El próximo domingo estarán en juego las gubernaturas de 12 estados: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por lo que los partidos ya están preparando sus estrategias e incluso el PAN y el PRD han iniciado pláticas para explorar la posibilidad de ir en coalición cuando menos en algunos de ellos, lo que ha provocado reacciones encontradas.
Partiendo de una óptica estrictamente de rentabilidad electoral, podría hacer sentido que estos dos partidos unan fuerzas pues de lo contrario sus expectativas se prevén muy limitadas en la mayoría de los estados si tomamos en cuenta los resultados de los últimos procesos tanto en el ámbito local como en el federal, lo que se agudiza en el caso del PRD que ya reconoció en voz de su nuevo presidente nacional, Agustín Basave, que si van solos de plano no son competitivos en ninguna de las 12 elecciones -el escenario para el PAN no es mucho mejor salvo en Puebla, Aguascalientes y quizá algún otro que se me escape-.
Sin embargo, aunque el cálculo electoral es un factor importante a considerar, me parece que el análisis que deben realizar ambos partidos para determinar la conveniencia de ir -o no- en coalición es mucho mas complejo, pues va desde sus diferencias ideológicas pasando por las resistencias internas que enfrentan, el contexto político nacional y local, la percepción pública, así como el balance de experiencias anteriores.
En términos generales no abundan los argumentos que sustenten una alianza de esta naturaleza, tal y como lo reflejan las posiciones asumidas por gran parte de los analistas e incluso, por connotados miembros de dichos institutos políticos (Luis Miguel Barbosa y Germán Martínez) quienes han sido sumamente críticos.
Desde el punto de vista ideológico no hay forma de justificarlas y de hecho se les ha llegado a calificar como anti-natura -en buena medida alentado por el PRI quien desde 2010 trató de evitar por todos los medios que PAN y PRD hicieran frente común-, probablemente tendrán que asumir costos debido a las inconformidades internas que se presenten sobre todo en el partido que no encabece la alianza, y si bien en lo inmediato les podrían generar un mayor número de votos que se traduzcan en prerrogativas y espacios, se aleja la posibilidad de que logren posicionarse ante la ciudadanía como una opción distinta de cara al 2018 y por el contrario prevalecería la idea de que únicamente buscan obtener el poder sin importar lo que tengan que hacer.
Por último, los ejemplos más recientes tampoco ayudan a convencer que las alianzas son la mejor vía para derrotar a gobiernos autoritarios y avanzar hacia su democratización pues poco ha cambiado en esas entidades -siendo Oaxaca el caso más notorio-, no existen referentes políticos y mucho menos ideológicos en el ejercicio de gobierno, los vínculos de los gobernadores con los partidos postulantes son meramente coyunturales y se conducen más bien como independientes o de facto acaban regresando a su partido de origen (el PRI).
Con todos estos elementos podemos arribar a la conclusión que las coaliciones únicamente deben contemplarse para casos excepcionales y cumpliendo con una serie de condiciones previas empezando por el análisis de la situación del estado, el perfil de los candidatos, la conformación de la administración y por supuesto un programa de gobierno y legislativo bien definido, con objetivos claros y mecanismos de control y seguimiento. Si no se cumplen puntualmente con cada una de estas condiciones, lo mejor es que cada partido vaya por su lado y apueste por sí mismo.