Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en su Cuarto Informe de Labores presentado el pasado jueves 17 de noviembre de 2016, lanzó una crítica sin precedente contra la reforma laboral del presidente Enrique Peña Nieto el 28 de abril pasado, acusándola de ser lesiva en contra de los trabajadores.
En un auditorio de más de 500 personas entre las que se encontraban representantes de sectores patronales, de trabajadores, académicos, abogados postulantes, diputados constituyentes, funcionarios públicos del Gobierno de la ciudad de México y del gobierno federal y antes de entregar formalmente su informe de labores a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, expresó la necesidad de “hacer un comentario estrictamente personal” sobre la reforma laboral en curso y en especial ante la inminente desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país.
Las propuestas nunca fueron escuchadas…
El auditorio expectante escuchó un tono de indignación y reclamo de la presidenta Darlene Rojas, porque impulsó foros, mesas de debates, entrevistas, inclusive propuestas alternas de reformas y éstas nunca fueron escuchadas a pesar de reiteradas peticiones para contribuir en su construcción. La iniciativa del Ejecutivo Federal fue aprobada sin considerar voz diferente.
Cuestionó que la reforma se fundamentó “…en un diagnóstico parcial, con una visión centralizada en la que, de nuevo, se hizo a un lado el sentir de actores, justiciables y de los propios tribunales locales de impartición de justicia laboral”.
Darlen Rojas, en tono firme dijo: “Se trata de una reforma contradictoria que pretende, según su propia exposición de motivos: ‘transformar, a profundidad, los procedimientos y actuaciones de las instituciones del estado encargadas de impartir justicia laboral’, pero en el texto no incorpora propuesta alguna para lograrlo.”
Una reforma laboral de apariencia…
La calificó como “…una reforma ‘de apariencia’ para cumplir los compromisos impuestos por la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, pero sin la verdadera intención de mejorar la justicia laboral como un modelo estructural que tenga beneficios a largo plazo.”
Señaló preocupada que el contexto en el que se aprueba esta reforma no ayuda, porque México ha experimentado en las últimas tres décadas, un largo estancamiento económico que ha tenido duras repercusiones sociales.
El escenario internacional, dijo ella, se tornó incierto y nada amigable, el socio comercial más grande y cercano ha cambiado de rostro y todo parece indicar que de rumbo. México no debe ser rehén de intereses de otros países, por aliados que sean nuestros.
México no debe ser rehén de intereses de otros países, por aliados que sean nuestros.
Una reforma por mandato externo…
Dijo la presidenta Darlene con voz firme:
“No podemos y no se debe decidir nuestra legislación en cualquiera de sus disciplinas, por mandato o intromisión de otro país.”
Expuso: “…es una obediencia clara a los intereses económicos de nuestro vecino del norte, esta reforma es sin duda una reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores de este y del otro lado de nuestra frontera, pero sobre todo, atenta claramente contra la soberanía y la gobernabilidad de los Estados miembros de la Federación”.
Un cambio de nombre de los tribunales laborales no resuelve nada...
El auditorio en el que se hacía la crítica pública de la iniciativa presidencial, guardaba un silencio expectante. Darle Rojas siguió cuestionando:
“Hago estas aseveraciones porque una verdadera reforma sobre la justicia laboral va más allá de una modificación constitucional que cambia la impartición de justicia de un poder a otro y que, en sí misma, nada soluciona.”
“Un cambio de nombre al espacio en que se imparte justicia no resuelve nada. El verdadero cambio se lograría con la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral.”
Señaló que la reforma solo dará soluciones parciales, pero lo más grave: contradictorias.
Monopolio en registros sindicales y Contratos Colectivos…
La crítica la centró, la presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en la nueva instancia del gobierno federal que tendrá el monopolio de los registros sindicales y de los contratos colectivos de trabajo. Dijo: “…se habla de autonomía y retiro de la intervención del ejecutivo federal en los conflictos laborales, pero no se dice que esta reforma traerá todo lo contrario”.
La crítica es cierta, porque ésta superestructura registral de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, estará dirigida por una persona leal al sistema, designada por el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto (para no perder el control de estos importantes organismos gremiales) con un cargo que podrá prolongarse hasta por doce años, independientemente del cambio de gobierno federal.
Ésta decisión de centralizar decisiones desde el ejecutivo federal, denunció Darlene Rojas tiene grandes e imperceptibles consecuencias, agravada con la propuesta complementaria para la reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada el 28 de abril pasado y que puede resultar violatoria a la libertad sindical, al permitir la injerencia de la autoridad y del propio patrón en la voluntad de los empleados.
En esta reforma laboral de apariencia, como la llamó la presidenta Darlene Rojas, los trabajadores quedan como meros espectadores de las componendas dentro de los centros de trabajo. Dijo, porque no existe ninguna viabilidad para hacer efectiva la autonomía de los nacientes tribunales nominales. No existe previsión alguna para lograr el cambio propuesto.
Serán miles de expedientes sin recursos, ni presupuesto necesario…
Dijo enfática: La gran apuesta es la “desaparición” de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el gran riesgo: el colapso de la justicia laboral.
Para demostrar la inviabilidad de la propuesta dio un ejemplo concreto, basado en las demandas de ese tribunal: “sí hacemos una lectura simplista de la reforma, tenemos que, dentro del año siguiente a la aprobación de la misma, los más de treinta y cuatro mil asuntos recibidos anualmente, tendrían primero que atenderse en un órgano descentralizado para su previa conciliación”.
Dijo ella: Suena más fácil de lo que en realidad es. Únicamente lo que atañe a las notificaciones de tantos asuntos, mismos que de no conciliarse, pasarían a los “nuevos tribunales” ¿cuánto tiempo transcurriría en ese proceso?
Darlene comentó: Siendo realistas: nuestra Junta Local de la Ciudad de México atendió más de 34 mil demandas; resolvió 38 mil 500 de las cuales 12 mil 700 se solucionaron por conciliación, además de celebrar 30 mil 900 convenios fuera de juicio, entre 20 juntas especiales, atendidos por casi 1,100 trabajadores que laboran en esa institución, con un presupuesto de 457 millones de pesos anuales.
La presidenta hizo una conjetura basada en la experiencia de la Junta Local de la Ciudad de México: #El órgano desconcentrado previsto recibiría las 34 mil demandas, además de aprobar los 30 mil convenios fuera de juicio que beneficiaron a más de 41 mil 500 personas eso antes de iniciar el proceso jurisdiccional. Nuevamente nos preguntamos: ¿dónde está la asignación presupuestal para crearlo?
Reforma laboral de papel…
Darlene Rojas dijo: Los cambios en la ley sólo serían en la letra nos guste o no. Sí no existe un verdadero interés en invertir recursos, serán imposibles de cumplir las nuevas disposiciones.
Regresaríamos al sistema colonial con la consigna de “obedézcase, pero no se cumpla”. La justicia laboral no puede permitir esto.
Manifestó la necesidad de que la reforma contemple una justicia sin dilaciones, en el que se respete el principio de veracidad y de garantías en el debido proceso. Que la oralidad sea un vehículo de acercamiento y no de agotamiento dentro del juicio, que se implemente las notificaciones electrónicas, que se dote de verdaderas atribuciones para hacer cumplir sus determinaciones.
Señaló enfática que la reforma laboral debe tomar en cuenta a los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes cuentan con toda la experiencia en materia laboral para auxiliar en el mejoramiento de la justica con carácter social.
Anunció, con el fin de sumar esfuerzos convocará a foros en el que participen los titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de todo el país, para buscar una propuesta conjunta de todas las instituciones y pidió apoyo a los diputados constituyentes de confluir en una reforma laboral más eficaz y autónoma.
Debe ser una convocatoria incluyente en el que participen todos los actores inmersos en la aplicación de la tan maltratada justicia laboral.