Esta semana presenté junto con mis compañeros diputados locales de Movimiento Ciudadano en Guerrero una iniciativa para reformar en materia educativa los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de la República.

 

Por la vía legislativa hay diferentes opciones para promover dar marcha atrás a los aspectos nocivos de la reforma educativa:

 

1. Que diputados federales o senadores promuevan una iniciativa para derogar la reforma constitucional y abrogar las leyes reglamentarias.

 

2. Que Legislaturas locales presenten esta reforma, que es la vía que desde nuestro espacio legislativo estamos proponiendo.

 

3. Que los maestros y maestras promuevan una iniciativa ciudadana, como lo establece la fracción IV del artículo 71 de la Carta Magna.

 

Se puede intentar cualquier de esas alternativas e incluso las tres y ya en las Cámaras dictaminarlas conjuntamente.

 

Evidentemente cualquiera de las opciones para ser viable requiere el apoyo mayoritario en el Congreso federal y ahí están las resistencias más severas. Los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) se mantienen en su postura de mantener en sus términos la reforma educativa a pesar de sus inconvenientes y problemas.

 

Me enfocaré en el camino que diputados locales de Guerrero estamos proponiendo. En ejercicio del derecho de iniciativa que tienen las Legislaturas de los Estados que se establece en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de la República, planteamos que el Congreso de Guerrero, eleve a la consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto mediante la cual se reforman los artículos 3°, fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se deroga la fracción IX del artículo 3°, de la Constitución Política.

 

Asimismo, para el debido cumplimiento de dichas reformas constitucionales, se proponen los artículos transitorios, para abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; así como derogar todas aquellas disposiciones de la Ley General de Educación que se opongan a lo establecido la propuesta.

 

En síntesis la iniciativa propone echar abajo la mal llamada reforma educativa (en realidad laboral), que tanta polarización, encono y problemas ha traído al país y a estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

 

Las Legislaturas de los estados tiene la facultad de presentar iniciativas en materia federal y queremos que se haga valer este derecho, que no se ejerce como es debido porque sigue prevaleciendo el centralismo y la auto limitación de los Congresos Locales que siguen la línea de los gobernadores y no las necesidades de sus estados.

 

En temas tan sensibles como el de la llamada reforma educativa que tiene más de tres años y medio tratando de imponerse, es claro que la misma ha generado rupturas entre la ley y una parte muy importante de la sociedad.

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su publicación “Seguridad humana, prevención de conflictos y paz en América Latina y el Caribe” refiere que el imperio de la ley sólo lo es cuando ordena relaciones capaces de generar bien desde la libertad de los partícipes.

 

El jurista Luis Seguí Sentagne[1], ha profundizado en el tema señalando que “La elaboración de una política… seria, cuya plasmación es un texto legal… requiere mucho trabajo de estudio del derecho comparado, de conocimiento de la realidad social en la que ha de aplicarse, de reflexión no sólo jurídica sino también ética y moral, porque de lo que se trata es de conseguir un equilibrio entre derechos y obligaciones que garantice un despliegue lo más armónico posible de los lazos sociales…”.

 

No obstantes los avances que la doctrina ha realizado respecto a la importancia de la realidad social en la construcción de las normas jurídicas de una sociedad, en los que se reconoce el valor primordial de la participación del pueblo en la definición de lo que tienen en común por bien para legitimación de la ley, el Ejecutivo Federal promulgó la Reforma Educativa, sin tomar en consideración la perspectiva de los sujetos a quienes se aplicaría. Toda la lógica de la reforma ha sido la imposición y los señalamientos en contra del magisterio nacional.

 

Esta situación, la advertimos 39 legisladores en diciembre de 2012, representantes populares que emitimos nuestro voto en contra de la reforma educativa y otros 10 más que se abstuvieron. Así lo hice mediante un voto particular que emití, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, en contra del dictamen de la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución en materia educativa.

 

Como bien se advirtió desde la discusión de este dictamen de la iniciativa aludida “…las cosas que mal empiezan es seguro que acaben de la misma manera…”.

 

La historia se ha encargado de comprobar que la reforma educativa, como lo vaticinamos, es una muestra clara del autoritarismo, de la imposición de la política del garrote[2], disfrazando una reforma laboral, promulgada no en razón de las necesidades de los ciudadanos, sino de las del Gobierno Federal para imponerse y mantenerse en el poder a sabiendas de la existencia de un rechazo popular que crece en la medida en la que sus dictados siguen afectando a los mexicanos.

 

A tres años y medio de la aprobación de esta reforma, en la que se impuso un modelo laboral y administrativo, que incluye nuevos mecanismos de acceso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente, las leyes secundarias de la reforma educativa han provocado abiertos reclamos del magisterio y de sectores académicos en todo el país. Esta reforma no se ha podido cristalizar y sólo ha logrado paralizar el país.

 

La respuesta por parte del Gobierno, lejos de volver a las bases de las ideas políticas establecidas en la antigua Grecia[3], de abrir las puertas al dialogo como una vía para dirimir las controversias que ha provocado la imposición de la reforma educativa, ha optado por que estas se resuelvan a través de la violencia y la venganza política.

 

La reforma educativa, también se ha cobrado su cuota de sangre, en Nochixtlán, Oaxaca, la lucha por la educación de pronto se transformó, literalmente, en una batalla, en la que lamentablemente perdieron la vida nueve personas.

 

Por otra parte, especialistas e investigadores han evidenciado las fallas e inconsistencias en la aplicación de la reforma educativa, por ejemplo, César Navarro Gallegos, profesor-investigador del Instituto José María Luis Mora, ha señalado que la reforma educativa nació esterilizada de todo contenido educativo y pedagógico; asimismo afirma que pese a que la reforma prometió que cada nuevo docente que ingresara bajo los nuevos mecanismos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) estaría acompañado de un tutor para vigilar su desempeño, esto nunca ha ocurrido, puesto que no se cuenta con esos miles de tutores; señala además que la reforma también prometió un nuevo modelo de formación con perspectiva pedagógica distinta y acorde con el México del siglo XXI, cosa que hasta ahora carece de todo contenido educativo y pedagógico; refiere además que tampoco se ha cumplido con uno de los artículos transitorios de la LGSPD, de que se realizaría a la brevedad un diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales.

 

Por otra parte, un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado, denominado “La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido a lo realizado”, destaca en sus conclusiones que el proceso de evaluación aplicado a los docentes en noviembre pasado a poco más de cien mil docentes no permite conocer las prácticas pedagógicas o de dirección y gestión de los sujetos evaluados.

 

Se ha demostrado que esta reforma estructural se dictó alejada de la realidad social de nuestro país, lo que se ha traducido hasta ahora en un contexto de agravios y cuestionamientos, que se complica, día a día, a causa del Estado que se ha empecinado en imponer la prioridad de la ley por sobre del bien común.

 

Por ello, la bancada de los ciudadanos proponemos una reforma educativa que permita regresar a la estabilidad del sector educativo en nuestro país, a efecto de que en un futuro se realicen las modificaciones necesarias al marco normativo nacional, que permitan mejorar realmente la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, partiendo de las bases dictadas por la realidad social sobre la cual se ha de intervenir, involucrando a todos los sectores involucrados en la transformación educativa.

 

La "Reforma Educativa" del gobierno federal y el Pacto por México ya fracasaron. La vía pacífica para echarla abajo es el Congreso. Ya no más cuotas de sangre ni enconos entre sectores sociales.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

[1] Luis Segui Sentagne- Abogado, Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano.

[2] Política del Gran Garrote. Formulada por el presidente Teodoro Roosevelt (1901-1909) basada en la aplicación del uso de la fuerza contra los países que se negaran a aceptar las ofertas comerciales de los Estados Unidos de Norteamérica.

[3] En la historia de las ideas políticas se registra que fueron los griegos los primeros en darle al diálogo una importancia desde la perspectiva del individuo y, aún más amplio, desde la multitud de la sociedad.



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