No es ocioso escribir unas líneas más sobre la extradición de El Chapo Guzmán. Mucho se publicó al respecto en los últimos días, si bien no con la abundancia y el arrebato que hubiera cabido, sobre todo porque la toma de protesta de Donald Trump barrió toda noticia de las redes sociales, por más espectaculares que hayan sido.
Todos estamos de acuerdo (o al menos deberíamos ser conscientes de ello) que en política no hay coincidencias, por muy diletante que sea el estilo del jugador (incluyendo a Enrique Peña Nieto). En política, más que casualidades encontramos causalidades. Las decisiones de política no ocurren al azar, sino que son un medio de los políticos para alcanzar sus fines o para medianamente avanzar hacia sus metas. Con sus acciones, los actores involucrados en la vida política buscan generar efectos tanto en sus adversarios como en sus seguidores.
Por eso, la extradición del señor Guzmán Loera reviste de suma importancia porque muestra una parte de la estrategia diplomática que seguirá la administración peñanietista y, sobre todo, nuestro entusiasta canciller para enfrentar o resistir el vendaval trumpista.
¿Por qué se extraditó a El Chapo un día antes de la toma de posesión de Trump? Los comentaristas no aciertan a decantarse por el verdadero significado de tal evento.
Para unos, se trató de un tributo al recién nombrado presidente de nuestro vecino país. Una especie de ofrenda en que se entregó la cabeza del más importante líder criminal de México y del mundo. Para otros, fue un gesto sumamente sentido y generoso hacia Barack Obama, no solamente para reconocer su esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado, sino también como una disculpa final por la imprudencia del gobierno mexicano al invitar, en agosto de 2016, al todavía candidato presidencial Donald Trump.
Sin embargo, ambos argumentos parten de una premisa falsa: que con la extradición de El Chapo Guzmán el gobierno mexicano tomó la iniciativa, ya para despedirse del demócrata saliente, ya para congraciarse con el republicano entrante.
La realidad es que en política pesan más los intereses, fortalezas y debilidades, que los símbolos, normas y gestos. Con la extradición de Guzmán Loera el gobierno mexicano no tomó la iniciativa, sino que no tuvo otra opción. En el juego de la política y la diplomacia y, sobre todo, en este escenario entre adversarios profundamente desiguales, las piezas de la administración peñanietista son escasas, su estrategia es defensiva y sus jugadores meros aprendices (Videgaray dixit).
Para el gobierno de Peña Nieto resultaba francamente insostenible el mantener de forma indefinida a El Chapo en el Centro Federal de Readaptación Social 9 de Ciudad Juárez, sobre todo después de la bochornosa fuga del capo. Por otra parte, era muy probable que, con la llegada de la nueva administración norteamericana, el curso del proceso de extradición se complicara de forma impredecible (muy al estilo Trump). De ahí que, para las autoridades norteamericanas la extradición fuera una prioridad, sobre todo por los juicios contra Guzmán Loera que se han abierto en diferentes cortes de ese país. Finalmente, sabemos que Trump prepara una de las más agresivas campañas diplomáticas contra nuestro país en numerosos frentes: comercial, migratorio, político y demás.
De ahí que no resulta descabellado pensar que para el gobierno mexicano resultase necesario congraciarse, una vez más, con Trump. Si este gobierno ya lo había hecho, cuando Trump era todavía candidato, por qué no habría de volver a hacerlo, más aún si el encargado de esa relación diplomática es el mismo aprendiz de brujo.
Se argumenta que la extradición fue una decisión del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, hoy en día las decisiones judiciales siguen sometidas a presiones políticas. Más aun, recordemos que entre 1986 y 2002 México fue sometido por el gobierno de Estados Unidos a un humillante proceso de certificación, que evaluaba su compromiso en la guerra contra las drogas. Durante esos años fue común escuchar, semanas e incluso días antes de la certificación, que el gobierno mexicano daba un golpe espectacular a los capos del crimen organizado de drogas, que decomisaba un fuerte cargamento o que extraditaba a algún barón del narcotráfico. Todo, con tal de congraciarse con el vecino del norte y obtener la tan ansiada certificación. Por tanto, resulta plausible pensar que esta vez se operó, nuevamente, bajo la misma lógica.
De ahí el significado de este gesto diplomático, de ofertarle un tributo a Trump, aunque sea simbólico, enviándole la cabeza de un barón de las drogas. Pero también, una señal que se entiende mejor si la observamos desde la lógica de los intereses. El Chapo Guzmán, de acuerdo a un informe periodístico, no sólo es un símbolo, sino que también representa 14 mil millones de dólares, monto de la fortuna que generó con sus negocios en Estados Unidos.
Una suma nada despreciable para reparar el daño que han generado nuestros migrantes en aquel país, según Trump y los ciudadanos a quienes representa. Una cantidad de dinero que bien puede servir para cubrir algunos gastos de la construcción del muro de la infamia o para resarcir las injusticias que ha generado nuestra mano de obra barata en el vecino del norte.
Por ahí habrá que entender la extradición: como el inicio de la negociación diplomática entre ambos países. Una estrategia que devela, eso sí, la pobreza intelectual del peñanietismo. Un gobierno que comienza a negociar con lo peor que tenemos.