La violencia en nuestro país no cesa, y adquiere nuevos e indignantes caminos que amenazan con convertir a nuestro país en un Estado fallido. En varias entidades y regiones ya puede afirmarse que el Estado ha colapsado.

Los vacíos de autoridad, la falta del Estado de derecho, la colusión entre políticos y delincuentes, la falta de una auténtica reforma policial en los estados y municipios, entre muchas otras razones, han generado que la criminalidad vaya en aumento y los delincuentes se hayan empoderado y cada vez sean más sanguinarios.

La inseguridad ha propiciado cientos de miles de víctimas, afectado severamente la actividad económica, erosionado la tranquilidad pública y sembrado miedo en millones de mexicanos. La impunidad, los crímenes sin castigo, son la constante.

El nuevo sistema acusatorio penal le ha caído como anillo al dedo a los criminales que hoy tienen mayor margen para eludir la acción de la justicia. Ministerios públicos y jueces corruptos utilizan, también, como pretexto este sistema de justicia penal para liberar delincuentes, revictimizando a los agredidos, a los asesinados, enraizando la impunidad y debilitando a la sociedad.

En ese contexto, esta semana fue abundante, desafortunadamente, de acontecimientos extremos que dan cuenta del horror de la violencia nacional.

Han sido motivo de gran indignación y repudio el asesinato de un niño de dos años, la violación de su madre y hermana en presencia del padre, todos de una familia,  en la carretera México -Puebla; el tema de huachicoleros y su ataque a miembros de las Fuerzas Armadas que costó la vida a cuatro integrantes de la milicia; así como el asesinato de una joven en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México el pasado 3 de abril, Lesby de 22 años, que fue estigmatizada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Estos hechos brutales son estampas de la barbarie nacional, son las escenas dantescas del México contemporáneo.

A la incapacidad de las autoridades para brindar seguridad a la población y castigar a los delincuentes, se suma la estigmatización de las víctimas, como en el caso de Lesvy, a la que en tuits grotescos la Procuraduría capitalina ofendió ya muerta.

Ello dio pie a que usuarias en las redes sociales, con gran tino, acuñaran el hashtag #SiMeMatan, que fue viral, y que es la respuesta contundente a la criminalización de las víctimas que cada día está más extendida en el país, por parte de gobiernos y ministerios públicos que su primera reacción es descalificar a quienes sufren la violencia criminal, en especial esta postura se ha ensañado contra las mujeres.

Entre otras cosas terribles, y que no venían al caso, la procuraduría capitalina difundió en tuits: "su madre y su novio aseguraron que ella no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias". "El día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose".

Estos tuits generaron un gran malestar y, no obstante que el procurador Rodolfo Rios Garza ordenó borrarlos, el daño ya estaba hecho e ilustra la visión torcida del ministerio público de la capital del país, que es la misma de sus similares en prácticamente toda la República.

Desde diferentes cuentas de redes sociales surgieron tuits contundentes y valientes de mujeres con el hashtag #SiMeMatan, explicando lo que dirían las autoridades acerca de dichas usuarias en el hipotético caso de ser asesinadas, con un fino toque de ironía, pero con suma contundencia, cuestionando la actitud misógina y la criminalización de las mujeres que sufren actos de violencia, incluyendo desde luego homicidios y feminicidios.

La criminalización y la estigmatización de las víctimas es el camino de la impunidad y la justificación de autoridades irresponsables e incapaces para no resolver los crímenes.

Es lo más común frente a la escalada de homicidios dolosos, que desde los gobiernos digan en automático que los asesinatos son ajustes de cuentas entre miembros de la delincuencia organizada, o que la víctima era un criminal. Seguramente en diferentes casos así sea, pero las autoridades, y más el ministerio público, están para perseguir delitos, no para buscar justificaciones ni para descalificar a los agredidos.

La violencia, en especial la violencia feminicida, ha ido en aumento, con su carga de misoginia y discriminación. No podemos tolerarlo ni permitirlo. ¡Ya basta!

@RicardoMeb


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