Las corruptelas y manejos oscuros en la Secretaría de Marina -la inmaculada y preferida institución de panistas, priístas y operadores norteamericanos-, ven la luz del día y colocan al almirante secretario Vidal Soberón Sanz, en la obligación de investigar, procesar e in formar a la ciudadanía que ocurrió con las compras de pantallas de televisión en forma totalmente irregular durante 2014.
El tema podría parecer de regular o menor importancia pero no lo es. Lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y difundido en días pasados en su informe sobre el ejercicio del presupuesto en algunas dependencias durante el 2014 revela una cadena de transas, corruptelas y complicidades recurrentes que posibilitaron la compra de diversos bienes a través de un grupo de integrantes y ex integrantes de la Marina que se pusieron de acuerdo para simular todo un esquema de compras que los mandos responsables fueron incapaces de detectar, no así la ASF.
Se trata de dos escenarios; en uno, de acuerdo con las auditorías practicadas, una red de funcionarios navales logró burlar los controles de adquisiciones, fincó productos de manera irregular y obtuvo dinero del presupuesto 2014 para consolidar compras a precios elevados y de un número de productos mayor del planeado originalmente.
En el segundo escenario aparece el pago de servicios para la reparación de un motor de un buque, servicio en el que la Marina desembolsó una cantidad como anticipo que al final no fue reintegrada tras haberse cancelado la compostura por el incumplimiento de la entidad contratada.
La ASF encontró “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,818,992.54 (un millón ochocientos dieciocho mil novecientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.), toda vez que mediante el procedimiento de adjudicación directa se adquirieron diversos bienes a un costo mayor de los que imperan en el mercado, y con proveedores que, en su mayoría, operan como empresas comercializadoras cuyo principal o único cliente en el ejercicio 2014 fue la Secretaría de Marina”.
En detalle, un grupo de servidores públicos de la Marina compró hace dos años 86 pantallas de televisión (en lugar de las 10 programadas originalmente) y equipos como regaderas y diversos utensilios para los clubes navales y unidades administrativas de la secretaría.
Lo hicieron con sobreprecios, falsificando firmas, creando empresas fantasma o bien empresas que solo habían tenido como principal o único cliente a la Secretaría de Marina.
Para que todo pareciera normal, el grupo de funcionarios navales creó todo un sistema de competencia en el que se simuló la participación de varias empresas que buscaban ganar las licitaciones arregladas. Incluso, varios de los bienes adquiridos fueron recibidos e instalados antes de que se celebraran los concursos de licitación.
Aquí, la Auditoría Superior determinó que la Semar debe fortalecer “sus mecanismos de control a efecto de que, antes del inicio de los procedimientos de contratación, realice una investigación de mercado debidamente sustentada que permita adquirir bienes y contratar servicios con las mejores condiciones para el Estado”.
En el segundo caso se detectó un probable daño patrimonial de cerca de dos millones de pesos por dinero que no se reintegró a las arcas de la Marina tras la cancelación de un servicio de reparación en el que la parte contratada no cumplió con lo pactado.
La ASF describe de esta manera las irregularidades detectadas:
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,793,491.66 pesos (Un millón setecientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y un pesos 66/100 M.N.) por la falta de reintegro de los recursos correspondientes al 50.0% del anticipo otorgado a un proveedor por la adquisición de un motor de combustión interna reconstruido para atenciones de un buque por un importe de 1,420,492.21 pesos (Un millón cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y dos pesos 21/100 M.N.), toda vez que la empresa adjudicada no cumplió con la entrega de los bienes, por lo cual se rescindió el contrato; asimismo, por el monto de la pena convencional por el atraso en la entrega del bien por un importe de 372,999.45 pesos (Trescientos setenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos 45/100 M.N.)”.
Todo esto les pasó de noche a dos almirantes, un vicealmirante y tres contralmirantes, encargados del manejo del dinero, las adquisiciones y la transparencia en el manejo de un presupuesto que en el 2014 fue originalmente de 24 mil 802 millones, 881 mil 183 pesos.
En la indagatoria y revisión de cuentas por estas irregularidades están el Inspector y Contralor General de la Marina, el almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, el director general de Construcción Naval, almirante José Antonio Sierra Rodríguez, el director general de Administración y Finanzas, vicealmirante José Manuel Rodríguez Aguilar, el director general adjunto de Programación y Presupuesto, contralmirante Octavio Sánchez Guillén, el director adjunto Administrativo, contralmirante José Pantaleón Damuner Flores, y el director general adjunto de Adquisiciones, el director general adjunto de Adquisiciones, el contralmirante Ángel Landín Mercado,
¿Quién será el responsable de poner orden al interior de la Marina para aclarar y sancionar minucias como las señaladas por la ASF? El encargado es el almirante José Luis Vergara Ibarra, recientemente nombrado Oficial Mayor de la Semar y a quien, en primera y última instancia, van dirigidas las recomendaciones y llamados de la Auditoría Superior.
Investigar, sancionar e informar son las misiones que deberá cumplir ahora el mando naval, sobre todo cuando lo revelado por la ASF perfila la existencia de al menos un par de estructuras de servidores públicos que operan (quién sabe desde cuándo) al interior de la Marina.