De acuerdo con la información recopilada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la que recibiera durante su visita in loco, en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento, sobre todo en algunos estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, a pesar de las reformas constitucionales y legislativas y la adopción de medidas para salvaguardar su integridad, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012.

 

A través de la Relatoría, la CIDH constata la grave situación de violencia que padecen periodistas, personas defensoras de derechos humanos, así como comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, y concluyen de manera contundente que este es un grupo poblacional especialmente vulnerable.

 

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2010 y 2015 más de 55 periodistas fueron asesinados y la mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en aquellos casos en donde se desconoce a los autores intelectuales, hecho que ha impedido establecer si existe una conexión con la labor informativa de las víctimas.

 

El informe también destaca que en los estados en donde existe una fuerte presencia del crimen organizado, la violencia contra periodistas se ha visto especialmente agudizada. La información recabada por la Relatoría permite afirmar, con absoluta gravedad y preocupación, que en su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado asuntos de corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.

 

El informe también hace una revisión exhaustiva sobre los casos de desapariciones y ataques contra la vida e integridad de periodistas por parte de agentes estatales y no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e intercepción de las comunicaciones.

 

En nuestro país, “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015. De ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. Desde el 2013 cuando se le otorgo la facultad de atracción, esta Fiscalía la ha ejercido en 40 casos. La Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia[i]”.

 

Estos crímenes tienen, además, un efecto que amedrenta a otros profesionales de los medios de comunicación y a las personas que pretenden denunciar abusos o actos ilícitos de cualquier naturaleza, lo que abona a los altos índices de delitos no denunciados que coronan la impunidad en nuestro país.

 

A esta preocupante situación se suman también los ataques públicos de la señora Isabel Miranda de Wallace en contra de la CIDH, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez; y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, que de manera coordinada con el Gobierno Federal pretenden justificar el rechazo a las recomendaciones internacionales.

 

El pasado 4 de marzo, en la estación 104.1 FM de la cadena Radio Fórmula, Isabel Miranda de Wallace dio a conocer información inexacta y de mala fe durante una entrevista realizada en el programa “Por la mañana” con Ciro Gómez Leyva.

 

En dicha entrevista afirmó que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, “les facilita las cosas a una red de corrupción que usa los derechos humanos para liberar criminales[ii]”.

 

Aseguró también que Juan Méndez hace recomendaciones de forma banal y sin metodología, respaldándose de personas como José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), obtiene recomendaciones, libera criminales e incluso les consigue dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

Adicionalmente, la dirigente de la organización Alto al Secuestro difundió un organigrama sobre el supuesto “modus operandi” en que vincula a activistas y profesionistas que en diversos momentos han laborado en la CIDH, SEGOB, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la CNDH, así como en las organizaciones de la sociedad civil la CMDPDH, I(DH)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Center for Justice and International Law (CEJIL). Acompaña este organigrama con fotografías de las personas a las que acusa de formar esta presunta red.

 

Desacreditar la labor de las organizaciones internacionales o nacionales que defienden los derechos humanos, mientras el propio gobierno federal se niega a aceptar los diagnósticos internacionales genera un panorama doblemente enrarecido en donde las víctimas siguen siendo ignoradas, las violaciones a derechos humanos se siguen cometiendo de manera sistemática, y se incrementa el riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos.

 

Este tipo de descrédito mediático golpea no sólo a víctimas de secuestro, sino a todas las víctimas de múltiples violaciones a derechos humanos que han encontrado respaldo y protección en organizaciones, activistas y profesionistas que desde hace años han luchado por la promoción y protección de los derechos humanos, con profesionalismo y amplio reconocimiento.

 

Es por ello que la recomendación de la Relatoría Especial mediante la cual exhorta al Estado a implementar estrategias para que las diferentes instituciones, tanto a nivel federal como estatal, trabajen de manera articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección y procuración de justicia en las agresiones contra las y los defensores de derechos humanos y de periodistas, no puede ser rechazada.

 

La buena disposición para recibir a las Relatorías en sus visitas in loco, o a la propia CIDH no es suficiente. De nada sirve aceptar las visitas si después se niegan los resultados y se rechaza la cooperación internacional a la que estamos obligados como Estado firmante.

 

Los testimonios de las víctimas, las familias y la sociedad civil no pueden seguir siendo tomadas como fragmentos no veraces de una versión que el Gobierno se niega a aceptar.

 

Hasta que las Recomendaciones no sean aceptadas y cumplidas, las cifras de violencia e impunidad seguirán creciendo de manera alarmante y será sumamente difícil retomar el rumbo como un Estado protector de los derechos humanos.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

[i] Informe CIDH

[ii] Véase Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda., audio disponible.

 



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