Carlos Emigdio Arozqueta Solís, coordinador jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y representante legal del Estado en los casos de presunto peculado y negociaciones indebidas en el sector Salud, el sistema de Radio y Televisión, además de la propia SEPH, fue acusado de amedrentar con armas a personal de la dependencia en la que está adscrito, así como de uso indebido de bienes públicos y despido injustificado.
Por segunda ocasión –la primera data del 14 de septiembre–, empleados de la instancia educativa exigieron la destitución del abogado la mañana de este lunes con una protesta en la sede central de la SEPH, en la cual añadieron que éste se desplaza con tres personas “visiblemente armadas” detrás, quienes, infieren, son pagadas con el presupuesto educativo.
Los manifestantes reclamaron que, al ingresar a sus labores este lunes, empleados del despacho de Arozqueta Solís les impidieron el acceso, además de que habían cerrado con cadenas y, afirmaron, sacaban documentación de las oficinas.
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“Pisotea y violenta los derechos humanos y laborales de todo el personal de la SEPH; además de que “está acusado y tiene averiguaciones previas y carpetas de investigación vigentes por delitos dolosos graves como homicidio calificado, robo calificado, fraude, lesiones graves y despojo”, refiere un oficio en el que el personal integra sus demandas y señalamientos en contra de quien litigó, en representación del gobierno de Hidalgo, los casos de presuntas irregularidades en el gobierno del exmandatario Francisco Olvera Ruiz, mismo que, afirman, se dice amigo personal del senador Miguel Osorio Chong y del actual jefe del Ejecutivo, Omar Fayad.
“Desde hace un año venimos padeciendo esta violencia laboral, la violación a nuestros derechos humanos y laborales", indicó Claudio Mercado, vocero de los trabajadores, quien afirmó que hace un año hicieron del conocimiento de la entonces secretaria de Educación Sayona Vargas las posibles anomalías, pero no obtuvieron respuesta.
Con el relevo en la dependencia, añadió, dieron cuenta de estos hechos a Atilano Rodríguez, sucesor de la excandidata a diputada federal por el PRI; no obstante, afirmó, tampoco intervino.
Los trabajadores, que también bloquearon la carretera Pachuca-Actopan, a la altura de la Cima, aseguraron que Emigdio Arozqueta paga con la nómina de SEPH a más de 15 empleados particulares que trabajan asuntos de su despacho jurídico y que, aseveraron, ganan 25 mil pesos mensuales en promedio cada uno, aunque no mostraron documentación de ello.
“Corrió sin más ni más, a un compañero administrativo de base porque éste cuidó a su madre enferma por unos días hasta su muerte, y no aceptó ver ni el expediente de su mamá ni la correcta justificación del ISSSTE y el SNTE en términos de la ley y los reglamentos”, añadieron sobre el cese que, dicen, ordenó de 25 personas.
El pasado 30 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) desalojaron al delegado federal de la SEP en el estado, Daniel Fragoso Torres, y a los trabajadores de la dependencia por un conflicto legal en la propiedad del predio. El funcionario, designado hace dos meses por Otto Granados Roldán, acusó motivos políticos porque, dijo, no ha sido aceptado por el grupo que gobierna en la entidad.
Arozqueta Solís replicó que se trató de un procedimiento administrativo que se llevó a cabo dentro del Expediente SEPH 1-101*S5.3/304/2018.
“Una vez que fue plenamente acreditada la propiedad, la otra parte fue notificada que el edificio entraba en el Programa de Reordenamiento, que busca optimizar los recursos con los que cuenta esta Secretaría, y se les hizo saber que, en caso de ser omisos a la entrega del inmueble, éste iba a ser parte de una diligencia de lanzamiento, en la que estaría debidamente facultado el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras, por así ser obligatorio en el texto de la ley”, indicó.
Sin embargo, refutó el delegado, “esto no es así: desde hace un par de años hay una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde este es un inmueble público federal, está registrada en el INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), y está acreditada la propiedad”, además de insistir en el uso excesivo de la fuerza pública que fue ordenado por el abogado.
Por instrucción del gobernador Omar Fayad, el director jurídico de la SEPH lleva los procesos contra funcionarios de la administración de Olvera Ruiz, incluido el de Radio y Televisión de Hidalgo, donde a través de pagos a 27 supuestos proveedores, quienes simularon prestar servicios y subcontrataron a empresas que transfirieron recursos a países como Pakistán, Israel, Bélgica y Corea del Sur, se operó el desvío de los 601 millones de pesos por tres convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, de acuerdo con la inspección forense D17002 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó en su primer informe de la cuenta pública 2017.
Asimismo, el despacho privado Arozqueta y Asociados –del que Cralos Emigdio es titular– es el que presentó la demanda por daño moral a nombre de Fayad Meneses en contra del excandidato a la gubernatura Francisco Xavier Berganza, por cuestionar en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 16 de mayo de 2016, la preferencia sexual del entonces abanderado priista.
mvf