patadas en el cuerpo. Era, aproximadamente, la una de tarde.
Después, “lo llevaron a un lugar que desconocía, pero que era en dirección a Pachuca. Ahí lo arrojaron al suelo, le pusieron una bolsa en la cabeza tratando de asfixiarlo, le indicaron que se parara porque había llegado el comandante y lo empezaron a patear. Le dijeron que debía firmar un documento o de lo contrario lo pagaría su familia”.
Fue en ese momento cuando, relató, le aplicarían los toques en los testículos, hasta reventarlos.
La Inspección Ministerial y fe de persona a la que tuvo acceso Derechos Humanos, realizada al término de la declaración indagatoria, a las nueve con veinte minutos de ese día, certifica que había daño en el “prepucio, en la bolsa escrotal a ambos lados de la línea sagital anterior, acompañada de edema”, y está signada por el agente adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro.
El ahora recluso narró que al día siguiente de que lo llevaron a la Procuraduría, un comandante, que no le proporcionó su nombre, lo envío al Hospital General de Pachuca al ver su rostro hinchado y la sangre que corría por en medio de su pantalón.
En el nosocomio le indicaron que tenía las costillas fracturadas, los testículos reventados y un esquince cervical que requería collarín.
El certificado de lesiones que realizó ese día, a las tres horas con cuarenta minutos, el médico cirujano legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, también refiere que el imputado tiene una lesión en el prepucio “en la bolsa escrotal a ambos lados de la línea sagital anterior, acompañada de edema, en la región inguinal derecha”.
Con base en el testimonio del interno, con el cual se inició la queja CDHEH-VG-0439-17, tras ser atendido lo regresaron a la sede de la PGJEH, y ahí le dieron un documento para que lo firmara, junto a un celular que contenía la fotografía de su esposa e hijo, que habían obtenido del perfil que ella tenía en WhatsApp.
Firmó el documento, cuyo contenido no podía precisar; sin embargo, dos horas más tarde fue presentado ante el Ministerio Público, sin la asistencia de un abogado o defensor. Su confesión fue incorporada a la causa penal 69/2014-III, por la cual es procesado.
En su comparecencia ante la Comisión, uno de los agentes afirmó que el detenido no fue torturado, y que las lesiones que presentó fueron derivadas a la resistencia que puso, “ya que lanzó trancazos, patadas y lucha cuerpo a cuerpo conmigo” y con otro oficial, “además decía: ‘somos de los Zetas, a chingar a su madre’, seguidamente, llegaron más corporaciones tanto estatales como municipales...”
No obstante, los dictámenes psicológico y médico basados en el Protocolo de Estambul, con fecha de 24 y 7 de mayo de 2018, indican que existe concordancia entre los hallazgos psicológicos encontrados y la descripción de la presunta tortura narrada, y que “se puede establecer que el examinado tuvo sufrimientos durante los hechos de su detención”.
Actualmente, los tres oficiales involucrados se desempeñan como Encargado de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación en Actopan y agente de investigación adscrito a la Policía de Investigación Grupo Tulancingo, todos pertenecientes a la Unidad de Investigación de la Procuraduría.
No obstante, cuando incurrieron en la tortura que acreditó la CDHEH, eran titulares de los grupos de coordinación de Actopan e Ixmiquilpan, y un agente del primero de ellos. Todos dependían de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, cuyo titular era Alfredo Ahedo Mayorga, exjefe de escoltas del exgobernador Olvera Ruiz.
En la recomendación, emitida el 12 de julio, el ombudsman José Alfredo Sepúlveda Fayad pidió iniciar procedimientos administrativos, penales y legales en contra de los servidores públicos responsables por la violación a los derechos humanos, a través de tortura en las modalidades de contusiones, asfixia con métodos húmedos, aplicación de descargas eléctricas y posturas forzadas.
mvf