El proceso electoral registrado este año aún no termina en diversas entidades federativas donde hubo elecciones debido a la interposición de medios de impugnación, aún así, ya varios actores políticos se han pronunciado por la necesidad de reformar la legislación electoral que delimite y corrija inconsistencias detectadas tanto en el proceso electivo de 2015 como de 2016.
Entre los temas que más resaltan en la opinión pública es la relativa al acceso a la radio y a la televisión que, con el argumento del acceso desigual entre candidatos y partidos, actores políticos buscan a como dé lugar que Andrés Manuel López Obrador deje de contar con el posicionamiento en medios que ha obtenido últimamente. Pero ahí no termina este tema, hay quienes se han manifestado por volver a esquemas de contratación libre ante medios de comunicación según las carteras de cada Instituto Político o bien, quienes se han pronunciado por debilitar la concentración de las decisiones en la materia en el seno del Instituto Nacional Electoral (INE). Cualquiera que sea la decisión que, en su caso, determine el legislativo, lo cierto es que el modelo actual no ha dejado a nadie satisfechos.
Otro tema, es la rendición de cuentas que deben realizar los partidos políticos a través de sus informes de campaña. Según el INE los candidatos que no reportaron sus ingresos y gastos fue superior al 52%, cifra que seguramente es histórica. La legislación debe definir con claridad la imperiosa necesidad de obligar a partidos y candidatos a transparentar estos recursos, estableciendo sanciones ejemplares. Entre más clara quede una norma menos elementos de interpretación habrá, menos medios de impugnación y menos prácticas desleales para darle la vuelta a la legislación electoral.
Un tema más que ha cobrado mucha fuerza es la permanencia o no de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) por muchos motivos que van desde que algunos OPLE´s no han realizado el trabajo esperado, pasando por quejas de partidos sobre diversos nombramientos de consejeros electorales, hasta el costo que representan para los Estados y la Ciudad de México estos institutos electorales. Lo cierto es que quienes argumentan sobre esta posición poco conocen de la operatividad de estos institutos.
En principio los nombramientos de los consejeros electorales, incluyendo los que han sido impugnados, los que han recibido quejas o pronunciamientos y hasta los que han sido destituidos han sido nombrados por el INE. La operación electoral, aún tratándose de elecciones locales está regulada por diversos acuerdos y criterios establecidos por el INE. La lista aquí es muy larga.
Pero por parte de los OPLE´s tenemos argumentos que defienden su trabajo por sí mismo y ejemplos hay también muchos pero de índole positivo. Es en los Institutos Electorales Locales donde se generaron esquemas utilizados por el INE como la Casilla Única. En estos organismos se han desarrollado elecciones con voto vía urna electrónica y hasta por Internet, es decir, le llevan años de ventaja al INE, sin embargo, éste último sin haber realizado ningún ejercicio vinculatorio de forma electrónica, establece los lineamientos de este tipo de ejercicios.
En los OPLE´s se han establecido procedimientos ejemplares de organización electoral, de capacitación electoral de fiscalización y hasta de Resultados Electorales Preliminares; en éste último caso resalta el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que el esquema con que opera su PREP es ejemplo nacional, tan es así que es un organismo que empieza a realizar el cómputo el mismo día de la jornada electoral con la entrega del primer paquete electoral que es entregado al Consejo Distrital respectivo. Esto evita problemas de difusión de resultados como sucedió con la autoridad electoral federal en la elección presidencial del año 2006.
No obstante y ante la cercanía del proceso electoral 2017-2018 no se ve nada viable que el legislativo haga ajustes al respecto, pero seguramente pasando la elección de 2018 será uno de los temas fundamentales. Por su parte el INE probablemente hará evaluaciones que para que sean considerados los resultados de los mismos como válidos no estaría de más que sea una instancia externa especializada quien realice dicha evaluación.
Otros temas que seguramente serán motivo de la agenda legislativa estarán relacionados con la revisión del papel que juegan las Empresas Encuestadoras en las elecciones; recordemos que algunas de estas instancias daban como ganadores a partidos y candidatos diferentes a los que finalmente obtuvieron el triunfo; por ello, deben ponerse en la legislación controles más estrictos y, por qué no, la revisión de las metodologías respectivas.
Otros temas más ocuparán la agenda legislativa. En otra colaboración delimitaremos otros temas igual de importantes, en tanto con éstos los señores legisladores tienen la oportunidad de analizar el futuro de nuestro sistema político electoral que lo haga un verdadero sistema democrático basado en las exigencias de nuestra sociedad.