La encuesta de Reforma sobre desconfianza en las instituciones, publicada el pasado 4 de agosto, ilustra dramáticamente el divorcio creciente entre los ciudadanos y las instituciones de nuestra democracia. De las instituciones sobre las que se consultó a los ciudadanos, únicamente la Iglesia y el Ejército alcanzan un nivel de confianza superior al 50%, mientras que las siete restantes generan una desconfianza por encima del 60 por ciento.
Lo que es más grave, hablamos de una tendencia que se ha incrementado claramente desde abril de 2013: La desconfianza en la Iglesia ha aumentado en este periodo en 5%, en el Ejército 18%, la CNDH 19%, el INE 14%, el gobierno de Peña Nieto 21% (la caída más pronunciada), el Congreso 4%, la Suprema Corte 18%, la Policía 12% y los partidos 11 por ciento. Parafraseando a Monsiváis, cifras para documentar nuestro optimismo.
Entre todas estas instituciones, el caso de los partidos es tal vez el más delicado. Las organizaciones políticas a través de las cuales ejercemos nuestro derecho a ser electos y a elegir autoridades y representantes, alcanzan una confianza de 16% en agosto de 2015, 9% menos que en abril de 2013. Calificación que en muchos sentidos es más que merecida.
¿Por qué tendrían que confiar los ciudadanos en organizaciones sumidas permanentemente en conflictos internos; que han generado graves escándalos relacionados de corrupción, conflictos de interés o incluso colusión con el crimen organizado; que han sido incapaces de generar una oferta política coherente o relevante ante la crisis que enfrentamos; y que en algunos casos se han dado el lujo de violar la ley sistemática e impunemente?
La situación de nuestros partidos en 2015 recuerda a los sonámbulos de 1914 a los que refiere Christopher Clark, caminantes nocturnos que deambulan ciegos e inconscientes ante la catástrofe que se despliega ante ellos. Organismos que se mueven adormilados entre nuestra crisis con los ojos abiertos, pero incapaces de ver, escuchar y entender lo que les rodea más allá del sueño electoral.
Ahora los tres partidos principales (siempre que todavía podamos incluir en esa categoría al PRD) enfrentan la renovación de sus dirigencias. Procesos con retos semejantes, pero con problemáticas muy particulares. El reto común, su responsabilidad obligada, es restaurar su credibilidad ante la ciudadanía articulando una agenda política capaz de responder a la gravedad de la crisis política, economía y social que enfrenta México.
El PRI, que marcha en gira triunfal de su candidato de unidad (lo que en otros tiempos se denominaba dedazo), enfrenta el colapso del proyecto sexenal de su gobierno, una Presidencia pasmada desde mediados del año pasado y cuyos índices de aprobación se han derrumbado como resultado de su propia incapacidad para entender y reaccionar ante la crisis. El diagnóstico que hace la jerarquía priísta se resume en la declaratoria de fin de la sana distancia entre gobierno y partido. Toda una declaración de intenciones que habla sobre la forma de entender el ejercicio del gobierno y como la definición de un proyecto político hacia 2018.
Aunque es difícil pensar que basta con articular una cargada en torno al Presidente o con nutrir al proyecto de gobierno con más identidad priísta (cualquier cosa que eso signifique para Beltrones), para contener el desprestigio que ha arrastrado al gobierno hacia los sótanos de la credibilidad social. Crisis profunda que tiene origen en decisiones y omisiones del propio gobierno.
Desprestigio que se retroalimenta de la incapacidad para articular una narrativa coherente ante la crisis política: Falta una respuesta responsable ante los conflictos de interés y los arreglos con los contratistas favoritos; está pendiente dar razones suficientes por las omisiones en la investigación sobre Ayotzinapa y la incompetencia ante la fuga de El Chapo; no hay una explicación pública sobre el mediocre desempeño económico y el incremento en las cifras de pobreza.
A diferencia del PRI, que ha decidido optar por la experiencia y el colmillo de Beltrones, el PAN busca rejuvenecer su imagen a través de la candidatura de Ricardo Anaya, pues todo indica que cuenta con al menos 70% de la intención del voto panista. El dilema para el PAN es superar los conflictos entre sus señores de la guerra y articular un discurso opositor capaz de aprovechar el desprestigio del gobierno. Lo cual pasa necesariamente por la capacidad de Anaya para establecer un liderazgo realmente independiente a las personalidades y facciones que han dividido al PAN, desarrollar una agenda de oposición que responda a los problemas nacionales y, lo que Gustavo Madero fue incapaz de hacer, enfrentar con decisión y transparencia los casos de corrupción y uso indebido de recursos públicos que involucran legisladores y a gobiernos emanados de ese partido.
El PRD se cuece aparte, su colapso hace pensar por momentos en crisis terminal. En un gesto extraño en nuestra democracia, Carlos Navarrete se retira reconociendo que no cuenta con la fuerza y el capital político suficientes para conducir a su partido en un contexto marcado por la responsabilidad, la grave responsabilidad, de los gobiernos del PRD y su dirigencia nacional en el caso Ayotzinapa. La renovación, con la probable apuesta por un liderazgo joven, representa la oportunidad de oxigenar la imagen y agenda de un partido sobre el que pende la sombra de Morena. El problema consiste en el margen de maniobra que tendrá el nuevo dirigente perredista ante sus tribus clientelares, para definir un proyecto político, una plataforma pública y un discurso capaz de penetrar en una ciudadanía indignada con los partidos y desencantada de la política.
Lo que es indiscutible, es que nuestra democracia demanda partidos más fuertes, más representativos y, sobre todo, más responsables. Esperemos que los nuevas dirigencias lo entiendan y comiencen a ver y pensar más allá de los tiempos electorales. Más que ayudar, el sonambulismo partidista es un factor que está profundizando nuestra crisis nacional.