A últimas fechas se ha desatado una andanada de señalamientos calumniosos en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente de dos de sus integrantes Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz por su labor como fiscales en Colombia y Guatemala, respectivamente. Esto no es casual, responde a tratar de desvirtuar la labor que este grupo de expertos ha desarrollado en nuestro país a raíz de las investigaciones del caso Iguala- Ayotzinapa.
Este grupo de expertos ha pugnado por el verdadero esclarecimiento de los hechos en torno al caso Iguala Ayotzinapa y gracias al trabajo y al informe que rindieron desde septiembre de 2015, se cuentan con nuevas líneas de investigación; un tema que parecía sepultado, que iba a ir muriendo de inanición en la opinión pública se logró relanzar a partir de los trabajos de este grupo, fueron claves para desmantelar toda esta mentira histórica que se quiso construir como “verdad histórica” en torno al caso y particularmente los hechos que presentaban como una verdad incuestionable la supuesta incineración de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En estacampaña mediática y política para desacreditar su labor se ha intentado descalificar a Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz con una fuerte carga de misoginia en contra de estas dos ejemplares mujeres. Este grupo logró también poner sobre la mesa la hipótesis del quinto autobús que pudo haber estado sembrado de droga y que pudo haber sido una de las causas de la brutal intervención de la policía municipal de Iguala, de Cocula y de la delincuencia para desaparecer de manera forzada a estos jóvenes estudiantes.
Esta embestida no es producto de la casualidad. Obedece al activismo, a su constancia, a la profundidad de sus investigaciones, a la calidad de sus integrantes pero también a esta demanda reiterada por que se entreviste y se interrogue a estos elementos del Ejército por parte del GIEI.
Revisemos ahora los pretextos para justificar las agresiones al GIEI. A finales de 2015, en Colombia se liberó a Luis Alfonso Plazas Vega, ex coronel que había estado preso desde hacía 8 años y medio, acusado y sentenciado por la desaparición de dos personas en uno de los episodios más terribles y sangrientos que viviera Colombia: La retoma del Palacio de Justicia en Bogotá.
La historia se remonta al 6 de noviembre de 1985, cuando guerrilleros del M-19 ocuparon la sede del Poder Judicial y tomaron como rehenes a 350 personas, entre las que se encontraban tanto magistrados como consejeros del Estado.
Con dicha medida buscaron denunciar la manera en la que las fuerzas armadas habían roto el cese al fuego acordado, lo que significaba que el entonces presidente, Belisario Betancour, había roto el pacto que pretendía buscar soluciones pacíficas al conflicto.
Un día después, los militares colombianos ingresaron a la sede del Poder Judicial abriendo fuego. El saldo fue de 98 muertos y 11 personas desaparecidas. Tres de ellas fueron encontradas apenas el año pasado, resaltando los restos de Lucy Amparo Oviedo, que fueron encontrados en las cajas 55 y 55A, que guardaban en la propia Fiscalía los restos óseos exhumados de una fosa común en el Cementerio del Sur, en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la acción militar de retoma del Palacio de Justicia como un holocausto y un crimen.
Ángela María Butrago es conocida como “la fiscal de hierro”, y el sobrenombre tiene raíces sólidas, al ser considerada una de las funcionarias judiciales más aguerridas, teniendo como tarea principal el procesamiento de los responsables por el holocausto y masacre del Palacio Judicial, así como el descubrimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos ese día.
Para lograrlo fue a brigadas del Ejército donde hizo hallazgos sorprendentes; estuvo en cementerios olvidados donde se presumía que podrían estar enterradas las personas desaparecidas; revisó libros, fotografías y más de 1.500 horas de video de la época y ordenó una inspección judicial a la casa y a la oficina del ex coronel Alfonso Plazas Vega, quien como director de la Escuela de Caballería lideró la retoma.
Allí aparecieron los rastros de acciones militares dirigidas por él que se convirtieron en prueba para dilucidar lo ocurrido durante la retoma del Palacio.
Sin embargo, la reciente liberación de Plazas Vega se sustenta en que los actos en que participó se realizaron en 1985 y fue hasta 2007 que un testigo clave declaró en su contra, señalándolo directamente como responsable de la desaparición de personas, declaración que Ángela Butrago empleó como prueba estrella en su contra, junto con los hallazgos de sus investigaciones.
El testigo clave, de nombre Édgar Villamizar Espinel murió en 2015, no sin antes negar en 2011 las declaraciones que hizo en su momento frente actual procurador, quien resulta ser un amigo cercano de Plazas Vega.
La jueza María Stela Jara, quien lo declarara culpable el 9 de junio de 2010, fue amenazada y en consecuencia se exilió en Alemania.
La liberación no fue un asunto unánime, pues se concedió por cinco votos a favor contra tres en contra y bajo el precepto de duda razonable. Además aún enfrenta acusaciones que pesan en su contra y podrían abrirse cargos por uso excesivo de la fuerza, ya que comandaba un aproximado de mil soldados con armamento pesado, francotiradores, explosivos y helicópteros.
Conforme a las conclusiones de organismos internacionales y la propia Comisión de la Verdad instalada para investigar los hechos, no se trató de una maniobra de rescate de personas, sino una manera disfrazada de destruir el Palacio y diversos documentos en su interior, mismos que comprometían a gobernantes y altos mandos vinculados con las fuerzas armadas.
Tras su liberación, Plazas Vega y su esposa, la actual senadora Thania Vega realizaron un viaje a México, donde radica uno de sus hijos, a hacer declaraciones expresas contra Ángela Butrago, que hoy en día es integrante del Grupo Interamericano de Expertos Independientes encargado de estudiar y dilucidar los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas.
Por otro lado, y en asociación con Liga Pro Patria, organización guatemalteca de ultra derecha; reconocidos miembros de El Yunque, organización mexicana de extrema derecha clerical, como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. han acusado a Claudia Paz y Paz–otra integrante del GIEI-, afirmando que fue militante del grupo político-militar guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, sin presentar evidencia alguna.
El Consejo Ciudadano se ha dedicado desde su creación a poner en marcha diversas campañas contra figuras políticas y activistas sociales que, conforme a sus creencias, actúan en contra de la sociedad.
Por su parte, Liga Pro Patria lidera la defensa del general José Efraín Ríos Montt, ex dictador guatemalteco juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700 indígenas ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato, y aunque la Liga se llama a sí misma como una organización a favor del estado de derecho, se oponen drásticamente a que se juzguen los crímenes del pasado perpetrados por militares durante la guerra civil que vivió dicho país entre 1960 y 1996.
Claudia Paz y Paz es la primera mujer en ocupar la Fiscalía General de Guatemala, cargo que desempeñaba durante el juicio en contra del ex dictador.
El general retirado había sido condenado a 80 años de cárcel en mayo de 2013 pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad –máxima instancia de justicia guatemalteca– anuló el fallo por presuntos "errores de procedimiento" y ordenó que se realizara de nuevo el juicio, mismo que ha sido pospuesto innumerables veces por la misma Corte.
Por sus buenos oficios, en 2012, la revista Forbes la nombró como una de las cinco mujeres "más poderosas cambiando el mundo" y en 2013 fue nominada al Nobel de la Paz.
Entre 2010 y 2014 –según la revista Nómada– redujo los niveles de impunidad de 98 a 72 por ciento. Capturó a 90 integrantes del cártel de Los Zetas y a 15 capos. Llevó a juicio a narcotraficantes, militares, políticos y violadores.
Sin embargo, a pesar de sus logros y durante su cargo como fiscal, la Liga Pro Patria y la Fundación contra el Terrorismo presentaron querellas en su contra. Las demandas fueron desestimadas por la Corte Suprema debido a que eran plenamente infundadas.
Mediante una campaña plagada de difamación, no solamente se ataca vilmente a Paz y Paz y Butrago, se ataca la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.
Se ataca también la necesidad expresa del GIEI de entrevistar a los militares posiblemente involucrados en las desapariciones y se envía también una señal clara: México, al igual que algunos países de América Latina, hará lo posible por impedir que miembros militares sean llevados a la justicia civil, aunque lo merezcan.
Las calumnias de algunos medios de comunicación en contra las dos integrantes del GIEI son una acción francamente desesperada de quienes, desde las sombras políticas, intentaron sostener la verdad histórica que expertos han desmentido.
La independencia de Ángela María Butrago o Claudia Paz y Paz no está siendo cuestionada en su país por los procesos en los que participaron. Tampoco su profesionalismo o capacidad para realizar sus actividades.Sin embargo, bajo información falsa y verdades a medias, figuras políticas mal informadas se han sumado a los ataques contra las ex fiscales.
Anteriormente supimos lo grave que es ignorar las recomendaciones de organismos internacionales, pues mientras ellos señalaban la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país, el gobierno y las mismas personas que ahora contribuyen al desprestigio del GIEI hablaban de los avances en la materia y desestimaban los señalamientos.
Ayotzinapa reveló el verdadero horror de violencia, corrupción, impunidad y vínculos con el crimen organizado que existen hasta el día de hoy, y demostró lo terriblemente equivocados que estaban aquellos que se negaron a escuchar.
En América Latina existen dolorosos antecedentes de lo que sucede cuando gobiernos y figuras públicas se ponen al servicio del Ejército, encubriendo sus atrocidades. Sería conveniente que, por primera vez, escucháramos las voces oportunas que desde el exterior apuntan a investigar en esa dirección.