En la actualidad, el uso de Internet apoyado en computadoras, teléfonos móviles inteligentes y tabletas, expande la posibilidad de compartir conocimientos e interactuar con otras personas, más allá de las fronteras geográficas de carácter local, nacional e internacional, por medio de múltiples comunidades y plataformas virtuales, permitiendo a las sociedades potenciar las estrategias y los medios desplegados para cubrir sus diversos requerimientos para la vida, ejercer sus derechos y enfrentar otros retos que le impone su contexto.

El disfrute de los beneficios de la informática es creciente en México. En un lapso de 15 años, el número de usuarios de internet creció en una proporción de ocho veces, pasando de 7 millones en 2001, a más de 65 millones en 2016, como lo muestra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI.  Estos datos cobran relevancia en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado el 17 de mayo de cada año, con el propósito de reflexionar en torno a las tecnologías de la información (TIC), enfocándose en esta ocasión en comprender el potencial inmerso en la recopilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de grandes volúmenes de datos por medios electrónicos.

En lo que toca al derecho a saber y la transparencia, se debe señalar que, precisamente, las tecnologías han permitido impulsar el manejo de un cúmulo informativo sobre la acción pública, así como su puesta a disposición de la sociedad, lo que ha favorecido el ejercicio de los derechos de las personas. Como muestra de ello, cifras del INAI refieren que la presentación electrónica de solicitudes de información pasaron de poco menos de 21 mil en 2003, a más de 148 mil para 2016 y, en lo que va del presente año, suman 84 mil 840. A manera de contraste, las peticiones generadas manualmente fueron de mil 520 en 2003, para 2016 sumaron 41 mil 109, y en lo que va de 2017 apenas se contabilizan mil 628. También destaca la evolución de las consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia: en 2003 casi alcanzan los 5 millones, para 2016 superaron los 34 millones, y en la presente anualidad se cuentan 9.6 millones de visitas.

Adicionalmente, por sexto año consecutivo, el INAI promueve el Premio a la Innovación en Transparencia, con el objetivo de que sean presentados a concurso desarrollos, aplicaciones y sistemas tecnológicos enfocadas a incentivar, identificar y difundir prácticas que fortalezcan el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas en México, y que constituyan mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano para beneficio de la población. Desde su primera edición en 2011, se han registrado 608 proyectos de este tipo.

La vinculación entre el derecho a saber y el desarrollo informático, ha implicado adaptar la normatividad e institucionalidad pública a la realidad tecnológica, a fin de aprovechar los múltiples beneficios que ésta conlleva en el ejercicio de dicha garantía. Por ello, resulta relevante que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prescriba el deber de las autoridades de todo el país de promover el uso de las TIC en favor de la apertura gubernamental.

Además, dicha legislación delinea las bases normativas de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), cuya operación está a cargo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Esta nueva herramienta, se encuentra a disposición de la población y de las instituciones en un portal electrónico; a través de ella se pueden presentar y, a su vez, atender tanto las solicitudes de acceso a la información y a los datos personales, como los medios de impugnación interpuestos por aquellas personas que consideren no satisfechas sus peticiones. De igual forma, permite realizar consultas a los portales de obligaciones de las instancias de los ámbitos federal, estatal y municipal, ello a través de su Sistema de Obligaciones de Transparencia, el cual se ubica entre los mayores repositorios informativos del país, al albergar alrededor de 48 millones de registros alimentados por los casi 7 mil sujetos obligados de los ámbitos federal y local.

La Tecnología imbricada en la Plataforma Nacional de Transparencia se asocia a un cambio de paradigma para el derecho de acceso y la transparencia, pues ahora es posible ejercerlo a partir de formatos y requisitos homologados, sin importar la ubicación geográfica y desde un solo sitio electrónico.

La creación de esta herramienta brinda una base sólida que asegure la observancia de los principios básicos de la información: la veracidad, la confiabilidad, la integralidad, y la accesibilidad. Para ello, el SNT emitió un total de 4 mil 65 criterios y 225 formatos a fin de que las obligaciones de transparencia adquieran las especificaciones necesarias y lograr la homologación en la presentación de los aspectos que se harán del conocimiento público, al tiempo que detallan los elementos mínimos, tanto de contenido como de forma al momento de su publicación.

El INAI, además de emitir directrices, cuenta con la atribución de cotejar el cumplimiento de las mismas a partir de denuncias formuladas por la población, o de la revisión periódica de la PNT, cuyo proceso está en ciernes. Al ser la primera ocasión en ser operado algo así a nivel nacional, la verificación inicial no tendrá efectos vinculantes para los sujetos obligados, ya que el propósito en esta fase es detectar áreas de oportunidad de cada institución y, de esta manera, hacer efectivas las obligaciones de transparencia en posteriores ejercicios, así como realizar posibles ajustes y modificaciones a los Lineamientos Generales y los criterios respectivos por parte del SNT.

El uso de las TIC puede dar resultados favorables en la consolidación de un régimen transparente y garante del derecho a saber de las personas, siempre y cuando se sumen otros elementos, como la eficaz vigilancia de los órganos garantes en la materia, la promoción de la prerrogativa entre la población y la interiorización por parte de los servidores públicos de una cultura orientada a entender que el acceso a la información va más allá de un deber administrativo, al ser una libertad fundamental que requiere de plenas garantías para su vigencia.

areli.cano09@gmail.com





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