Esta semana un juez concedió la suspensión definitiva contra el chapeo, desmonte, relleno y obras relacionadas con la construcción en el malecón del manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Fue el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún el que concedió la suspensión definitiva.

 

Además del brutal ecocidio cometido se presentó un fuerte debate entre las fuerzas políticas que se señalaban unas a otras por haber autorizado y prorrogado la construcción en el manglar. Por otro lado, la voz del Consejo Coordinador Empresarial que, en simples números y sin mayores consideraciones, afirmaba que la construcción contaba con una inversión de más de mil millones de dólares y que crearía 3 mil 500 fuentes de empleo. Lo que por supuesto ninguna autoridad o inversionista mencionó fue que la construcción requeriría la devastación de 59 hectáreas destruidas del manglar, incluidas la flora y fauna que habitan en él.

 

Los permisos para construir en el mangar Tajamar se otorgaron durante la administración de Vicente Fox. Los funcionarios que ahora defienden el otorgamiento de permisos lo hacen bajo el supuesto de que, en aquel entonces, no existía una legislación que prohibiera el otorgamiento de permisos en esas áreas. Como queda claro, el sentido común nunca fue parte del gobierno Foxista, que sin leyes no puede discernir excesos.

 

Por otra parte, el gobierno de Calderón Hinojosa se lava las manos porque en su administración no se concedieron los permisos para construir. Lo que omite mencionar, de manera dolosa y deliberada, es que durante su administración se otorgaron las prórrogas que permitieron la devastación que tuvo lugar hace unas semanas, prorrogas que se entregaron cuando ya existía la ley que protege los manglares.

 

Como siempre, la sociedad civil organizada señaló desde el primer momento las irregularidades, pero se ignoraron las advertencias hasta que fue demasiado tarde y se devastara un terreno de suma importancia para la zona, que resultaba ser el hábitat de cientos de especies.

 

No es el primer caso en el que el sentido común y las leyes se ignoran para conseguir fines económicos que son más redituables para ciertos sectores económicos y de gobierno y que afectan el medio ambiente en forma irreversible, muchas veces. Basta recordar que, a pesar de las múltiples advertencias de especialistas e incluso a pesar de evidentes resultados contraproducentes que han sido documentados en otros países, en México se permite ahora la explotación de gas a través de la técnica comúnmente conocida como "fracking", aprobada con la reforma energética enviada por Enrique Peña Nieto que fue avalada por la mayoría PRIANISTA en la LXII Legislatura.

 

México sigue siendo un país que apuesta a los grandes desarrollos y a la explotación inconsciente de recursos naturales, lejos de apostar a las energías renovables que -efectivamente- dejan de ser negocio para unos cuantos, pero se convierten en sustentabilidad para toda una nación.

 

Las autoridades de Semarnat afirman el día de hoy, una vez que la devastación ha sido concretada y que necesitará al menos 15 años para ser reparada, que nunca hubieran autorizado un permiso así, pero que ahora no podían hacer nada debido a que la ley que protege a los manglares es de creación reciente y no se puede dar efecto retroactivo en contra de la empresa que ya había recibido la concesión.

 

El otorgamiento de una suspensión definitiva es un hecho histórico que respalda a la sociedad civil organizada como nunca antes ha ocurrido en un caso de índole ambiental y la lección debe ser clara para este y otros casos a futuro: No deben permitirse más ecocidios que lastiman nuestro medio ambiente y la sustentabilidad de nuestro desarrollo.

 

Tajamar nos sometió a un caso sin paralelos que pudo haberse evitado si los funcionarios que otorgaron los permisos iniciales hubieran actuado con un mínimo de sentido común, negando los permisos que significarían la devastación de un área natural. Esperemos que en un tiempo no muy lejano, las autoridades tengan una visión legal progresista en cuanto a la interpretación y aplicación de las leyes ambientales.

 



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