Arranca el 2017 y es la oportunidad de implementar acciones concretas para remontar el panorama poco halagüeño que se nos presenta. Nuestro objetivo debe ser mejorar la vida cotidiana de los mexicanos. En particular, al INAI y sus homólogos estatales nos corresponde salvaguardar los derechos de acceso a información pública y de protección de datos personales para colaborar con la transparencia y acceso a información, el control de la corrupción y generar condiciones para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

 

Pero, ¿qué debemos hacer? Hace unas semanas, presentamos públicamente la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública (ENAID). Sus resultados nos proporcionan un diagnóstico puntual de los retos que enfrentamos para que el derecho de acceso a la información (DAI) sea garantizado para todos los mexicanos en cualquier rincón del país, para que la información pública responda a las necesidades específicas de la población y para que sea útil para atender los principales problemas del país.

 

A 13 años de la construcción del marco jurídico e institucional para ejercer el DAI, nuestro país es reconocido mundialmente por disponer de mecanismos pioneros e innovadores en la materia. Se ha construido un aparato cuasijurisdiccional que ha permitido garantizar el DAI de forma adecuada. Sin embargo, la ENAID revela que estos avances deben ser fortalecidos y complementados y, aún más importante, marca la pauta para una nueva agenda del INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, una que a partir de este año vaya más allá de la resolución de impugnaciones a las respuestas insatisfactorias que dan los sujetos obligados. Se perfila una nueva etapa en la que es necesario impulsar, fortalecer e implementar las políticas públicas de transparencia y acceso que generen información que responda a las necesidades de la población y se diseñen mecanismos de acceso innovadores y que permitan usarla efectivamente.

 

La ENAID señala que pocos mexicanos ejercen este derecho. El 50.6% de la población conoce la legislación de transparencia y las instituciones garantes del DAI, pero sólo el 5.6% ha realizado una solicitud de acceso a la información pública. Es necesario identificar las razones que desincentivan la búsqueda de información pública y, sobre todo, crear mecanismos para facilitar el acceso a ella u ofertar información atractiva y útil para la población.

 

Hasta hoy se ha privilegiado la Internet como mecanismo de acceso a información pública. La ENAID señala que el 44% de la población utiliza este medio para obtener información del gobierno. Sin embargo, sólo el 42.6% no tienen acceso a ella, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015. Quizá por esa razón la ENAID también señala que el 20% de la población acude directamente a las instituciones públicas porque, por ejemplo,  viven en comunidades alejadas. Por estas razones, es tiempo de que la información esté al alcance de la población.

 

Hoy las personas deben ir a buscar la información; es necesario cambiar esa situación: la información debe estar ahí cuando las personas la requieran y decidan utilizarla para mejorar su toma de decisiones o para exigir y ejercer sus derechos. Por lo tanto, los sujetos obligados debemos ser sensibles a las necesidades de información de la población y adelantarnos publicándola en los formatos que convengan a los distintos grupos de población que la necesita. Por estas razones es tiempo de fortalecer la  transparencia proactiva. La ENAID nos señala los temas que más interesan a los mexicanos mayores de edad: trámites y servicios, escuelas, hospitales, campañas de salud pública, y servicios de seguridad pública.

 

Otro dato relevante que nos revela la ENAID es que la información existente no siempre es considerada confiable por los actores interesados en ella, lo cual desincentiva su uso. Hasta ahora, el 70% de las personas que escucharon o leyeron información del gobierno no confía en ella. Nuevamente, la transparencia proactiva cobra relevancia para enfrentar este reto. Sin esperar  a que nos pidan información, las instituciones públicas debemos comenzar a publicarla con base en la detección previa de las necesidades de la población y, al utilizarla para su beneficio, podremos comenzar a restaurar la confianza en ella.

 

Definitivamente estamos ante una nueva etapa del DAI en México. La información pública debe ser relevante, accesible y oportuna para motivar a los mexicanos a solicitarla y usarla cotidianamente en la defensa de sus derechos fundamentales, así como para exigir políticas y programas públicos que les beneficien. Sin descuidar los avances cuasijurisdiccionales logrados, el INAI y los órganos garantes estatales, coordinados en el Sistema Nacional de Transparencia, debemos trabajar en una nueva agenda de políticas públicas en la materia. Es tiempo de asegurar que la población tenga la información que requiere y los espacios y herramientas para utilizarla. Sin duda, el INAI trabajará en ello sin demora este año.

 

@joelsas

@OpinionLSR


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