Monterrey, N. L.- Cuando en enero de 2017 un estudiante del Colegio Americano del Noreste disparó contra compañeros de clase y su maestra y posteriormente se suicidó, los focos rojos se encendieron y aumentaron su intensidad en septiembre reciente cuando otro estudiante de la preparatoria del Tec Milenio también optó por quitarse la vida en el plantel.
Según cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en los primeros cinco meses del año el suicidio aumentó en un 30 por ciento comparado con el 2017. De enero a mayo 148 personas se auto infligieron lesiones de muerte contra 114 del año anterior.
Las estadísticas oficiales señalan que en 2014 hubo 170 suicidios, 264 en 2015; 277 en 2016 y 282 en 2017.
Sin embargo, un estudio de la investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Patricia Lilian Cerda Pérez, destaca que esos focos rojos se encendieron desde hace más de una década.
“En Nuevo León, reportes de la Secretaría de Salud advierten que este fenómeno registra índices calificados como “focos rojos” al pasar de 2.4 por ciento como tasa anualizada en 1998, a 5.5 por ciento durante el 2005; contra una tasa nacional que el mismo año fue de 6.4 por ciento”, reporta.
La doctora Cerda Pérez dice que en Nuevo León, las estadísticas oficiales sobre el suicidio son relevantes y preocupan, no sólo por el alcance en cuanto al número de suicidas, sensiblemente elevado durante el último quinquenio, sino porque además los números oficiales sobre este doloroso tema ni siquiera coinciden.
Así, por ejemplo, durante los años 2004 y 2005, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León establece que el número de suicidios llegó a 429 casos, mientras que reportes de la Secretaría de Salud, elaborados con datos proporcionados por la Policía Ministerial, el Servicio Médico Forense y los certificados de defunción, ubican al suicidio en el Estado con una cifra de 459 casos.
Al respecto, la diputada Karina Barrón Perales, presentó una iniciativa para prevenir el atentado contra la propia vida de las personas y agregar una Fracción al artículo 9 de la Ley Estatal de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud tenga expresamente responsabilidad de prevenir y atender trastornos mentales asociados con suicidios.
“La prevención del suicidio debe incluir políticas, campañas y programas enfocados en todas las personas a una buena autoestima e imagen personal y confianza en sí mismo; relaciones familiares sanas y estables y buena comunicación entre los miembros de la familia”, planteó la legisladora.
En este sentido, la propuesta añade que el Sistema Estatal de Salud promueva la coordinación con las autoridades educativas, proponer y desarrollar programas de prevención de suicidio a causa de trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, el también diputado Marco González propuso una pena de hasta 40 años de prisión para quien induzca o auxilie al suicidio, sobre todo cuando la víctima sea menor de edad o tenga una discapacidad mental.
Se duplica promedio de suicidios femeninos a nivel global; y este país tiene el promedio más alto
En la propuesta de reforma al Código Penal habla de imponer multas de quince a 40 años de prisión y de mil 500 a cuatro mil días del valor de la unidad de medida actualizada.
A la falta de coincidencia en las cifras que impide tener una dimensión exacta de la proporción que el suicidio ha alcanzado como tasa de crecimiento en el Estado, debemos unir el hecho de que este drama social observa incrementos en la población adolescente de entre 12 y 19 años, añade la investigadora Cerda Pérez.
“La Secretaría de Salud alerta sobre el hecho que de 1998 al 2005, se reportan 137 casos de suicidas comprendidos en tales edades, con una tasa que pasó del siete por ciento en 1998 a 12.4 por ciento en 2005. El 71.53 por ciento de los 459 casos de suicidas registrados por la Secretaría de Salubridad se ubica entre personas cuyas edades fluctuaban entre los 15 y los 44 años, es decir, en plena etapa productiva”, menciona.
“Enfrentamos una evidente necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales a fin de dimensionar con exactitud el problema del suicidio, que se inicia en la falta de criterios uniformes para establecer con certeza el número de suicidios en cifras reales y sus posibles causas”.
Pero los recursos, dice, son insuficientes para hacer frente al problema de la depresión, que toma tintes de generalización entre la población nuevoleonesa. Más allá de la infraestructura en camas, personal calificado y presupuestos amplios, la prevención del fenómeno depresivo entre la población inequívocamente pasa por cambios de actitudes dentro y fuera de las familias; por la creación de políticas económicas y sociales que fortalezcan la salud mental no sólo con oferta hospitalaria, sino con directrices socioeconómicas, donde la pobreza económica y educativa se reduzcan como factores que propicien cambios de mentalidad.
Para el coordinador del departamento de atención a urgencias psicológicas de la facultad de Psicología de la UANL, Guillermo Rocha González, el suicidio es ya la segunda causa de muerte entre los jóvenes.
Atribuye que cada vez es mayor la presión social como el acoso y el bullying así como la dificultad para enfrentar el estrés o situaciones de riesgo por lo que los jóvenes consideran el suicidio como solución a los problemas.
Aporta datos interesantes y afirma que esa escuela universitaria recibe entre seis y ocho pacientes por día cuando hace cinco años asistía ese número mensualmente.
Patricia Cerda a su vez menciona que en nuestra legislación no existe un instrumento jurídico real que conceptualmente defina a la familia de suicidas como víctima de la violencia, a pesar de que por cada suicida que se tiene, la familia se constituye automáticamente en una célula golpeada, enferma y desintegrada.
“A esto se le añade el hecho de que la Iglesia Católica —mayoritaria al menos en términos de estadísticas actuales sobre el tipo de religión que se profesa en México —, no tiene una pastoral que enfrente la difícil problemática que agobia a tales familias. Su línea evangélica estuvo por siglos enfocada a reprobar cualquier acto suicida bajo la sentencia de fuego eterno «porque el suicida no entra al cielo», remata Cerda Pérez”.
bl