Con objeto de impulsar las regiones más atrasadas y en condiciones de mayor pobreza en el país el Congreso federal aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que busca detonar el desarrollo en dichos lugares del país, en un primer momento la intensión federal es avanzar en estos proyectos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero - Michoacán. En concordancia con esa legislación el Congreso de Guerrero aprobó esta semana una ley similar de zonas económicas especiales para la entidad.

 

Con resultado de ese marco normativo habrá de crearse una zona económica especial en la región de Guerrero limítrofe con Michoacán, que será conocida como Puerto Unión, conformando un corredor estratégico que llegará hasta Lázaro Cárdenas. Entre los atractivos que ofrecen esos enclaves económicos a los inversionistas son beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, marcos regulatorios flexibles, infraestructura competitiva, y programas de apoyo, entre otros estímulos y condiciones preferenciales.

 

En su artículo octavo, fracción sexta, la nueva ley estatal establece que el gobierno del Estado y los Ayuntamientos dentro del ámbito de sus competencias deberán brindar la seguridad pública necesaria para el establecimiento y desarrollo de la zona así como establecer un mecanismo de seguimiento y de valoración para tal efecto, para lo cual observarán lo dispuesto en la Ley del Sistema General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero....

 

Con relación a la seguridad pública que requieren estas zonas económicas especiales, en el caso de Guerrero la triste realidad es que, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, las policías no están a la altura de la necesidad social y de la problemática que hoy se enfrenta, son cuerpos infiltrados por la delincuencia que no cumplen su función constitucional. Esta situación no es exclusiva de la zona económica especial que habrá de constituirse en la costa grande de Guerrero, desde Zihuatanejo hasta La Unión, sino que prevalece en varias regiones del Estado, como Acapulco, Iguala, Chilpancingo o Tierra Caliente, es una situación dramática de inseguridad donde los delincuentes, en los hechos, han tomado el control territorial sembrando terror y muerte.

 

Debemos hacer la reflexión de que efectivamente se requieren zonas económicas especiales como la ZEE Puerto Unión, pero también se requiere recuperar el control territorial en zonas y regiones que hoy son controladas por la delincuencia, para que en estos lugares vuelva a florecer la actividad económica y la población deje de pagar la "tributo" a los criminales, el llamado "cobro de piso".

 

Cabe hacer mención de una cita del ensayo de Joaquín Villalobos publicado en la revista Nexos de enero de 2015 que a la letra dice: “Cuando en un lugar los delincuentes pueden moverse abiertamente armados, cuando pueden interceptar vehículos o personas como si fueran autoridad, cuando pueden trasladar y abandonar decenas de cadáveres en lugares públicos, cuando pueden mover con facilidad productos ilícitos, cuando pueden expropiar propiedades y realizar matanzas impunemente, cuando pueden extorsionar masivamente barrios enteros, cuando pueden definir quién será la autoridad local y cuando todo mundo sabe quiénes son y dónde viven, pero nadie los denuncia, entonces estamos ante la pérdida del control territorial por parte del Estado”.

 

Estamos convencidos que la debilidad institucional y la corrupción de las policías, en especial las municipales, afectan el desarrollo económico, sin inseguridad el potencial económico se debilita y no tiene los resultados deseados.

 

¿Quién va a invertir donde hay inseguridad, donde grupos delincuenciales se disputan las plazas, tal como lo que está pasando precisamente hoy en la región que será beneficiaria de esta zona económica especial, donde hay una disputa feroz entre cuando menos dos grupos, unos de gente proveniente de Michoacán y otro originario del Estado que, por decirlo en el lenguaje delincuencial, se están disputando la plaza?

 

Cómo asegurar que va a fluir la inversión por más que haya una ley, si estos grupos se imponen y extorsionan, si imponen su ley en territorios completos del Estado; mientras no se les arrebate el territorio los delincuentes y la población deje, por razones claras, de temerles a estos criminales, van a seguir multiplicándose como una plaga depredadora que siembra pánico, muerte y colapsa la actividad económica en las regiones y los municipios.

 

La seguridad  pública es un pre requisito del desarrollo, por eso deben destinarse recursos para limpiar, certificar y depurar las policías, para generar instancias de prevención, investigación e inteligencia que puedan desactivar a estos grupos.

 

La seguridad no es un gasto, es una inversión; estamos a favor de la creación de estas zonas pero más aún de que se recuperen los territorios perdidos a manos de la delincuencia, para que así podamos ver un desarrollo económico y social sostenido y sostenible en Guerrero.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

> Lee más sobre el autor


Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información