Cada mañana, Concepción salía a vender periódicos en Veracruz. Con apenas 25 años, así era cómo se mantenía.
Sin embargo, el 25 de febrero de 2013 le cambio la vida. Las primeras de aquel lunes, Concepción comenzó a sentir un dolor intenso en el vientre.
Posteriormente, la mujer empezó a sangrar, por lo que decidió acudir a la Cruz Roja.
En dicha clínica, la mujer fue atendida por un doctor quien le aseguró que estaba embarazada. Ella no lo sabía.
Ya en la Cruz Roja, Concepción comenzó a tener ganas de ir al baño, por lo que acudió con permiso del personal del hospital.
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En ningún momento, la joven tuvo valoración media alguna que la asistiera en la vista de su condición.
En el baño, Concepción tuvo un aborto involuntario, el producto fue expulsado en el inodoro del hospital.
Tras los hechos, la mujer fue detenida y presentada ante el Ministerio Público de Veracruz, acusada de homicidio doloso tras el aborto involuntario.
A los pocos días, el 5 de marzo de 2013, el Juzgado Quinto de lo Penal con sede en el puerto de Veracruz le dictó un auto de formal prisión a Concepción.
Fue entonces cuando la Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) asumió la defensa en el caso de Concepción.
Asilegal es una organización no gubernamental que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad.
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La ONG presentó un amparo contra la aprehensión de Concepción por el aborto involuntario.
En respuesta, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz ordenó la liberación de Concepción.
Aun así, la joven de 25 continúo en prisión los siguientes siete meses, hasta que finalmente fue puesta en libertad.
El caso de Concepción fue dado a conocer por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El GIRE es una organización en pro de derechos reproductivos, colocando sobre la mesa temas como el aborto, anticoncepción, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y conciliación de la vida laboral y personal.
Más de mil 500 “delitos” por aborto en tres años
En los últimos tres años, se han abierto al menos mil 552 carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país.
En 2017, hubo 502 casos en México, 538 en 2016 y 512 en 2015, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el primer mes del 2018 se reportaron 41 casos en todo el país.
Es decir, en los últimos tres años se han abierto en promedio 43 carpetas de investigación por el delito de aborto al mes, casos cada tres días.
De acuerdo con el GIRE, al menos 17 entidades del país prohíben el abordo.
Por ello, la Ciudad de México se ha convertido en un refugio para aquellas mujeres que busquen interrumpir legalmente su embarazo.
Dicha organización gubernamental asegura que de abril del 2007 a mayo del 2015, 37 mil 624 personas han acudido a la capital a realizarse un aborto.
Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Veracruz y Guanajuato, son las entidades de origen que más han viajado a la capital para realizarse un aborto.
Esto sin mencionar los 102 mil 942 interrupciones legales del embarazo que las capitalinas se han realizado en la Ciudad de México.
El derecho del aborto
El GIRE señala que si bien las mujeres y niñas víctimas de violación sexual tienen derecho a acceder a un aborto legal en todo el país, la implementación de esta regla parece ser subjetiva y muchas mujeres siguen enfrentando barreras para acceder al servicio.
En su informe “Violencia sin interrupción”, la ONG detalla que el acceso al aborto legal y seguro es esencial para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
“En muchas ocasiones, niñas y mujeres se ven obstaculizadas para ejercer sus derechos humanos por el desconocimiento por parte del personal médico del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse. De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo. Sin embargo, además de revictimizarlas y de incurrir en violaciones de sus derechos humanos, contravienen la ley”.
Por ello, el GIRE hizo un llamado a las autoridades, desde las de salud hasta las de procuración e impartición de justicia, para que se aplique la ley de forma debida en materia de acceso a servicios de interrupción del embarazo por violación sexual.
Esto con el fin de que se garanticen los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la vida privada, a la integridad personal, a la igualdad, no discriminación y a una vida libre de violencia.
