El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, estaba molesto el sábado 16 de abril. Muy molesto. Las razones fueron dos y de gran calado: La primera por la exhibición pública de un video en el que torturan de forma inhumana a una mujer, y en lo que están involucrados militares del Ejército mexicano…
…La segunda, porque en toda su dignidad --de grado o por fuerza-- tuvo que ofrecer disculpas urbi et orbi por el mismo hecho, no inaudito, pero que a la vista caló fuerte, dentro y fuera del país: es un documento visual que muestra la crueldad casi animal de algunos militares y otros de seguridad, con la que dicen buscar justicia, mediante actos de injusticia: de tortura.
Pocas semanas antes el mismo gobierno mexicano cerró las puertas del país al relator de la ONU para casos de tortura, Juan Méndez, quien en su informe de 2015 dijo que en México ‘los actos de tortura son generalizados’, refiriéndose a la cantidad de actos de esta anti-naturaleza y a las distintas instituciones, cuyos algunos operarios los cometen.
Por esos días de marzo pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto insistió en que el informe de Méndez era poco profesional y falto de ética. Así que a su solicitud de regresar para ampliar sus datos se le dijo que ‘no’. Y hubo coro: La señora Isabel Miranda de Wallace presidenta de Alto al secuestro fue parte de esa posición: ‘No a Méndez en México’… y así.
Hace unos días, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos expuso que en México las fuerzas de seguridad participan en homicidios, casos de tortura y desapariciones forzadas de ciudadanos.
Lo mismo han dicho la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Unión Europea… y muchas más organizaciones en las que se expone la contradicción entre lo que ocurre en las mazmorras y lo que se dice en el discurso oficial: “Son casos aislados”; ‘no se puede generalizar esta acusación’… ‘Son infundios…’.
Y en eso aparece el video prueba. Un video de principios de 2015 en Ajuchitán, Guerrero, en el que se ve la forma de actuar de militares y policías federales: Atormentan a Elvira Santibáñez Margarito, 21 años, detenida y acusada de ser parte de la Familia Michoacana y ya en prisión por portar arma de fuego exclusiva del Ejército.
Al conocerse públicamente el video en México causó en millones, indignación profunda, rabia, coraje… miedo; al verse en él, muchas otras partes del mundo causó terror a millones también. Da la impresión de que la mujer está a punto de morir por asfixia, maltratada, pisoteada, amenazada: en nombre de la justicia mexicana.
Sí, el video muestra ‘un hecho aislado’, pero es una evidencia excepcional porque nos dice que esto ocurre en muchos casos de ‘investigación’ que, según el general Cienfuegos, no forman parte de la preparación militar… Aquí la evidencia es una sola.
Ya para el lunes 18 de abril también tuvo que salir a pedir perdón, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, por ese acto de tortura en el que también estuvieron implicados tres policías federales: “Sólo procede pedir perdón y procede asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan”.
Lo mismo y el mismo día Enrique Galindo, comisionado General de la Policía Federal, reprobó los hechos y dijo que además de la elemento que aparece en el video, dos integrantes más de la corporación fueron suspendidos, además el caso también es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR). “No es el estilo de trabajo de la Policía Federal”…
Así que de manera coordinada aparecen las autoridades de la seguridad del país pidiendo perdón por lo ocurrido, pero… ¿Es suficiente? ¿Cuándo y cómo garantizan que habrán de parar esta práctica criminal? ¿Cuántos criminales están en la cárcel al haberse obtenido su declaración mediante estos procedimientos de tortura; cuántos están muertos? ¿Cuántos inocentes están en la cárcel –o muertos- al utilizar en ellos la tortura y la vejación? ¿Quién autoriza que esto ocurra? ¿Quién cuida que no ocurra en este país? ¿Qué ha hecho a todo esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si es que todavía existe?
Digamos que es el Ejército Mexicano el que más nos duele a muchos; es un Ejército construido luego de la Revolución Mexicana por razones de justicia y por razones de garantías de seguridad y paz para los mexicanos que ya habían vivido una confrontación en la que murieron un millón de mexicanos y otro tanto salió del país.
Durante muchos años el Ejército mexicano ha sido una institución valorada, apreciada, justamente entregada a sus funciones de resguardar nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial. Pero en 2006 el presidente Felipe Calderón decidió que habrían de salir a enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico ya creciente y criminal… A hacer labores de policía. El Ejército mexicano no es policía.
Y hubo contaminación en sus filas. Y desvíos. Y sin duda atrocidades cometidas por algunos militares y en contra de ellos… Y hay dudas de comportamiento: Tlatlaya siegue pendiente.
El Ejército mexicano debe retomar su tarea de origen, como también la Marina de México. El gobierno mexicano debe crear cuerpos de seguridad pública en contra del crimen organizado y el narcotráfico, con sus propios recursos y capacidades. El Ejército debe garantizarnos la integridad, la paz y la seguridad nacionales en democracia.
Aún es tiempo de que así sea. Aún es tiempo de recuperar ese respeto, ese afecto, ese reconocimiento y esa altura de miras de una institución de firmeza y seguridad. De otra manera mil perdones no serán suficientes para recuperar lo perdido.