Tortuoso, complejo y contradictorio es el camino que las fuerzas armadas mexicanas están siguiendo en una ruta de modernización que por fuerza debe pasar por la obligatoriedad de la transparencia en el ejercicio de sus funciones, en especial de las que cumplen en apoyo al combate contra la delincuencia organizada y hasta la común.
Esta última parte, la de la transparencia, es la que no se le da a la Sedena sin importar cuánto, hasta el momento, lo intente.
El desgaste del que han hablado acertadamente el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el titular de la Secretaría de Marina, el almirante Vidal Soberón Sanz, no se queda solo en la exposición de las tropas a numerosas misiones que los cuerpos policiacos y otras autoridades son incapaces de cumplir (por ineptitud y/o complicidad).
Tampoco se queda en la falta de personal y en los presupuestos exiguos que frenan cada año el desarrollo ideal de los soldados de aire, mar y tierra. El desgaste no se detiene en las acusaciones contra soldados, marinos, oficiales y jefes por abusos contra civiles, incluidas las desapariciones forzadas y la tortura.
El tema va más allá y toca de nuevo, en este caso, a la Sedena desgastándola por propia mano a través del ocultamiento, de la dudosa transparencia en materia del respeto a la agenda de los derechos humanos por parte del estamento castrense.
Hace unos meses, siete militares del 102 Batallón de Infantería que opera en Santa María Rayón, en el Estado de México, fueron exonerados de las acusaciones por la ejecución sumaria de 22 civiles que los atacaron cerca de San Pedro Limón, Tlatlaya, en 2014.
La hábil defensa que encabezó el abogado Juan Velázquez logró desacreditar todas y cada una de las declaraciones de las mujeres de tres mujeres que estaban aparentemente retenidas por los civiles (acusados de formar parte de una banda de plagiarios), contratadas para ejercer la prostitución en la bodega en la que ocurrieron los hechos.
Basado en una serie de declaraciones aparentemente contradictorias por parte de las mujeres y a partir de una premisa de orden moral, (que las únicas testigos de los hechos eran prostitutas), la defensa de los militares echó por tierra las acusaciones de ejecución extrajudicial y logró conservar la tesis de que la muerte de los 22 civiles había sido resultado de un enfrentamiento y no de una especie de fusilamiento cuando ya todos se habían rendido y estaban desarmados y algunos yacían heridos sobre el piso.
En mayo de este año, tras la liberación de los últimos tres militares involucrados en la masacre de Tlatlaya (estuvieron detenidos y presos: Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Alan Fuentes Guadarrama, Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides),el abogado Juan Velázquez llegó a decir en sendas entrevistas con medios afines al gobierno de Peña Nieto y al Ejército, que el caso era un invento para atacar a la institución militar. Hoy las cosas son muy distintas.
Hoy sabemos, por una investigación periodística basada, paradójicamente, en datos y fotografías proporcionadas por la propia Sedena, que los militares que participaron en el tiroteo de aquella madrugada del 22 de junio de 2014, alteraron la escena del enfrentamiento ya sea moviendo y acomodando cadáveres y/o sembrándoles y/o acomodándoles armas, cargadores y cartuchos para que aquello siguiera pareciendo el resultado de un enfrentamiento armado.
El sitio Aristegui Noticias solicitó a la Sedena, vía transparencia, las fotos que el personal hubiera tomado en los primeros minutos y horas después del enfrentamiento. La Sedena contestó afirmativamente y entregó cerca de 30 imágenes en blanco y negro al espacio noticioso en internet.
El material gráfico y los partes informativos recibidos fueron confrontados con otro similar, obtenido por otras vías y que acabó revelando cosas que el abogado Velázquez y la propia Sedena sabían callaron, cosas que aparentemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desconocía.
De lo confrontado se desprende que al menos nueve cadáveres fueron manipulados por los militares, ya que fueron ellos los únicos presentes en las horas siguientes al desenlace del tiroteo.
Sabemos también que la CNDH no le pidió a la Sedena copia de las fotos que sí le entregó a Aristegui Noticias. Ese material no consta en el expediente que la comisión integró sobre el caso. El documento de la comisión no menciona la probable existencia de ese material y tampoco señala si en algún momento se consideró como una línea de investigación o de apoyo en la indagatoria.
En todo caso, la falla de la CNDH es grave, tanto como el silencio pericial de la Sedena y la discreción extrema del abogado Velázquez para no mencionar la existencia de las fotos tomadas por el personal involucrado.
Grave si la CNDH desconocía la existencia de las fotos, porque ello habla de incapacidad para explorar y llegar al fondo de un caso que colocó al Ejército en el ojo del huaracan dentro y fuera del país por un asunto relacionado con la violación a los derechos humanos.
Más grave aún si la Sedena del general Cienfuegos sabía de la existencia de las fotos y la ocultó, y peor todavía si alguien en la cadena de mando de la Defensa Nacional le escondió al general secretario el material gráfico.
Complicado si el abogado Juan Velázquez sabía que las fotos estaban ahí, que fueron tomadas por el personal atacado y que en ellas queda patente la alteración de la escena por parte de los soldados.
No sólo los militares van a tener que dar explicaciones sobre lo ocurrido en Tlatlaya.
El desgaste del ejército no sólo es responsabilidad de su Comandante Supremo. Los de casa no abonan mucho en su favor. En los momentos cruciales, la verdadera transparencia no se les da.