Conforme a declaraciones del Colectivo por la Transparencia, que reúne a 16 organizaciones especialistas en la materia, tan sólo existen 8 estados en los que se ha legislado en materia de homologación en transparencia. De esos, solamente Quintana Roo y Baja California han implementado procesos de participación ciudadana que acompañen las iniciativas.

 

Es decir, el plazo de un año para legislar en materia de transparencia vence el próximo 5 de mayo y hoy en día, 24 entidades federativas no han cumplido con la responsabilidad de armonizar sus leyes locales a lo dictado por la ley general.

 

Los resultados presentados en 2015, derivados del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ratifican la necesidad de que todas las leyes de los estados tengan un piso mínimo del cual partir.

 

El estudio concluyó que persisten los grandes rezagos en el marco legal de las entidades federativas, pues “la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas. Más preocupante aún es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia”.

 

Además, según el IDAIM 2015, sólo nueve leyes locales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país.

 

Conforme a la puntuación que el IDAIM 2015 otorga a cada estado, Guerrero se encuentra entre las entidades “regulares” del país, con una calificación de 6.870 que apenas supera la media nacional de 6.038, ubicándose en el quinto lugar.

 

Sin embargo, a pesar de que la ley actual de Guerrero se ubica entre las denominadas “regulares” por su diseño normativo e institucional y sus procesos de acceso a la información y obligaciones de transparencia, lo cierto es que en la aplicación de esta ley el estado reprueba rotundamente, dado el desinterés e incumplimiento de la mayoría de los sujetos obligados, así como los altos índices de impunidad prevalecientes, lo que genera que ese ordenamiento sea letra muerta, un cuerpo legal útil pero insuficiente.

 

Por ello, el pasado 12 de abril propuse una iniciativa de Ley en materia de Transparencia, que consta de 193 artículos y busca abonar a una verdadera armonización con el cuerpo legal de aplicación general, a fin de que toda la información pública sea accesible y se proporcionen más herramientas tanto a la ciudadanía como al órgano garante para tener mayor fuerza en sus determinaciones, para frenar la impunidad y la corrupción, graves males que hoy en día laceran al país y a los estados.

 

Entre las propuestas se plantea las resoluciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero (ITAIGRO) sean vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Además de las medidas de apremio, se prevén causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones y las sanciones para los sujetos obligados que no son servidores públicos, así como la facultad de dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado en el caso de incumplimiento de partidos políticos; así como la facultad de dar vista al órgano interno de control en el caso de fideicomisos o fondos públicos.

 

Esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano retoma nuestro modelo de gobierno abierto, que contempla un apartado sobre los mecanismos de colaboración entre el instituto, los sujetos obligados y los representantes de la sociedad civil para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

 

Como toda buena ley de transparencia, la propuesta que presentamos crea un procedimiento de denuncia como instrumento de participación ciudadana, y propone que los consejeros, acorde al INAI, se denominen comisionados que desempeñarán sus funciones por un periodo máximo de siete años.

 

Más que por cumplir con los plazos legales, por convicción propia respecto a la gran relevancia del combate frontal a la corrupción, he presentado esta iniciativa que sin duda alguna abonará a esclarecer el panorama del estado de Guerrero, que hoy en día sigue enfrentando graves crisis sociales y políticas que, mediante el ejercicio pleno de la transparencia, pueden encontrar cauces de desahogo significativos y relevantes. 

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 



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