Hace unas semanas, el diario estadounidense The Washington Post, publicó un reportaje en donde se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos de América condicionó la entrega del 15% de los fondos renovados anualmente para la Iniciativa Mérida (IM), debido a que este año no han sido capaces de confirmar que México cumple con las expectativas en materia de derechos humanos, de acuerdo con lo revelado por una fuente del Departamento de Estado.
Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense retiene parte de los fondos de la IM desde que fuera aprobada en 2008, con Felipe Calderón y George Bush como presidentes de México y EUA, en 2010 también se retuvieron el 15% de los fondos, aunque estos fueron liberados una vez que el gobierno mexicano corrigió los errores.
Hasta 2014 el gobierno estadounidense ha destinado un total de 2 mil 300 millones de dólares para apoyar con recursos financieros a las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, que según cifras reconocidas por la Secretaria de Gobernación, al finalizar el sexenio del presidente Felipe Calderón había cobrado la vida de 70 mil personas. http://1.usa.gov/16qq3Im
Días después de que se diera a conocer esta noticia, la organización internacional Amnistía Internacional (AI) presentó un informe especial sobre la tortura, en donde reveló dramáticas cifras en esta materia y aseguró que estas representan un ejemplo de la “creciente crisis” de derechos humanos en México. http://bit.ly/1jS0bvP
En el documento, AI reconoció que en 2014 hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en nuestro país podría empeorar todavía más, debido a los altos índices que ya se manejaban, cosa que sucedió, pero lo más grave es la acusación directa de que nuestro gobierno no ha sido capaz de reconocer la crisis, hecho que por sí mismo empeora el fenómeno.
Después de realizar una revisión de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), el organismo internacional encontró que estas se duplicaron entre 2013 y 2014, pues pasaron de mil 165 a 2 mil 403, y hasta 737% en comparación con 2012.
Estas y otras cifras oficiales contenidas en el informe: La Epidemia de Tortura en México Continúa, constituyen un reflejo de la verdadera situación que guarda nuestro país en materia de derechos humanos, sobre todo si consideramos que el reporte solamente analiza las denuncias presentadas, sin tomar en cuenta las que no se declararon y que forman parte de la llamada cifra negra.
Asimismo, vale la pena destacar la siguiente advertencia expuesta en el reporte, ya que AI asegura que el gobierno mexicano todavía “no ha reconocido el problema”, ni ha emprendido verdaderas acciones para poner fin a la tortura, uno de los argumentos que utilizan para sostener dicha hipótesis es que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar la práctica de la tortura y los malos tratos”.
En este sentido, resulta conveniente recordar que a principios de marzo de 2015, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el Informe del Relator Especial Juan E. Méndez, quien entre otras conclusiones y recomendaciones aseveró que “en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden”.
La Cancillería mexicana rechazó inmediatamente dicha recomendación, aunque un mes después reconoció que “la tortura -en México- constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada”, pero discrepó con la valoración del Relator en cuanto a que es “generalizada”.
No obstante, activistas y especialistas en el tema aseguraron que el uso del término es correcto porque no se utilizó en referencia a la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.
Un grupo de senadores panistas plantearon un punto de acuerdo en donde solicitan al Ejecutivo Federal que “con carácter urgente” establezca canales de diálogo de alto nivel con el Congreso estadounidense, a fin de revertir el recorte. Además pidieron que informe de manera detallada sobre el número de recomendaciones, nacionales e internacionales, que ha recibido por violaciones a los derechos humanos del 2012 a la fecha, así como el grado de avance o cumplimiento a las mismas.
Como parte de la respuesta del gobierno mexicano, este martes 27 de octubre la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en “cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos”. Ocho meses después de que se diera a conocer el informe del Relator Juan E. Méndez y a unos días del recorte de los fondos de la Iniciativa Mérida.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.
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