El rechazo del Tribunal Supremo de Venezuela a la resolución de la justicia chilena de demandar ante la OEA protección para los presos políticos, Leopoldo López y Daniel Ceballos, nos pone ante un caso inédito frente al orden internacional. Y cabe preguntarse, ¿cuál era la intención de la Corte Suprema de Chile con su resolución? Es sabido que Venezuela nunca ha prestado atención a demandas internacionales.
Pero, por otra parte, la tan manida arenga de que nadie se puede inmiscuir en asuntos internos de un país no cabe en este caso, al tratarse de una situación de defensa de derechos humanos fundamentales, que son un deber de todos y cada uno de los miembros de la comunidad internacional.
Es importante destacar que esta es la primera vez que la Corte Suprema de un país integrante de la OEA, emite un fallo invitando a la CIDH a adoptar acciones determinadas. Pero era evidente, y así lo ha señalado la CIDH en varias oportunidades, que para poder cumplir con el mandato que le ha encargado Chile, debe disponer primero de una invitación del país afectado, en este caso Venezuela, para poder constituirse.
El gobierno de Maduro sigue inamovible en su actitud y no permitirá el acceso de la CIDH a investigar casos de derechos humanos, cuestionando la capacidad e independencia de la OEA. Similar posición ha tomado, ante el próximo proceso electoral del 6 de diciembre, a la solicitud de observadores internacionales para poder verificar la transparencia del acto electoral.
El gobierno de Venezuela elude la responsabilidad de ser evaluado por organismos externos, a sabiendas de que los tribunales nacionales venezolanos no han entregado la suficiente protección y, por lo mismo, toma razón la iniciativa de actuación por parte de la jurisdicción internacional, en defensa de los derechos humanos.
Leopoldo López, Daniel Ceballos y más de 70 presos políticos, continúan encarcelados y se han constituido en receptores de resoluciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y gobiernos de distintos países, que han pedido sin suerte alguna, de parte del gobierno venezolano, su liberación.
La pregunta que vale es qué va a ocurrir en este escenario. ¿Es posible que se desconozca la potestad de organismos internacionales y se continúe con el incumplimiento de los derechos humanos más elementales?
Las condiciones de estos presos son inhumanas. López, se encuentra encarcelado en la prisión militar Ramo Verde, donde, en su condición de preso político, se le han conculcado sus derechos más esenciales, como ser humano, y su familia sufre vejaciones antes de poder visitarlo.
Este es el dilema al que la opinión pública internacional debe responder, no de forma indiferente, sino presionando para que los abusos e injusticias terminen de una vez por todas en Venezuela.