En una decisión que aplaudieron tirios y troyanos, el gobierno federal dio a conocer la decisión de iniciar controversia constitucional contra los intentos de blindar, desde los congresos locales, a los gobiernos de Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo y César Duarte en Chihuahua.
El aplauso fue general, a pesar de que se trata sólo de un primer intento por sancionar, legalmente los abusos y las corruptelas de tres aún mandatarios estatales del PRI.
Sin embargo, la lista de priístas que deben ser sancionados es larga. Y la encabeza Humberto Moreira, gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, acusado de endeudar al estado por más de 30 mil millones de pesos.
Sigue Rodrigo Medina, de Nuevo León, a quien se acusa de presunto enriquecimiento inexplicable, luego aparece Egidio Torre Cantú, aún gobernador de Tamaulipas, también acusado de malos manejos igual que los ex gobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
Todo ello sin contar con los casos de Mario Villanueva en Quintana Roo; Andrés Granier de Tabasco, y Mario Anguiano de Colima.
En el caso del PAN la lista también resulta de miedo. Y la encabeza Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, acusado de enriquecimiento ilícito. Le sigue la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, acusada de desvío de recursos; está el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, quien estuvo preso por distintas irregularidades, y también aparecen los ex gobernadores Patricio Patrón Laviada de Yucatán, Antonio Echevarría de Nayarit y una perla del cinismo y la ratería del PAN conocida como Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, alcalde de San Blas, Nayarit, quien reconoció haber robado, “pero poquito”.
En el PRD la lista de pillos la encabeza Marcelo Ebrard, responsable de irregularidades multimillonarias de la línea 12 del metro. Le sigue Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno que ocultó el costo de los segundos pisos del periférico y a quien le estalló en la cara el llamado videoescándalo, de la corrupción de sus colaboradores.
A continuación Amalia García ex gobernadora de Zacatecas, cuya gestión llevo al PRI a recuperar esa entidad. En Baja California un pillo de (siete suelas) como Narciso Agúndez inició una dinastía de gobernadores depredadores que por casi 20 años saquearon Baja California Sur. También aparece Ángel Aguirre, ex priísta y luego perredista gobernador de Guerrero y en cuya gestión se produjo la matanza de los 43 de Iguala. Y por último aparece Zeferino Torreblanca, también ex gobernador perredista que saqueó el estado de Guerrero a placer.
Pero tampoco es todo los gobernadores de alianza –de todos los partidos contra el PRI-, han resultado otros pillos sinvergüenza. Los ejemplos los encabeza Gabino Cué actual gobernador de Oaxaca, acusado de enriquecimiento inexplicable, le sigue Rafael Moreno Valle, actual gobernador de Puebla, acusado de endeudar de manera escandalosa el estado y hay casos como el de los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines en Chiapas.
Como queda claro, las trampas y las raterías son dos de las expresiones más democráticas en México. Es decir, alcanza para todos.
Al tiempo.