Una de las realidades más atroces de nuestro país son las desapariciones que se han disparado desde 2006. No se sabe dónde están 29 mil 903 personas. 29 mil 903 no es una cifra, son 29 mil 903 vidas de mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños; 29 mil 903 familias esperando a un ser querido que llegue a casa o saber qué fue de ella o él. Además de lo aterrorizante de la cantidad de desapariciones, angustia que en la mayoría de los casos no han sido resueltas y están impunes. No podemos pasar por alto que éstas son cifras oficiales y sabemos que no todos los casos de desaparición son denunciados. Además, organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han advertido que los gobiernos federal y estatales no tienen mecanismos eficaces de búsqueda e investigación adecuados a la magnitud del problema.

 

Ayotzinapa materializó la violencia, la corrupción y la falta de efectividad en las acciones de los gobiernos de todos los niveles. Desencadenó lo que hace tiempo no sucedía: miles de ciudadanos salieron a manifestarse en las calles para exigir al gobierno respuesta, resultados, justicia y verdad. También marcó un antes y después para todos aquellos que hemos participado en la Alianza por el Gobierno Abierto en México. Después de Ayotzinapa, tenemos claro que las iniciativas de gobierno abierto deben ser útiles para garantizar los derechos humanos de los mexicanos.

                                                                                                                

En este contexto, Veracruz presentó hace unos días el Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y el Registro Público de Personas Desaparecidas de ese estado. Veracruz da un paso que demuestra que la colaboración entre autoridades y población sí es posible para juntos atender los temas más sensibles a la población: que las detenciones sean monitoreadas todo el tiempo y que las desapariciones se reduzcan hasta que ellas mismas desaparezcan. Ambos registros son resultado de compromisos del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos ha impulsado de manera destacada.

 

Cabe anotar que existe un antecedente a nivel federal. El Plan de Acción Nacional de Gobierno 2013-2015 incluyó el compromiso de elaborar una Base de datos de personas desaparecidas, que hoy se ha convertido en el Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y el Registro Público de Personas Desaparecidas. El desafío en ambos casos es que las autoridades responsables actualicen constantemente la información y demuestren que es fidedigna y amigable al ciudadano. La población nacional y la veracruzana deben vigilar que los registros sean alimentados y actualizados oportunamente. Ambos compromisos son un  paso hacia la rendición de cuentas de las autoridades de seguridad pública y judiciales aprovechando el uso de las tecnologías de la información.

 

Los veracruzanos y los mexicanos en general queremos un país sin detenciones arbitrarias ni desapariciones. Es fundamental contar con cifras certeras sobre el número de detenciones para garantizar que se realicen con apego a derecho, así como sobre el número de desapariciones para activar mecanismos de investigación adecuados y sancionar a sus responsables. La información pública permitirá establecer cuántas desapariciones han ocurrido y nos ayudará a saber cuáles corresponden a violaciones graves a derechos humanos para cumplir con las medidas de reparación previstas en el derecho internacional.

 

Vale la pena insistir, las estadísticas de estos registros no son cifras, son vidas que deben ser cuidadas para dar certeza a sus familias y eliminar la impunidad. El primer paso es tener cifras certeras para que la población interesada pueda colaborar en la denuncia y la solución de casos. Sabemos que hay 681 registrados oficialmente, pero organizaciones como el Colectivo Solecito reportan mil 500 casos en el estado, es decir 220.2% más que las cifras oficiales. La revisión de esta disparidad puede ayudar, por ejemplo, a revisar la tipificación correcta de los casos, lo cual puede repercutir hasta el nivel normativo. Recordemos que está por aprobarse una ley de desaparición forzada y que la sociedad civil organizada está muy pendiente de este proceso.

 

Nuestro objetivo es lograr que en Veracruz y en el país no haya desaparecidos ni detenciones arbitrarias, por eso estas plataformas serán un punto de partida para lograrlo. Lo que necesita nuestro país hoy es la apertura, la colaboración y la solidaridad. Impulsemos más iniciativas como éstas en cada estado para tener el México que todos queremos, con pasos contundentes para construir un México sin impunidad, sin violaciones graves a derechos humanos, un México donde nuestras hijas e hijos puedan regresar a cada sanos y salvos cada día para cenar con ellos.

 

@joelsas

@INAImexico

@OpinionLSR

 

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