Finalmente el Congreso aprobó la Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, dos iniciativas que representan un avance en la agenda de la rendición de cuentas y en la lucha por transparentar la vida pública y alcanzar la vigencia de un régimen de responsabilidades, integridad y ética pública que nos permita vivir en una sociedad abierta, donde lo público sea verdaderamente público y se combata con eficacia la impunidad y la corrupción.

 

Hay quien opina que estos cambios estructurales llegan a nuestro país con décadas de retraso y otros que consideran que los cambios son insuficientes, lo que refleja escepticismo y hastío en unos y posiciones maximalistas o interesadas en la coyuntura electoral en otros. Sin embargo, la gran mayoría de la población y la sociedad organizada a través de organismos especializados en la materia se han identificado de acuerdo con las reformas; y coinciden en la urgencia de avanzar en la lucha contra la corrupción a la que ya se identifica como el principal obstáculo para el desarrollo con un costo equivalente a nueve puntos del producto interno bruto y a 1.5 billones anuales según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

 

En lugar de encendidos discursos, cartas de intención o sendos pronunciamientos hoy hemos concretado reformas constitucionales y legales para promover la cultura de la transparencia y luchar eficazmente contra la corrupción. Con esto se abre una nueva época para México; si grande fue la resistencia y los intentos por obstruir los cambios, más grande fue la fuerza de una sociedad agraviada y exigente y su capacidad de propuesta; también grande fue la voluntad de las fuerzas políticas que supieron interpretar el momento crítico por el que atravesamos ante la debilidad de las instituciones y los vacíos de poder, lo que ha impedido la transformación del país y la instauración de un sistema sólidamente democrático.

 

Para que la transformación de fondo suceda será indispensable superar la inmediatez y concentrar nuestros esfuerzos en la implementación de ambas reformas, cada una con tareas inmediatas que deben ser vigiladas por los ciudadanos y aplicadas con determinación por las autoridades.

 

Sin ambigüedades, la Ley de General de Transparencia reconoce el acceso a la información como un derecho humano con lo que se busca evitar que los sujetos obligados respondan a las solicitudes con inexistencia de información, pues se obliga a la documentación y a la generación de ésta. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) cambia de nombre a Instituto Nacional de Transparencia y será el organismo responsable de coordinar al Sistema Nacional de Transparencia en donde participarán los Institutos estatales de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Los sujetos obligados deberán crear comités de Transparencia que se encargarán de decidir la apertura o resguardo de datos, salvo en algunas instituciones relacionadas con la seguridad nacional, energía o economía.

 

La ley establece 50 obligaciones de transparencia para los sujetos obligados a fin de que sean consideradas en las leyes de las entidades. Se diseña un procedimiento de verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y se incorporan pruebas de daño y de interés público para clasificar la información. Se establecen sanciones a servidores públicos por incumplimiento de resoluciones del IFAI.

 

Además se transparentan los recursos públicos de fideicomisos, sindicatos, fondos públicos y partidos políticos así como del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos y se fijan procedimientos de denuncia por parte de ciudadanos por incumplimiento de obligaciones de transparencia.

 

Con toda claridad, el nuevo Sistema Anticorrupción establece que el titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo pero deberá ser ratificado por el Senado, con el fin de garantizar imparcialidad en su trabajo. El plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía de 3 a 7 años y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves y para asegurar la aplicación de una política pública nacional y evitar cotos de impunidad en los estados. A su vez, éstos deben crear sistemas locales anticorrupción.

 

Se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la fiscalía de combate a la corrupción, la secretaría de la Función Pública, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana y se contempla un esquema preventivo para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática y propone la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

 

Como puede verse, nos acercamos a los postulados del llamado gobierno abierto, que tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren en la creación y el mejoramiento de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas a partir de tres pilares básicos: La transparencia, la colaboración y la participación de la ciudadanía y de dos ejes fundamentales: la apertura de datos públicos (Opten Data) y la apertura de procesos (Open Action) con el objeto de facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones del gobierno y la colaboración en el proceso de formulación y ejecución de políticas públicas.

 

Se trata, en suma, de ir más allá del uso de tecnologías para acceder a los datos públicos; es algo más que la instalación de sistemas o vistosos programas para hacer los mismo de antes pero más rápido; el punto es la participación y la colaboración entre sociedad y gobierno para que los asuntos públicos sean asunto de interés común y propósito de todos; el objetivo es desarrollar una sociedad abierta donde ciudadanos y servidores públicos velemos juntos por el bien común y ayudemos a construir una sociedad más informada y participativa, pero sobre todo, más justa, más humana y más solidaria a partir de la reconstrucción de la confianza y la participación con base en información oportuna y veraz.

 

@MarcoAdame



Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información