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Telecom: un Arcón de regalos para Televisa

El gobierno y sus aliados en el Senado de la República han decidido convocar a periodo extraordinario para aprobar la legislación secundaria en Telecomunicaciones, esta primera semana de julio

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Escrito en OPINIÓN el

El proyecto es, presumiblemente, reglamentario de la reforma constitucional que se promulgó hace un año, pero en realidad en muchos aspectos es contrario a ésta. Se trata de una contrarreforma en su sentido más literal y jurídico: traiciona en sus objetivos más importantes el espíritu y la letra de la reforma constitucional que se presentó ante el mundo como el fin de los monopolios mediáticos, pero terminará fortaleciéndolos; es regresiva porque reduce varios de los principios constitucionales y otros francamente los ignora. Lo que viene es un golpe a la Constitución, se le vacían sus mandatos en la legislación. 

La más reciente versión de ese proyecto confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos. Es un estado fallido el que se descubre al leer las disposiciones que vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos. La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México, pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad. Son varias las razones que explican el sometimiento al poder de las televisoras.

Es increíble el desdén y la arrogancia de la clase política frente a la protesta y la exigencia sociales. Se insiste en mantener los aspectos más nocivos de esa contrarreforma presentada formalmente por Peña Nieto y diseñada por el monopolio televisivo.

El Frente por la Comunicación Democrática enlistó las regresiones y ausencias. Los derechos de las audiencias son muy limitados y deja a la autorregulación de los medios en su cumplimiento. Vuelven a estar ausentes derechos básicos como el de réplica. En un absurdo legislativo se pretende que el IFT elabore lineamientos para su incorporación en los códigos de ética de los medios y propone sancionar a los defensores de las audiencias. El Estado no puede imponer a nadie una ética, y en todo caso las sanciones deben establecerse a los concesionarios de los medios, no a los defensores. Se violenta el artículo 28 de la Constitución al devolverle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión, lo que de manera exclusiva y directa se le otorgó al órgano regulador autónomo y para lo cual la Constitución creó un consejo consultivo, previsto en el artículo 6°.

Contrastante con la forma en que se desconoce el legítimo derecho de los medios públicos y sociales para vender espacios publicitarios, así sea en mínima proporción de su programación, a la radiodifusión comercial se le incrementan a nivel de desvergüenza los tiempos de comercialización, un autentico atentado contra las audiencias. Podrán pasar, particularmente la televisión, del actual 18% que tienen como límite, hasta un 38% o más del tiempo total de la programación, así como les dejan a su discreción la distribución de estos porcentajes en los horarios que a éstos más convengan. Y obviamente sin sanción alguna la propaganda presentada como información.

A la Secretaría de Gobernación deja el proyecto la administración de los Tiempos de Estado, cuando habíamos avanzado en una distribución proporcional y descentralizada, tanto por los Poderes de la Unión, como por los órganos constitucionales autónomos.

La gran ausencia del proyecto gubernamental, es la falta de un capitulo especifico para los medios públicos que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo décimo transitorio del decreto, en cuanto a que deben contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Y lo que fue pensado en el artículo sexto de la Constitución para ser un Sistema Público de Radiodifusión - para desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional,- a la par de países del mundo democrático, está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar sus afanes propagandísticos y de control informativo. Se le pone bajo el control del gobierno federal la dirección, gestión y operación de este importante organismo.

El titulo más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios; están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios, en sentido totalmente contrario a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución. El proyecto es claramente protector de Televisa. La clave esencial se encuentra en la tramposa definición del concepto de preponderancia (el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado) para que sea definido por servicios y no por sectores, y a partir de ello se le puedan imponer las medidas necesarias para partirlo en su caso, o someterlo a una competencia efectiva.

El gobierno y Televisa quieren que sólo haya un preponderante por sector: uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. El sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, internet y TV de paga. En radiodifusión: radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga donde tiene más del 60% de suscriptores, sumada la televisión satelital y por cable. 

Bajo el concepto de "sector" Televisa no podría ser declarada preponderante ni en Televisión abierta, porque el criterio con el que se le mediría su tamaño es el de audiencia, y no tiene más del 50% de ese conjunto de servicios. Pero la protección es tan descarada que en el caso de que se le declarara preponderante en radiodifusión, las medidas que se le imponen no resisten la prueba de la risa, entre ellas la gravosa obligación de "acatar las disposiciones de la presente ley". El proyecto es absolutamente desigual de la manera en que regula al preponderante en telecomunicaciones, a quien le impone las medidas necesarias, pero no así a los agentes preponderantes en radio y televisión.

En el arcón de regalos para Televisa con el que Peña Nieto quiere reforzar su hipoteca mercantil, se omiten criterios específicos para el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios, esto es, límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos; en el capítulo de multiprogramación, que se refiere a la eventual autorización de señales adicionales a los mismos concesionarios, se les exenta del cobro obligatorio de una contraprestación, y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura que corresponda, el derecho a la información de la ciudadanía en términos de la diversidad y pluralidad de medios, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional.

La botella de Champagne en el Arcón, es el artículo noveno transitorio del proyecto, y es un "Taste of Diamons". Cuando era un artículo sustantivo de la iniciativa lo bauticé como la "cláusula cablecom", porque estaba dedicada la disposición a autorizarle a Televisa terminar de ejercer la compra de la empresa de Televisión de Cable así llamada. Ahora le hemos llamado "Cláusula Cablecom reforzada", porque le permitiría concentrar en ese mercado hasta el 100 por ciento. Constituye una inadmisible excepción al régimen de competencia económica, y se trata de uno de los frutos de la negociación entre un grupo de senadores del PRD y el Gobierno, aunque todavía no se logra saber quién fue específicamente el autor, ni quién puso la propuesta en la mesa.

Pero es inadmisible porque no puede haber regímenes de excepción en el tema de concentración de mercados, siempre debe existir autorización previa del Instituto. Es incongruente señalar que un requisito “para irse por la libre” es que no tenga por efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y concurrencia. Cualquier concentración tiene un efecto negativo en la libre competencia.

Otras ausencias y achicamientos dan ventaja también a la Televisora en la que Peña Nieto inventó su imagen, construyó su candidatura y se hizo de la Presidencia. Contrario a lo que dispuso la Constitución de garantizar en la ley medidas para fomentar de manera efectiva la producción nacional independiente, el proyecto le da la vuelta con una definición de productor independiente  que sirve para que las filiales o subsidiarias del duopolio se beneficien de la regla que les incrementa el tiempo de comercialización a quienes contraten al menos el 20% de la programación total a productores independientes.

Está pues planteada la batalla que viene, y el duro golpe que se anticipa a la Constitución.  Por supuesto que el gobierno aprovechó la profunda división que las bancadas del PAN y el PRD tienen en el Senado con sus respectivas dirigencias nacionales y entre sí, para abrir flancos de negociación con algunos senadores, y no con los partidos. Buscó donde conseguir las negociaciones más baratas, y las obtuvo.

Cuando el PAN y el PRD quisieron retomar la negociación, reinstalando una mesa central, ya el gobierno había ganado la partida, porque no sólo tenía ya la mayoría con la oferta de votos de varios senadores del PAN que le ha hecho el Senador Javier Lozano - defensor a ultranza de Televisa, sino habían conseguido algo mucho más importante, enviar el mensaje de que ya tenían al PRD - vía Miguel Barbosa - dándole el añorado toque de pluralidad al proyecto. De hecho, ese flanco de negociación perredista, sirvió de pretexto para afianzar la postura del grupo de Lozano y apresurar las cosas.

La mesa central, participando directamente los Presidentes nacionales de PAN y PRD, ya no pudieron mayor cosa, ni siquiera rescatarle al IFETEL sus facultades exclusivas y directas. Con las manos vacías, y arreciada la presión de las televisoras sobre ellos, Gustavo Madero se echó para atrás, mientras que Jesús Zambrano sacó la casta. Madero emitió un engañoso comunicado sobre el tema de la preponderancia, en donde ahora resulta que para él, estamos ante "un grave dilema", "un intrincado tema técnico", cuando la Constitución claramente señala servicios. A partir de la creación de este "dilema", en la que por cierto él se inclina por servicios, no hizo ninguna recomendación a los legisladores, aceptando que ambas partes tienen razón. Una pueril autorización para que algunos senadores panistas le den mayoría al gobierno en su contrarreforma. El único dilema real es si se protege o no a Televisa.

Las televisoras están ganando nuevamente la batalla. Lo han logrado a través de senadores que son sus empleados y de otros que quieren la protección de su pantalla en relación con sus aspiraciones políticas futuras, el gobierno obtiene lo planeado: hacer cambios cosméticos al proyecto y dejar intocados los temas esenciales del acuerdo con Televisa. Saldrá un proyecto reforzado en regalos para Televisa, no importa que Enrique Peña Nieto haga el ridículo del sexenio como "salvador de México", el que ofreció combatirlos y a menos de dos años de gobierno los vuelve a fortalecer. Frente a este panorama lo reitero: el regreso del PRI al poder confirma la regresión autoritaria tan temida, pero la mayor tragedia es la falta de una verdadera oposición frente a ello. 

 

@Javier_Corral