La foto circuló en redes sociales hace unos dos años. Tres militares en ropa de campaña, con sus camisetas de camuflaje, afanados en cocinar a la intemperie carne, frijoles, tortillas, café en la punta de un cerro escarpado.
La frase que acompañaba a la imagen era contundente: “Se ve bien, pero está mal”, firmaba alguno de los soldados.
Lo mismo ocurre con el discurso pronunciado de manera inédita, histórica, el sábado 16 de abril por el general secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda, para ofrecer disculpas públicas por los actos de tortura cometidos por al menos dos elementos de tropa en contra de una mujer detenida en un operativo en febrero de 2015.
Se vio bien, mediáticamente, lo hecho por el general Cienfuegos, pero en el fondo estuvo mal; el mensaje del alto mando sembró la duda sobre cuántos casos de tortura de militares a civiles han ocurrido al menos en este sexenio, en cuántos casos el abuso militar fue permitido, tolerado o incluso ordenado por oficiales y mandos como método común para proceder contra la delincuencia organizada.
Cienfuegos dijo en su discurso “no se deben emitir, ni cumplir órdenes contrarias a la disciplina militar; esto está en nuestras funciones, en nuestra cultura profesional militar, en nuestra doctrina, y en nuestras leyes y reglamentos”.
¿Por qué la advertencia?
Más a fondo, en la médula del discurso y los hechos, el acto que desde Los Pinos se le ordenó a Cienfuegos cumplir reveló el tamaño de la crisis interna que se vive en la Sedena para hacer que la tropa y sus jefes respeten los derechos humanos de la población.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la Sedena del 2012 al presente año, revela también una parte del tamaño de la crisis que se centra no sólo en la fallida aplicación de una doctrina formativa en materia de respeto a los derechos humanos, sino también en la ausencia de mecanismos jurídicos para delimitar las facultades y misiones de las fuerzas armadas y de la Policía Federal en la lucha contra la delincuencia.
En 2012, la Sedena destinó 69 millones de pesos a su Dirección General de Derechos Humanos. En 2013 la cifra fue de 76 millones de pesos y aumentó a casi el doble (131millones de pesos) en 2014. El año pasado el presupuesto para esta área disminuyó en cuatro millones de pesos para quedar en 127 millones.
Este año se ejercen 83 millones de pesos para los trabajos de difusión y capacitación interna en el respeto a los derechos humanos por parte de quienes pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¿Existe alguna relación causal entre la persistencia en las violaciones a las garantías individuales y la oscilación del presupuesto asignado a esta parte del adoctrinamiento militar?
Si no hay relación alguna, el problema es más delicado y profundo y tendría que ver con un dislocamiento en la cadena de mando del ejército encargada de cumplir y hacer cumplir las operaciones de alto impacto y las de apoyo en labores de seguridad pública.
El propio general Cienfuegos lo dijo en su discurso de disculpa: “No se deben emitir, ni cumplir órdenes contrarias a la disciplina militar, esto está en nuestras funciones, en nuestra cultura profesional militar, en nuestra doctrina, y en nuestras leyes y reglamentos”.
¿Para qué recordarle a la tropa y a sus mandos en un acto masivo fuera de agenda y con convocatoria a medios nacionales e internacionales un tema cotidiano en el que la Sedena invertido al menos 486 millones de pesos desde 2012 a la fecha?
¿Alguien en el ejército no ha entendido o no quiere entender? ¿O acaso el respeto a los derechos humanos es contrario a la naturaleza de la institución y a la formación real de sus integrantes, que visualizan en los delincuentes a enemigos a abatir?
Cienfuegos pondera y coloca por encima del Honor, el Valor y la Lealtad a la Disciplina como eje y referencia de la actuación de soldados, oficiales y jefes. Cienfuegos intenta retomar las riendas de la Sedena en un ejercicio de transparencia que llega tarde, forzada y envuelta en claroscuros.
O acaso el respeto a los derechos humanos es contrario a la naturaleza de la institución
Cuando esto ocurre, el discurso revela que el conflicto interno radica precisamente ahí, en la obediencia, en la falta de control, en la ausencia de mecanismos y lineamientos ordenados no solo por el alto mando, sino presentes en la estructura de la institución.
Cienfuegos nos dice que no hay disciplina, al menos en lo que corresponde al respeto a los derechos humanos en este tramo del accionar militar.
El problema es tal que Cienfuegos debe salir a dar la cara, por instrucciones presidenciales, la mañana de un sábado que estaba destinada en realidad a revisar el inicio de los trabajos de fabricación de blindados Toro para la creación de una brigada mecanizada, destinada a participar en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
La orden fue fulminante. Sedena reorganizó la convocatoria para la prensa y llamó a más de 25 mil soldados, oficiales y jefes para que escucharan la disculpa pública del general secretario en un acto que terminó en arenga militar, con gritos de Viva México ye reconocimiento al sacrificio de las familias castrenses. Todo un suceso sin desperdicio histórico.
En estas condiciones se antoja difícil creer que la Sedena tenga un diagnóstico preciso sobre lo que está sucediendo en sus cuarteles, en sus guarniciones, zonas y regiones militares con respecto al tema de los derechos humanos.
Más a fondo aún, la secretaría (así como la Marina y la Policía Federal) sigue viviendo el problema de carecer de un marco jurídico real, adecuado, que delimite sus funciones, señale las atribuciones definitivas de la tropa, de los oficiales y jefes y en el combate a la delincuencia organizada y evite toda clase abusos de la milicia.
No existe en México una Ley General de Uso de la Fuerza o de Procedimientos contra la Delincuencia Organizada. En el sexenio anterior, el general Guillermo Galván se cansó de pedir y exigir una ley que blindara a la tropa y a sus jefes en las acciones de la guerra al narco. Calderón fue omiso y cerrado ante los señalamientos. Fue incapaz, en todo caso, de promover iniciativas reales para que el congreso las conociera y aprobara.
La disculpa pública de Cienfuegos es una alerta naranja, subida de tono, que resume la indolencia, el desinterés y las omisiones de los gobiernos en turno para atender escenarios que en su momento fueron advertidos por los altos mandos militares y navales.
El desgaste del que hablaba Galván y el desprestigio que hoy advierte Cienfuegos, se traducen hoy en una crisis interna, de valores, reconocida tácitamente por el alto mando.
Quizá por eso las disculpas salen sobrando.