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Tope donde tope

El presidente debe tener en cuenta que la impunidad no se puede limitar en este caso a los autores materiales de la desaparición de los estudiantes o las autoridades locales.

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Escrito en OPINIÓN el

Si septiembre fue la autocelebración bajo el pretexto del informe, la venta de un proyecto reformista que movía a México, un mes después el gobierno federal enfrenta el momento más crítico de su gestión. El péndulo se mueve del “saving México” al horror, del “mexican moment”, al México bárbaro. Una imagen dice más que mil palabras y la figura del presidente Peña Nieto decía demasiado el pasado miércoles por la noche. Un rostro visiblemente cansado, por momentos desencajado, tal vez azorado por la brutalidad de los hechos y la incapacidad de acción de todas las autoridades involucradas.

 

El desgaste más que evidente del presidente se explica en parte por las semanas de incertidumbre luego de hechos como Ayotzinapa y Tlatlaya. También por las cinco horas de diálogo con los padres de los normalistas, cinco horas de confrontarse con el horror a través de sus víctimas. Pero fundamentalmente, ante el panorama político y social crítico que se vislumbra ante la posibilidad de que los estudiantes no aparezcan o que sus cuerpos sean finalmente encontrados en alguna de esas infinitas fosas comunes. El escenario es de protesta, movilización, irrupción de grupos armados y descrédito internacional.

 

Aún cuando el discurso presidencial buscó ser empático y solidario con las víctimas de esta tragedia, que promete dar una nueva proyección a la investigación con participación de los padres de familia y organizaciones sociales; que compromete justicia, verdad  y transparencia en los resultados, incluyendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas que incluye la minuta de acuerdos firmadas por los padres de los normalistas y el titular del Ejecutivo; a pesar de todos estos compromisos, el discurso presidencial no pudo generar confianza y con ello agudiza las dudas sobre la capacidad del gobierno para entregar resultados.

 

El caso Ayotzinapa nos confronta con la bancarrota política y moral de las instituciones del Estado mexicano. Con la claridad y contundencia de la que han carecido las autoridades, los padres de los normalistas han pedido lo más elemental: Que el Estado mexicano comience a comportarse como un Estado.

 

El Estado mexicano se ha convertido en sinónimo de corrupción, impunidad, colusión con el crimen organizado, violación de los derechos humanos e incompetencia. La gravedad del deterioro institucional es que ahora se extiende a instituciones creadas en su momento para reparar la confianza ciudadana en el Estado. ¿Alguien notó que no se menciona a la CNDH en la minuta de acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los padres de familia? ¿Por qué los padres de familia no exigieron que se involucrara a la CNDH en las comisiones de investigación? Lo sorprendente es antes bien que hubieran solicitado la participación o presencia de nuestro Ombdusman. Esto es algo que los senadores deberían analizar a fondo ahora que están inmersos en el proceso sucesorio de la CNDH.

 

De las conferencias de prensa del miércoles pasado me quedo con dos frases que resumen la gravedad del momento. Primero, uno de los padres de familia señaló que no han venido desde Guerrero a pedir favores, sino a exigir que se cumplan sus derechos. Lo que supone ponerle simplemente el nombre a las cosas: es momento que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno asuman su responsabilidad ante la crisis de inseguridad y violencia que arrasa nuestro país. El respeto a los derechos humanos, la justicia y la rendición de cuentas no son una graciosa concesión de las autoridades, son un derecho ciudadano y una responsabilidad institucional.

 

Segundo, el presidente Peña Nieto comprometió su palabra a que en este caso no habrá impunidad, “tope donde tope”. No creo exagerar si afirmo que con este compromiso se juega la credibilidad de su sexenio, nacional e internacionalmente.  Sin embargo, el presidente debe tener en cuenta que la impunidad no se puede limitar en este caso a los autores materiales de la desaparición de los estudiantes o las autoridades locales. La PGR debe rendir cuentas ante las acusaciones sobre omisión. La SEGOB, responsable de la política y seguridad interior de este país, debe explicar públicamente cómo es posible que este país se haya convertido en un cementerio clandestino. El "tope donde tope” involucra también al propio gobierno federal.

 

 

@ja_leclercq