En la actualidad, los sindicatos enfrentan el reto de ganarse la confianza de la población de los mexicanos, como lo demuestran diversos estudios de opinión. Por ejemplo, la más reciente encuesta México: confianza en instituciones 2016 de Consulta Mitofsky, sitúa a estas agrupaciones, junto a los diputados y los partidos políticos, entre las instituciones que menor confianza generan entre las personas, de un total de 17 actores públicos evaluados. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Economía y Empleo de la UNAM (2015), casi la mitad de las personas considera a estas asociaciones poco o nada necesarias; aunado a ello, uno de cada cuatro encuestados cree que representan a grupos o líderes corruptos y, uno de cada cinco considera deberían ser más democráticas y transparentes.

 

Esta percepción negativa debe llamar la atención de todos los actores relacionados al ámbito sindical, al igual que de la sociedad y el conjunto de sus instituciones, a fin de revertir el desafecto hacia estas entidades, máxime si se tiene en cuenta que las mismas han fungido como agentes de cambio en la vida pública. Su potencial de articulación de demandas y de movilización, les ha permitido en muchos casos generar mejores condiciones en favor de los trabajadores, al igual que dar resonancia a diversas causas en la arena pública, como las abanderadas por organismos civiles, o movimientos estudiantiles y campesinos.

 

Considerando su relevancia para la sociedad, un primer acercamiento al cambio sindical se dio con la reforma laboral de 2012, al introducir componentes de transparencia, democracia y rendición de cuentas sobre aspectos de la vida interna gremial, abriendo canales de información entre los asociados, dirigentes y autoridades en la materia. Este cambio de paradigma alcanza a la diversidad de colectivos del país, desde los menos numerosos, hasta aquellos que registran miles o cientos de miles de trabajadores e, incluso, superan el millón. Para tener una aproximación de la amplitud de este universo, a finales de 2016, a nivel federal contaban con registro vigente más de 3,200 organizaciones de todos los sectores del desarrollo social y económico, tanto de carácter público como privado; al que se debe sumar a las inscritas en lo local.

 

Estos avances se ampliaron en 2014, al reconocerse constitucionalmente a los sindicatos que reciben y ejercen recursos del erario como sujetos obligados en materia de transparencia. El INAI ha registrado a 141 agrupaciones de este tipo, las que, junto con las instituciones que les otorgan apoyos financieros, deben poner a disposición pública un conjunto de tópicos informativos, y, a su vez, atender solicitudes de información respecto a los recursos recibidos de parte de la Federación.

 

El interés de la sociedad a saber sobre este sector es evidente. Desde que la Ley General de Transparencia entró plenamente en vigor, en mayo de 2016, a la actualidad, sus organizaciones han recibido casi 3 mil 500 requerimientos por parte de la población, en promedio 345 por mes, en buena parte centrados en la recepción, uso y destino de los recursos públicos que les han sido otorgados para diversas prestaciones en favor de los trabajadores. Es de destacar que, del total de las respuestas emitidas por las asociaciones gremiales, cerca del 5% han sido recurridas por los peticionarios ante el INAI, al considerar no satisfecha su pretensión a conocer; en la mayoría de los casos estas determinaciones fueron revocadas o modificadas al considerarse fundado el agravio formulado por los particulares.

 

Estas cifras reflejan el cumplimiento de los requerimientos informativos de la población; sin embargo, para evaluar el compromiso de estas instancias con la transparencia es necesario tomar en cuenta otros indicadores. Un primer ejercicio que apunta en ese sentido es la Métrica de Gobierno Abierto 2017 del CIDE, en la que los sindicatos registran el más bajo índice de desempeño en la implementación de acciones de transparencia y participación ciudadana implementadas, de entre todos los sujetos obligados en la materia. Esta situación, concluye este estudio, puede originarse porque la estructura y capacidades internas para responder a los requerimientos ciudadanos, así como el tipo de información generada, no son equivalentes a las desplegadas por las instituciones públicas, además de la variabilidad existente en el número de integrantes y recursos disponibles al interior de estas agrupaciones.

 

Lo anterior pone en relieve que la apertura informativa implica el desarrollo de prácticas y el despliegue de nuevas habilidades organizacionales y tecnológicas que sustenten el tránsito hacia una cultura de apertura sindical, como cambio paradigmático que asuma la transparencia y el acceso a la información como valores en el quehacer cotidiano de las organizaciones gremiales.

 

El INAI ha abonado a dicho propósito, a través de la vinculación con diversos sindicatos con el objetivo de apoyar el cambio actitudinal, sensibilizarlos en el tema y además proporcionarles las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus nuevas obligaciones. Todo ello mediante cursos en línea y presenciales sobre el marco legal del acceso a la información, aspectos tecnológicos relacionados con él y temas de archivística, además de asesorías grupales e individuales, al igual que la realización de eventos de análisis y reflexión sobre estos temas.

 

La salvaguarda del acceso a la información no debe ser concebida como una carga onerosa, ni mucho menos como una afectación a la autonomía sindical. Por el contrario, al poner bajo el escrutinio la recepción y ejercicio de recursos públicos, se fortalece la vida interna de las asociaciones gremiales, por ser una vía para combatir prácticas nocivas, entre ellas el desvío de fondos, hechos de corrupción y conflicto de intereses, que las alejan del cumplimiento de sus fines primordiales. Asimismo, tiene el potencial para coadyuvar a que los sindicatos recobren la confianza de aquellas personas que se la han retirado, al tiempo de atender el reclamo de quienes demandan mayor transparencia y rendición de cuentas de su vida interna y su conducción en el ámbito público; lo cual les dotará de la legitimidad necesaria en la defensa de los trabajadores.

 

areli.cano@gmail.com

@OpinionLSR


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