La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado hace unos días propone desaparecer las policías municipales y dejar en manos solamente de la Federación y de los gobiernos estatales todo el tema de la seguridad pública.
En los hechos, de lo que se trata es que los gobernadores tengan bajo su competencia toda la fuerza pública que no esté bajo mando federal. No se trata solamente de crear un mando único de policía, sino de desaparecer a las corporaciones municipales.
Quizá a algunos les parezca bien, pero en un texto reciente Miguel Bernardo Treviño hacía la pregunta del millón: ¿Confiaremos toda la seguridad pública a gobiernos estatales que no rinden cuentas y que manejan el presupuesto público con gran opacidad? ¿Le daremos todo el poder a gobernantes que –lo hemos comprobado hasta la saciedad- se manejan como verdaderos virreyes? ¿Se sentiría el lector seguro sabiendo que deben protegerlo y que van a manejar todo el presupuesto de seguridad pública de sus entidades personajes como Ángel Aguirre, Humberto Moreira, Andrés Granier, Emilio González Márquez, Guillermo Padrés o Juan Sabines, por mencionar solamente algunos ejemplos?
Lo cierto es que la iniciativa presidencial da una justificación muy precaria para desaparecer a las policías municipales. El magro diagnóstico, hecho seguramente con premura y escasa reflexión, solamente dice que los policías municipales tienen poca preparación académica, ganan salarios muy bajos y además son muy pocos en cada municipio (la mayoría de municipios del país promedia corporaciones policiacas de no más de 12 elementos, mientras que los 20 municipios más grandes de México agrupan al 25% de todos los elementos policiacos municipales). El problema es que si volteamos a ver a las policías estatales, los datos seguramente no serán mucho mejores, como tampoco lo será la preparación y la ausencia de corrupción.
De hecho, es indispensable que antes de que la reforma sea aprobada, sepamos con claridad en manos de qué personajes vamos a poner por completo nuestra seguridad: ¿Qué casos exitosos de policías estatales podemos encontrar? ¿En qué entidades federativas se cuentan con buenas prácticas policiacas, que hayan permitido bajar los niveles de incidencia delictiva? ¿Qué experiencias de certificación y funcionamiento transparente podemos citar en apoyo a la iniciativa?
Obviamente, la propuesta de Peña Nieto se produce en el contexto de la tragedia de Iguala, de la enorme ola de indignación popular que recorre el país y del bajísimo índice de aprobación que tiene la figura presidencial, cuando apenas van dos años de gobierno. Pero todo eso no debería llevarnos a tomar decisiones improvisadas ni a buscar atajos en la atención del problema más serio que tiene hoy en día nuestro país.
Por el contrario, se requieren muchas más razones, argumentos y evidencias estadísticas que las poquísimas que aparecen en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial. Con información escasa e incompleta no hay forma de tomar buenas decisiones. Lo que está en juego es mucho. Ojalá la prisa no le gane a la razón y podamos abordar soluciones de fondo a los problemas que a todos nos afectan y preocupan.