Cada vez que se presenta un problema, el gobierno del partido que se supone “sí sabía gobernar” -como nos lo restregaban constantemente durante el tiempo en que estuvieron en la oposición-, simplemente se queda pasmado y cuando finalmente logra reaccionar, lo hace tarde y mal. Ayotzinapa y la Casa Blanca dan cuenta de ello.

 

En esta ocasión probablemente le apostaron a que, al anunciar el incremento en el precio de la gasolina en pleno periodo vacacional, tomaría por sorpresa a la ciudadanía y por tanto el margen para que se inconformara sería menor. Nunca esperaron una respuesta tan contundente. Quizá por ello no consideraron necesario regresar de sus destinos turísticos, privarse de los placeres del golf, ni mucho menos impulsar una estrategia de comunicación que tratara de convencer de la pertinencia de la medida.

 

El manejo del gobierno en una situación que por momentos parecía desbordarse fue errático. Las explicaciones del Secretario de Hacienda y del propio Presidente Peña Nieto se dieron a destiempo, fueron poco convincentes y más bien contribuyeron a exacerbar el enojo de la sociedad, pues no entendieron que si bien es cierto que hay una justificada preocupación por el impacto que va a tener el gasolinazo en la economía familiar, ha sido el detonante de un malestar que se ha venido incubando desde hace varios años ante la incapacidad, corrupción y poca sensibilidad de nuestros gobernantes.

 

La gente está cansada de apretarse el cinturón mientras la clase política conserva sus privilegios que, con toda razón, le resultan ofensivos. Ese es precisamente uno de los principales elementos que faltó al deslavado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, que por cierto se negó a firmar la Coparmex al considerarlo “improvisado, incompleto e insuficiente”.

 

Además de que se trata de un documento en el que las partes únicamente se comprometen a respetar la ley y, en el caso del gobierno a cumplir con su trabajo -como si no estuvieran obligadas a ello-, salvo la reducción del 10% del salario en los cargos de primer nivel de la administración pública federal, no se contemplan medidas claras de austeridad y acciones concretas para combatir la corrupción.

 

De poco sirve reducir el salario si siguen siendo beneficiarios de generosos bonos, gastos de representación, viáticos, vehículos etcétera, que en realidad constituyen un sobre sueldo que supera por mucho ese porcentaje, y eso sin mencionar las comisiones y regalos que no pocos funcionarios reciben de proveedores y contratistas. Una vez más demandan a la sociedad un esfuerzo adicional para enfrentar la crisis que no están dispuestos a acompañar.

 

Por otra parte, la pasividad del gobierno ante las implicaciones que ya está teniendo el próximo arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es quizá aún más preocupante. No ha emitido un sólo posicionamiento claro, firme, a la altura de las circunstancias, y tampoco se advierte una estrategia para defender los intereses del país y de nuestros paisanos que viven en una situación de incertidumbre y amenaza constante. Lo que ha prevalecido es un vergonzoso silencio que empieza a ser el sello distintivo en el ocaso de esta administración.

 

@agus_castilla

@OpinionLSR

 

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