Decía Kundera que los grandes amores son como los grandes imperios, cuando la idea que los sostiene muere, ellos también perecen. Algo parecido ha ocurrido con la investigación sobre el horror de Ayotzinapa: Una vez que el ideal de verdad se ha derrumbado, la investigación en su conjunto se ha colapsado, arrastrando consigo la credibilidad de nuestras autoridades e instituciones. Ese es el riesgo de presumir verdades históricas cuando lo que se necesitaba, lo que exigía el país, era sencillamente una procuración efectiva y transparente de la justicia.
A casi un año de ocurrida la tragedia no sabemos qué es lo que en realidad sucedió esa noche, “la noche más triste”, como ha sido denominada. Tampoco conocemos el destino final de los 43 estudiantes normalistas. Lo que es todavía peor, después del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de conocer graves cuestionamientos a los resultados presentados por la PGR, volvemos al mismo punto de partida con las mismas preguntas.
Ya en julio de este año la CNDH presentó un informe preliminar sobre el estado de la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas, acompañado de 32 recomendaciones, en el que identificaba muchos de los problemas ahora señalados y aumentados por la GIEI: Reconocimientos médicos deficientes, omisiones y errores en las consignaciones y diligencias ministeriales, pérdida de información y mal manejo de evidencia, violación de protocolos, fragmentación de la investigación, problemas de coordinación entre autoridades, falta de atención a las víctimas y un largo etcétera.
Escribí al respecto el 31 de julio (Ayotzinapa: Entre incompetencia e impunidad) y no puedo sino reiterar lo que en ese entonces pensaba:
“Es motivo de indignación que la PGR, a diez meses de la tragedia, sea objeto de 26 de las 32 recomendaciones de la CNDH, de las cuales algunas se entenderían como elementales para investigar los hechos: Integrar las fichas de identificación y perfiles de identidades de los 43 estudiantes desaparecidos; investigar por qué fueron llevados los estudiantes a Iguala; coordinar acciones tendientes a la ejecución de órdenes de aprehensión; recabar declaración de policías y militares; obtener declaraciones de los buzos que rescataron la evidencia del Río San Juan; solicitar información sobre las condiciones climatológicas y ambientales los días de la tragedia para validar la hipótesis de la cremación en el basurero de Cocula; completar peritaciones y dictámenes en materia de edafología, balística, genética, antropología y odontología forense, así como diligencias de reconstrucción de los hechos, etcétera”.
“Graves, muy graves, las omisiones que identifica la CNDH en el estado de la investigación. Sorprendente que el gobierno que ha quedado marcado nacional e internacionalmente por el horror de Ayotzinapa, no haya entendido que la tragedia exigía una investigación exhaustiva, eficiente, técnicamente impecable y sin omisiones. Ante una tragedia que involucra violaciones graves a los derechos humanos y complicidad de autoridades con el crimen organizado, el gobierno que no tenía margen de error ha actuado nuevamente en forma errática”.
Encuentro tres razones que hipotéticamente nos podrían explicar los errores y omisiones en la investigación que han señalado en su momento tanto la GIEI como la CNDH:
1. La PGR no cuenta con la capacidad institucional, humana y técnica para investigar un caso de tal magnitud.
2. La PGR fue omisa y actuó con negligencia a pesar de la gravedad del caso.
3. La PGR ha conducido la investigación siguiendo criterios con motivos políticos. Se puede pensar también en una combinación de estos elementos.
Sin embargo, cualquiera de estas explicaciones resulta por sí misma sumamente preocupante. Si no pueden procurar justicia eficientemente ante el caso que está marcando negativamente la credibilidad nacional e internacional de un sexenio, ¿qué pueden esperar entonces los ciudadanos de la justicia en su vida cotidiana?
Desde el domingo pasado se han escuchado diferentes propuestas para reconducir las investigaciones: Realizar otros peritajes, abrir nuevas líneas de investigación, integrar conclusiones y recomendaciones del GIEI a la investigación oficial, organizar un encuentro entre el presidente y los padres de familia, crear una fiscalía independiente para el caso, encargar la investigación a una comisión internacional contra la impunidad tipo Guatemala, pedir juicio político contra Murillo Karam…
Independientemente de la forma en que se redefina o reoriente la investigación en los próximos meses, las conclusiones del GIEI obligan a evaluar seriamente el desempeño de la PGR. En este sentido, si el gobierno y los legisladores están realmente interesados en evitar que la procuración de justicia continúe marcada por el tufo de la impunidad y la incompetencia, deben trabajar de inmediato para acelerar la transición de la PGR en una fiscalía independiente tal como lo establece la reforma política promulgada en febrero de 2014.
El artículo décimo sexto de esta reforma establece que la Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, “entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”. En otras palabras, tendremos fiscalía autónoma hasta que el Congreso legisle sobre el tema.
Este plazo, flexible y generoso para el trabajo legislativo, es hoy inaceptable a la luz de los resultados de la investigación sobre Ayotzinapa. Erradicar la impunidad de nuestra vida pública pasa, entre otras cosas, por garantizar un acceso más eficaz y expedito a la justicia. Proceso que comienza con el trabajo que realizan la PGR y la procuraduría de los estados, el cual supone garantizar procuración de justicia de acuerdo a principios como autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, tal como señala la Constitución.
No hay más vuelta de hoja, la enseñanza del caso Ayotzinapa, los errores y omisiones en la investigación y la crisis de credibilidad de nuestras instituciones, hacen necesario y urgente que los legisladores se pongan de acuerdo para acelerar la trasformación de la PGR en una fiscalía autónoma. Más que debates y señalamientos, lo que tendríamos que esperar de diputados y senadores es mucho trabajo en comisiones para crear las leyes secundarias de las que depende la entrada en vigor de la fiscalía autónoma.
Un último comentario. En el camino el Senado de la República debe repensar cuál es su responsabilidad en la ratificación de funcionarios públicos. El hoy apestado Murillo Karam, sobre el que pende incluso la amenaza del juicio político, fue ratificado como Procurador General de la República el 4 de diciembre de 2012, con 114 senadores votando a favor, y sólo unas horas después de que la Cámara de Diputados votara también a favor su solicitud de licencia como diputado. En el anecdotario político nacional, más bien en la historia universal de la infamia, quedará que ese día, durante su ratificación fast track, señaló que su misión sería la defensa de la sociedad, sanear la imagen de la institución para recuperar la confianza de la ciudadanía y promover la modernización de nuestro sistema de justicia. La historia no perdona.