Hoy, 9 de febrero, toman posesión de su encargo los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), por lo que es propicio reflexionar sobre la importancia que tiene esta instancia en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En principio, es de destacar que fueron académicos y miembros de la sociedad civil quienes, por disposición legal, seleccionaron a cinco personas de entre 59 candidatos que cumplieron los requisitos previstos.

 

Así, Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal, a quien corresponderá presidir los trabajos durante este primer año de funciones, conforman dicho órgano ciudadano. Todos ellos tienen una amplia trayectoria en los sectores social, público y académico, así como un importante reconocimiento nacional e internacional, lo que coadyuvará al cumplimiento de las tareas del CPC, de articulación entre instituciones y sociedad, en los distintos ámbitos decisorios y de actuación en el combate a la corrupción. Esto lleva implícita la transformación de la noción de participación ciudadana, que durante años, en el mejor de los casos, llegaba a ser consultiva o de evaluación.

 

Ahora el CPC es responsable de establecer los mecanismos de vinculación entre las distintas instancias que conforman al SNA, teniendo bajo su encargo el diseño, la promoción y la evaluación de las políticas públicas en la materia. También podrá incidir en temas torales como la aprobación de la política nacional respectiva; la definición de los indicadores necesarios para su seguimiento y, de manera adicional, será capaz de requerir información a las distintas instituciones respecto del cumplimiento de la misma. Paralelamente, para propiciar medidas preventivas sobre faltas administrativas, hechos de corrupción, y para mejorar el desempeño del control interno, podrán emitir, según sea el caso, recomendaciones públicas no vinculantes.

 

Otro aspecto relevante es que el presidente del CPC, encabeza los trabajos de la máxima instancia del SNA: el Comité Coordinador, con atribuciones tales como: 1) seguir los acuerdos tomados para el combate a la corrupción, facilitando la vigilancia de su adecuado cumplimiento, ello a través de su Secretaría Ejecutiva; 2) presentar el informe anual de resultados en la materia, dando oportunidad para que éstos se sistematicen de manera objetiva así como en un lenguaje sencillo y comprensible y; 3) proponer recomendaciones relativas al combate del fenómeno, las cuales representan una alternativa de señalamiento moral que detone la implementación de medidas para el fortalecimiento institucional.

 

Adicionalmente, el CPC tiene la tarea de enlazar a las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia, elemento valioso para aprovechar conocimientos y experiencias que den sustento a la toma de determinaciones del Comité, por ejemplo, al momento de incidir en la elaboración de la política nacional, o bien, para abonar a proyectos de mejora operativa de la Plataforma Digital Nacional. También podrá proponer reglas y procedimientos para recibir las peticiones, solicitudes y denuncias que la sociedad pretenda hacer del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, lo que es un papel fundamental al momento de generar vínculos más estrechos con la comunidad.

 

Estas nuevas características implican una redefinición del alcance participativo de la sociedad, derivando retos. El primero se relaciona con la instalación del Comité Coordinador, pues se debe llevar dentro de los sesenta días a partir de la integración del CPC; para lo cual es necesario que antes de este plazo el Senado realice la designación del Fiscal Anticorrupción (integrante del colegiado coordinador). Al respecto, se deben atender los tiempos sin demeritar la calidad del proceso, así como escuchar las opiniones de la sociedad civil y realizar una valoración cabal de los perfiles de los candidatos.

 

Hecho lo anterior, deviene un reto más: la entrada en operación de la Secretaría Ejecutiva (instancia técnica del Comité Coordinador), lo que conlleva para el CPC, particularmente para su presidente, quien también lo es del órgano de gobierno de esta instancia, la conducción de las labores para que el Ejecutivo Federal provea de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para tal efecto. Este es un paso vital pues de presentar deficiencias, podrían generarse inconsistencias o rezagos que afecten, además de la operación general, también la confianza que la población tenga en el SNA, pues su capacidad y resultados se verían demeritados ante la posible insuficiencia financiera y técnica.

 

Nos encontramos ante un escenario inédito en México gracias a la constitución de un espacio ciudadano con capacidad de incidencia real en el combate a la corrupción; sin embargo, esto es sólo una parte de la nueva ingeniería en la materia; en la esfera social, la comunidad debe aspirar a ir más allá de la mera representación en el SNA, y propugnar por un cambio profundo de actitudes frente a la corrupción, lo que va desde evitar la generación y reproducción de este tipo de actos, hasta el ejercicio de la denuncia.

 

Por su parte, en la arena de lo político, es necesaria la voluntad de los actores institucionales para el funcionamiento eficaz de este nuevo modelo de actuación, a lo que debe sumarse el fomento a la ética en la función pública, entendida no como un código o una serie de disposiciones normativas, sino como la apropiación de los principios y valores democráticos que sustente la acción en favor del bienestar general, en un escenario de complementariedad con la nueva estructura legal.

 

Esto generará las condiciones propicias para que las propuestas derivadas de la comunidad, marquen las prioridades de la agenda pública y las maneras de atenderlas, lo que contribuirá a disminuir la percepción de impunidad, a restaurar la confianza y a cerrar la brecha existente entre las personas y su gobierno.

 

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