En respuesta a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó y envió a la Mesa Directiva el dictamen para expedir la Ley de Comunicación Social, conocida también como publicidad gubernamental, que deberá ser expedida antes del 30 de abril.
Avanza ley de publicidad gubernamental; dejan fuera propuestas de ONG
El proyecto consta de 44 artículos y ocho transitorios, fue elaborado con base en ocho iniciativas presentadas en el pasado por distintas fuerzas políticas y aunque aún no hay fecha definida para someterlo a discusión del pleno, éste deberá ser procesado en breve a fin de cumplir con el mandato del máximo tribunal del país.
En La Silla Rota te explicamos en qué consistirá este futuro ordenamiento, cuáles son sus ejes y en qué contexto se está elaborando:
1. La creación de esta ley se estableció en la reforma político-electoral que entró en vigor desde el año 2014. El 10 de febrero de ese año se publicó un decreto en el Diario Oficial para que los legisladores aprobaran una ley que reglamente y regule el uso de propaganda gubernamental.
La fecha límite para ello era el 30 de abril del 2014; sin embargo, los diputados y senadores dejaron pendiente el tema a pesar de que se presentaron al menos ocho propuestas de todos los grupos parlamentarios, incumpliendo así con el plazo que ellos mismos incluyeron en la reforma constitucional.
2. Ante la omisión, la organización Artículo 19 interpuso un amparo contra el incumplimiento del Congreso de la Unión a emitir las leyes reglamentarias. Argumentaron que el no tener una regulación en el gasto oficial termina por violentar la libertad de expresión de los medios de comunicación, ya que los gobiernos utilizan este recurso para premiar a los medios que los favorecen y castigar a las voces críticas.
3. Para entender la importancia de contar con una legislación en la materia, en septiembre de este año la organización FUNDAR Centro de Análisis e Investigación publicó un informe en el que se dan a conocer los gastos excesivos del gobierno federal, entre 2013 y 2016. Este reporte detallaba que la administración de Enrique Peña Nieto había gastado en el citado periodo 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, un 71% más de lo que le aprobó el Congreso.
4. Incluso en un Informe sobre el Gasto en Campañas y Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales, se detalló que las dependencias que ejercieron mayores recursos en publicidad oficial fueron: SEP con 502 millones de pesos a Televisa y 309 millones a TV Azteca; la SCT pagó 15 millones a Televisa y 10 millones a Azteca; Semarnat erogó 60 millones en contratos con Televisa y 55 con Televisión Azteca, mientras que la Oficina de la Presidencia pagó 31.6 millones a Estudios Churubusco Azteca para publicitar el Quinto Informe de Gobierno.
5. Tras analizar y discutir este recurso, el 15 de noviembre de 2017 los ministros de la Suprema Corte concedieron la razón a Artículo 19 y ordenaron a los legisladores elaborar la ley que regulará las actividades de promoción y propaganda oficial, estableciendo como nuevo y único plazo el 30 de abril próximo.
6. El 7 de febrero pasado el colectivo “Medios Libres” (que integra a 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales), así como expertos, medios de comunicación y periodistas presentaron en el Senado las “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, un decálogo con propuestas para evitar la opacidad y uso de la publicidad oficial como una herramienta de chantaje de las autoridades hacia los medios de comunicación.
7. El 20 de marzo, en medio de acusaciones sobre una presunta manipulación de la convocatoria y su falsa inclusión en el proceso para expedir una Ley de Propaganda Gubernamental, arrancó la jornada de audiencias públicas en donde participaron organizaciones como Articulo 19, Fundar y México Evalúa, integrantes del citado colectivo.
8. En estos encuentros los líderes de las ONG reiteraron su postura. Justine Dupury, en representación de Fundar, planteó descentralizar el control que actualmente mantiene la Secretaría de Gobernación en torno a la publicidad oficial.
Propuso que sean organismos autónomos como el IFETEL los que estén a cargo de la asignación de propaganda gubernamental. Además se pronunció por ponerle fin a la publicidad “personalizada”, es decir, por desaparecer la publicidad oficial que no sea estrictamente de carácter informativo, como en el caso de los informes de gobierno.
9. En representación de Artículo 19, Ricardo Luévano se pronunció -entre otros temas- por hacer de los medios de comunicación sujetos obligados a transparentar los recursos públicos que les son canalizados para fines propagandísticos. Enfatizó que actualmente no se consideran sujetos obligados a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos asociados a la publicidad oficial.
10. Los senadores de la Comisión de Gobernación cerraron las audiencias suscribiendo el compromiso de que serían consideradas todas las propuestas. El trámite continuó en la Comisión de Gobernación, pero de la Cámara de Diputados.
11. El 2 de abril, a través de un posicionamiento público, el colectivo Medios Libres exigió a la Comisión de Gobernación de San Lázaro que no aprobara el dictamen de Ley de Comunicación Social, por considerar que de hacerlo “sería muestra de una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y violaría los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad”. Además se advirtió que el proyecto no contemplaba ninguna de las propuestas del decálogo presentado por Medios Libres para regular la publicidad oficial.
12. Un día después del pronunciamiento, los diputados de la Comisión encargada de dictaminar el proyecto aprobaron y enviaron a la Mesa Directiva el dictamen que expide la Ley de Comunicación Social, el cual no incluyó ninguno de los planteamientos de la sociedad civil sobre descentralizar el control que actualmente mantiene la Secretaría de Gobernación en torno a la publicidad oficial, eliminar la publicidad personalizada, y hacer de los medios de comunicación sujetos obligados a transparentar los pagos por pautas publicitarias.
13. La presidenta de la Comisión, Mercedes del Carmen Guillén (PRI), argumentó que aún no hay fecha para que se ponga a consideración y votación del Pleno, ya que también se acordó remitir el dictamen a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que haga consultas con la sociedad civil y en su caso se presente un adéndum.
14. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, afirmó que “es primordial escuchar a la sociedad civil y a los distintos grupos parlamentarios para enriquecer el dictamen que expide la Ley de Comunicación Social. En este órgano de gobierno se deberá acordar la fecha para iniciar la discusión en el Pleno.
jamp