Como directora de Adquisiciones y Control de Gasto de la entonces Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Maricela Lecuona González, actual abogada general de la Secretaría de Salud, firmó convenios de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), mediante los cuales se desviaron recursos a través de simulación de servicios y subcontrataron a empresas irregulares.
La malversación del presupuesto federal a través del esquema conocido como “La Estafa Maestra” se llevó a cabo entre 2013 y 2014, mientras Enrique Martínez y Martínez, después nombrado embajador de México en Cuba, era titular de la Sagarpa.
Esta dependencia fue parte de las once secretarías que, con la ayuda de universidades, desviaron 3 mil 433 millones de pesos aquellos dos años, según la investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
¿Quiénes son y de qué se les acusa a funcionarios vinculados a Estafa Maestra?
Además de Lecuona González, quien tomó posesión de su actual cargo el pasado 5 de diciembre, por instrucción del secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, los convenios con la UAEM fueron signados por José Francisco de la Peña de la Peña, quien fungía como director general de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, así como por Juan Rodríguez Corona, coordinador administrativo de la oficina del secretario del Despacho; en tanto que por la institución firmó Laura Elena del Moral Barrera, su apoderada legal.
El desvío en Sagarpa fue por medio de dos convenios, cuando el oficial mayor era Marcos Augusto Bucio Mújica, después cónsul titular de México en El Paso, Texas.
En su hoja de vida, Maricela Lecuona refiere que ha fungido como coordinadora de Corrección y Dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y directora general Jurídica del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura.
En esa dependencia fue también directora de Adquisiciones, cuya función principal fueron las “compras públicas”, de julio a noviembre de 2014, según la declaración patrimonial inicial que presentó el 20 de diciembre de 2018 como parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Con base en los datos que envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por cargo público percibe 120 mil 998 pesos mensuales, más de los 108 mil 744 que reportó AMLO en su informe patrimonial.
Sus bienes inmuebles, así como vehículos, no son públicos; asimismo, afirmó que no tiene ningún conflicto de interés.
mlmt