El ejercicio del periodismo ha tenido una historia ardua y compleja en nuestro país. Como comunidad política, nos ha sido muy difícil conquistar las libertades de expresión y el derecho a la información de las que gozamos.
Venciendo demasiadas resistencias, la lucha de las y los periodistas está dando sus frutos, por lo que hoy en día contamos con una enorme gama de opciones para informarnos de forma cotidiana acerca de los problemas nacionales, de los eventos culturales y los espectáculos de masas.
No obstante, a pesar de que existe un gran avance en la libertad de expresión, las amenazas a la prensa y a las libertades y derechos que representa, persisten, subsisten.
En efecto, silenciar las voces de los periodistas es una tentación difícil de vencer, y que hoy en día se hace presente con nuevos ropajes. Aparece o como la violencia de la delincuencia o como criminalización de la prensa.
El ejemplo más claro y reciente de ambos casos es Veracruz.
De acuerdo a la organización Artículo 19, el estado de Veracruz es una de las entidades federativas más peligrosa del país para ejercer la profesión de periodista. Durante los últimos seis años –o, en otras palabras-, durante la administración de Javier Duarte, se ha registrado el asesinato de, al menos, 15 periodistas.
Sin embargo, otros organismos y medios de comunicación locales contabilizan hasta 19 periodistas asesinados.
Los asesinatos no son un evento aislado, sino que se acompañan de desapariciones, desplazamientos y agresiones. Por ejemplo, tan solo en 2015 se registró la cantidad de 67 agresiones a periodistas que van desde la violencia verbal, hasta la física letal.
Más preocupante aún es que una gran cantidad de las agresiones provengan de las fuerzas de seguridad pública: policías estatales, autoridades municipales, inclusive, del Ejército y de la Marina.
Pero lo que sucede en Veracruz, más bien es representativo de lo que acontece en el resto del país.
Diversos organismos internacionales han documentado la terrible crisis de seguridad en que se realiza periodismo en México. Por ejemplo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reportó que en 2015 México se colocó en el séptimo sitio, de los 20 países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión[1].
Otras organizaciones han evidenciado las pocas garantías que en nuestro país se ofrecen para el oficio. Por ejemplo, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 –que mide la “salud informativa” de distintas naciones-, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) colocó a México en el lugar 148 de entre 180 países[2]. Es decir, a 148 sitios de distancia de Finlandia (primer lugar) y a solo 32 lugares de Corea del Norte (último sitio).
No obstante, si en brindar seguridad hacia el oficio y proveer garantías para su ejercicio estamos reprobados, en el tema de asesinatos es aún peor. Según la RSF, de 2006 a 2015, en México se registró el asesinato de 44 periodistas como consecuencia del ejercicio de su profesión[3].
Por su parte, Artículo 19 ha reportado 54 periodistas asesinados durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y 9 más en los dos primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, lo que arroja un resultado de 63 periodistas ejecutados de 2006 a 2014[4].
Ante estos crímenes, en muchos de estos casos la respuesta de los gobiernos ha sido la criminalización de la prensa. Para salir al paso de las críticas ante la falta de garantías, las autoridades no dudan en vincular al periodista asesinado con el crimen organizado. Las acusaciones, se lanzan sin investigaciones ministeriales, sin indicios y a veces de oídas. Nuevamente, Javier Duarte en Veracruz, es un caso representativo.
Resulta paradójico observar que, a partir de la alternancia en el gobierno en el año 2000, y de nuestra inserción a la democracia y la modernidad, la situación de la prensa es de mayor vulnerabilidad y sujeta a un golpeteo de mayor agresividad.
Esto evidentemente responde a un contexto de mayor pluralidad e independencia de los medios de comunicación. En este nuevo arreglo institucional (el democrático), la prensa adquirió mayor autonomía en sus decisiones y políticas informativas.
En este sentido, los medios de comunicación devinieron en factores importantes de confrontación ideológica y actores clave en la competencia política y electoral. Al mismo tiempo, adquirieron un mayor peso en la denuncia de los grupos criminales y de sus contubernios con las autoridades policiales y de gobierno.
Sin embargo, la ganancia y fortaleza que la prensa ganó con el bono democrático coincidió con un clima de indiferencia política, debilidad institucional, y con un contexto de lucha encarnizada entre organizaciones criminales por el control territorial.
En un ambiente de guerra como el que se vive en Veracruz, Guerrero o Tamaulipas la tarea de la prensa resulta sumamente molesta para los gobiernos estatales y municipales –que ejercen el poder como verdaderos virreyes- y para los capos de las drogas que necesitan corromper y transar a esas mismas autoridades.
De ahí el crecimiento de las cifras de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas, sobre todo en los estados con fuerte presencia del narcotráfico.
También se explica la forma tan violenta con que a los periodistas se les da muerte. Por ejemplo, si uno revisa los reportes de los periodistas asesinados en Veracruz, pronto salta a la vista que casi todos fueron sometidos a un ritual de mortificación de los cuerpos: mutilados, torturados.
Es decir, no solo se trata de eliminar a quien es molesto, sino de enviar mensajes, sembrar el terror, disciplinar y silenciar a la prensa.
Quizás algún representante de los medios de comunicación (o varios) estén vinculados de una u otra forma con el crimen organizado. Eso no lo sabemos. Pero para afirmarlo, se requiere de una investigación transparente e imparcial. De lo contrario, la sospecha necesariamente recaerá en quien acusa. No solo porque lo hace sin fundamentos, sino porque además acusa al que ya no tiene voz.
En México pareciera que el periodista, cuyo oficio es ejercer la libertad de expresión, la crítica y la denuncia de la corrupción gubernamental, estuviese condenado a informar entre la indiferencia, la violencia y la impunidad. El ser periodista en México y, sobre todo, en Veracruz es ganarse un viaje al inframundo. Luchemos por revertir esto.
[3] Reporteros Sin Fronteras (n.d.) 2015: Periodistas Muertos. Reporteros Sin Fronteras [En línea] Disponible aquí.
El ejercicio del periodismo ha tenido una historia ardua y compleja en nuestro país. Como comunidad política, nos ha sido muy difícil conquistar las libertades de expresión y el derecho a la información de las que gozamos.