La reforma política del Distrito Federal fue aprobada por 23 congresos estatales y declarada válida en el Congreso de la Unión; en consecuencia, ha sido enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación tal y como está dispuesto en el proceso legislativo.
El acuerdo central de la reforma es la creación del estado treinta y dos, con características peculiares toda vez que Ciudad de México seguirá siendo la capital de la República y es la sede de los poderes de la Unión. Conformar la nueva entidad y aprobar su Constitución a más tardar el 31 de enero de 2017, son acontecimientos políticos que van a influir de manera estructural en el régimen político del nuevo estado y en el funcionamiento del sistema político mexicano.
La reforma es el resultado de un largo proceso, de un buen número de propuestas y de muchas voluntades que se conjuntaron para concretarla. El diseño y aprobación de la Constitución va a requerir, por definición, de la más amplia participación de los habitantes de Ciudad de México y del interés y aportación del país entero.
Toda Constitución, desde su concepción en “El espíritu de las leyes”, debe ser la expresión de un gran acuerdo social, ideas sociales y políticas que debe reflejar la identidad cultural y las más claras aspiraciones de un estado para generar la prosperidad y el bien común, a partir de la distribución de poderes e incentivos que se traducen en derechos y obligaciones de obligado cumplimiento.
Para alcanzar tan elevados propósitos, conviene hacer propia una expresión acuñada a mediados del siglo XIX en el centro de Europa, en el periodo ente guerras, por países que sufrieron invasiones y la devastación propia de los grandes conflictos bélicos de la época y que lucharon por décadas para instalar regímenes democráticos y constituciones fundacionales: "Nihil de nobis, sine nobis" (Nada sobre nosotros sin nosotros). Es cierto, no estamos hablando de la centenaria Constitución del país ni de guerras o invasiones, pero sí de una que por su importancia tiene alcance nacional y será un referente obligado para el resto de las entidades y que por lo mismo, no puede ni debe ser impuesta verticalmente a los habitantes de la Ciudad de México.
Por tanto, la Constitución debe ser algo más que un acuerdo de cúpulas, aunque supone acuerdos; algo más que una arquitectura de notables aunque requiere expertos; y no puede reducirse a la concepción de una genialidad individual o a un capricho de gobernantes, aunque requiere lineamientos de autoridad. Y por supuesto, no puede ser nunca una imposición ideológica, por más liberal que se quiera ser o parecer, que ignore la rica pluralidad de la Ciudad de México.
Con la aprobación de la reforma ha quedado abierto el debate constitucional y, en breve, estarán definidos los mecanismos para que todos los interesados puedan aportar sus propuestas - así se espera- en especial, la sociedad organizada a través de los foros y espacios que se determinen para opinar, proponer y legitimar una Constitución que debe ser de todos y que no debe concretarse sin nosotros, los ciudadanos.
Algunos de los temas relevantes relacionados con la soberanía de Ciudad de México estarán representados por su Congreso, con facultades para aprobar o rechazar reformas constitucionales como el resto de los congresos locales; la capacidad autónoma para definir y ejecutar la política de seguridad y justicia que tanto preocupa a los ciudadanos; el manejo singular de la deuda gubernamental y lineamientos de endeudamiento, toda vez que hoy asciende a más de 65 mil millones de pesos y es la más alta del país; por igual, la autonomía peculiar para el financiamiento de la política educativa y de salud que seguirán bajo responsabilidad del gobierno federal; y la distribución de facultades a las delegaciones través de mecanismos de coordinación y organización similar a la de los municipios, que como orden de gobierno fortalecerán su estructura a través de los concejales de las nuevas demarcaciones territoriales y de sus Alcaldes.
La nueva Constitución de la Ciudad de México es por definición y desde ahora, aún con sus peculiaridades y limitaciones, una gran oportunidad para consolidar nuestro sistema democrático; no la desaprovechemos, no permitamos que quede secuestrada por intereses ajenos al bien común del estado Ciudad de México y del país.